Judicial
Ganarse la confianza de sus amigos pandilleros con un asalto le costará 11 años de prisión a un joven de Soyapango
Quererse ganar la confianza de sus compinches le costará 11 años de prisión para un colaborador de pandillas que fue sorprendido luego de robarle sus pertenencias a una pareja con la pistola de una trabajadora social en Soyapango.
Pese a que no era pandillero, el joven de 19 años comenzó a delinquir con los delincuentes quienes pasaron de contarle como ejecutaban sus fechorías a hacerlo parte de los atracadores.
Ganarse la confianza de sus amigos pandilleros con un asalto le costará 11 años de prisión a un joven de Soyapango
Cristian Bonilla Escobar es un joven de 19 años de edad que se vio atraído por los hechos delictivos que sus amigos realizaban a cualquier hora del día en la colonia Los Andes y sus alrededores.
En un primer momento, Bonilla era testigo de los relatos, pero esto le valió para poco a poco ser partícipe de los hechos que ejecutaba la estructura criminal en la referida colonia del municipio de Soyapango.
La suerte del imputado llegó hasta la noche del 11 de agosto del 2018, el imputado junto a dos delincuentes recorrieron varias calles hasta llegar a una tienda donde localizaron a una pareja que sería su blanco perfecto.
Sentado dentro del vehículo, el joven tomó aire, empuñó su pistola, abrió la puerta y salió eufórico apuntando a sus víctimas a quienes les exigió que les entregara los celulares y el dinero que tuvieran a cambio de no quitarles la vida.
Sin pensarlo dos veces, la pareja dejó de tomar sus bebidas y accedió a las demandas del hombre que con el botín en sus manos se retiró satisfecho de lo que había logrado y sin imaginar que sus víctimas se armarían de valor e interpondrían una denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
A los pocos minutos de relatar los hechos en la delegación de Soyapango, una patrulla informó que habían arrestado a dos hombres y una mujer en un carro que coincidía con las características que se habían dado.
El informe policial señala que los detenidos no pudieron justificar la procedencia del vehículo y de un arma que los agentes localizaron en el asiento trasero del automotor que era conducido por la mujer que fue identificada como Nelly J.
El otro detenido fue un menor de edad quien junto con la mujer fue apartado del proceso judicial que enfrentó Bonilla por los delitos de uso y tenencia de arma de fuego y robo agravado.
El arma robada
Durante el proceso judicial, las investigaciones señalaron que el arma que el imputado utilizó esa noche había sido robada a un trabajadora social en horas de la mañana, del mismo 11 de agosto, frente a la colonia Bosques de Prusia en Soyapango.
La víctima señaló que esperaba a un amigo cuando de pronto salieron dos sujetos por la parte trasera de un microbus y sin mediar palabras le arrebataron la cartera, donde llevaba guardada la pistola.
La profesional dio aviso al registro de armas y a la PNC sobre el robo de su arma que dijo estaba valorada en $800.
El proceso judicial
Durante el juicio la parte fiscal que se impusiera al imputado la pena máxima por los delitos que pesaban en su contra, además, que pagara una indemnización de $1,000 a la pareja de ofendidos.
La defensa del joven trató la manera de desvirtuar las acusaciones y explicó que imponer una pena máxima era desproporcionada, «no es lo mismo robar un celular que robar un banco», defendió el abogado
El juez del Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador señaló que había pruebas suficientes que incriminaban al acusado a quien declaró culpable y deberá cumplir la condena de 11 años y pagar a las víctimas.
Nota tomada de El Salvador Times
Internacionales
Guatemala extradita a El Salvador al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes por hurto agravado
La Policía Nacional de Guatemala, con apoyo de INTERPOL, entregó a las autoridades salvadoreñas al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes, de 67 años, requerido por el delito de hurto agravado.
La extradición se realizó en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala, emitida el 5 de marzo, tras la solicitud de la Fiscalía General de la República de El Salvador. Gaitán Paredes había estado recluido en la cárcel Mariscal Zavala y, una vez resuelta su situación legal en Guatemala, fue trasladado a través de la frontera de Valle Nuevo, donde fue recibido por agentes de INTERPOL de El Salvador.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró culpable a Edwin Mauricio Alvarado Lazo, por los delitos de feminicidio agravado y agresión sexual en menor e incapaz, imponiéndole una condena de 66 años de cárcel.
De acuerdo con la confesión presentada ante la jueza, el 9 de octubre de 2023 la víctima de 7 años, pasaba frente a la vivienda del procesado, quien la llamó e hizo ingresar.
Una vez dentro, la asfixió mientras estaba sentada en un sofá y posteriormente la agredió físicamente.
Más tarde, introdujo el cuerpo en un saco y lo abandonó en un área verde del reparto La Campanera.
Durante la vista pública, testigos relataron que previamente habían tenido altercados con el imputado por su conducta indebida hacia menores de la zona.
El juzgado identificó la misoginia y el desprecio hacia las mujeres en las acciones del condenado al atacar a una menor de edad y desechar su cuerpo.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
