Judicial
FUERTES DECLARACIONES: Hay indicios de que Douglas Meléndez y demás fiscales habrían fabricado pruebas falsas en caso “Corruptela”, Fiscal Melara
La auditoría interna que se ha realizado a los fiscales, entre ellos el extitular del ministerio público, Douglas Meléndez, por supuestamente haber presionado y hasta torturado a cuatro auxiliares y dos empleados administrativos de la Fiscalía General de la República (FGR) para asegurar montar el caso denominado “Corruptela”, ha comenzado a rendir frutos, y ya se cuentan con indicios que los señalados habría cometido los delitos por los cuales son señalados.
Según el actual fiscal general de la República, Raúl Melara Morán, la auditoría interna ha sido trasladada a una unidad especialidad de la fiscalía para que se haga una investigación formal en contra de los fiscales que podrían haber coaccionado a trabajadores del ministerio público para fabricar pruebas falsas en contra de la los imputados en el caso “Corruptela”.
El fiscal Melara explicó que “el procedimiento establece que como es una investigación interna, en el momento en el que el auditor fiscal pueda denotar el cometimiento de un ilícito, lo suspende y lo deriva a la unidad correspondiente para que sea una investigación formal para determinar si hubo coacción (fuerza o violencia para obligar a alguien a hacer o decir algo), o lo que sea… algunos indicios habrá”.
Agregó que “me extraña que estos fiscales denunciados se hayan movido con FUNDE, con otras personas, con el IDHUCA, están en su derecho pero me extraña que no hayan dicho la realidad, no es cierto que se les esté persiguiendo…. la obligación del fiscal general es investigar, no puedo hacerme el del ojo pacho, el desentendido cuando hay acusaciones graves”.
Melara detalló que inició la investigación en contra de los fiscales imputados, entre ellos el extitular de la institución y su antecesor, Douglas Meléndez, luego de haber recibido la denuncia de la supuesta coacción a la que fueron sometidos para fabricar pruebas falsas y mentir en el referido caso.
Nota tomada de La Noticia SV
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
