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FOTOS Y VIDEO : Violador en serie les ofrecía «aventón» a sus víctimas y a punta de pistola las terminaba agrediendo sexualmente
Al imputado se le acusa de violación agravada, robo agravado, otras agresiones sexuales y privación de libertad agravada en perjuicio de seis mujeres.
Violador en serie les ofrecía «aventón» a sus víctimas y a punta de pistola las terminaba agrediendo sexualmente
Benjamín Ernesto Escobar Molina, de 28 años de edad, a quien se le ha acusado de ser un «violador en serie», ofrecía «aventón» a sus víctimas y a punta de pistola las terminaba agrediendo sexualmente
El jefe del departamento de Investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) sostuvo que Escobar Molina residente en el cantón Lourdes del municipio de Colón, recorría en su vehículo el municipio de Ciudad Arce y llegaba hasta Santa Ana, específicamente en los cantones Primavera y Natividad, en donde acechaba a sus víctimas.
«El sujeto interceptaba a las mujeres a quienes les ofrecía llevarlas y cuando estas no accedían, las amenazaba con un revólver. Cuando ellas estaban dentro del vehículo placa particular P 186-383 color blanco y año 1985 procedía a agredirlas sexualmente y después las violaba», sostuvo el jefe policial.
Entre las víctimas se encuentran seis mujeres, cuyas edades oscilan entre los 15 a 35 años de edad. Asimismo, se informó que estas eran estudiantes o empleadas a las que abordaba cuando caminaban por los cantones Primavera y Natividad o cuando esperaban el transporte colectivo en la parada de bus.
Escobar ya poseía anteriormente antecedentes penales por violación, ya que en agosto del 2017 fue detenido por ese delito y se desconoce si fue procesado o fue dejado en libertad.
El sujeto fue presentado ante los medios de comunicación en el Cuartel Central de la PNC a las 11:00 de la mañana del miércoles y su detención fue gracias a las denuncias ciudadanas y el seguimiento al caso que dieron los investigadores de la delegación de Santa Ana.
Al imputado se le acusa de violación agravada, robo agravado, otras agresiones sexuales y privación de libertad agravada en perjuicio de seis mujeres.
La Policía informó que en lo que va del 2019 en todo el país se han tenido 237 denuncias interpuestas por mujeres por el delito de violación, las cuales suman 27 más que en el mismo período del año pasado en donde se contabilizaban 210.
Nota tomada de El Salvador Times
Imagen de referencia
El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
