Judicial
FOTOS: Un hombre acusado de feminicidio tentado y un hacker son arrestados por la Policía
Dos agresores sexuales, con el común denominador, que ambos son familiares de las pequeñas víctimas, forman parte de la operatividad desarrollada por la Policía en diferentes lugares del municipio de Ciudad Delgado, y entre los cuales también figuran un hombre acusado de feminicidio tentado, y otro por hackear información de mujeres a quienes amenazaba con difundirlas a cambio de mantener relaciones sexuales.
De acuerdo al Jefe de Investigaciones de la Delegación de Ciudad Delgado, Ovel Misael González Vásquez, es acusado del delito de feminicidio tentado, ya que intentó arrollar a su pareja sentimental, en dos ocasiones, con un vehículo. Este hecho ocurrió el pasado 7 de febrero, en un lugar no determinado por las autoridades.
Así también, informó sobre la captura de Samuel Alejandro García Carranza, de 26 años, considerado por la policía como un hackeador de redes sociales; es decir, que accedía ilegalmente a sistemas informáticos de mujeres, a quienes amenazaba con difundir sus contenidos a cambio de que estas mantuvieran relaciones sexuales con él.
Esta persona fue detenida en un reconocido centro comercial, donde contactaría con una de sus víctimas, y será acusado de acoso sexual y hurto de identidad.
Esta operatividad de la Policía también incluye el arresto de un hombre acusado del delito de homicidio en perjuicio de un joven que se transportaba en un microbús de la ruta 33 B, en las cercanías del centro escolar República de Suecia, quien huyo de la escena a bordo de una motocicleta, la cual fue recuperada posteriormente y se inician las investigaciones relacionadas a este caso, hasta lograr dicha detención.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
