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FOTOS | Estos son los explosivos que pretendían usar los veteranos de guerra para atentar este 1 de junio
La Policía Nacional Civil (PNC) compartió evidencias e información detallada sobre los explosivos que excombatientes del FMLN pretendían detonar para causar daños materiales y hasta mortales a los invitados y a la población asistente a la ceremonia de investidura presidencial, la cual está programada para este sábado 1° de junio en el Centro Histórico.
Las investigaciones policiales revelaron que durante los allanamientos desarrollados en viviendas situadas en el distrito de Guazapa, municipio de San Salvador Norte, encontraron material para fabricar diferentes tipos de explosivos para generar daños similares a los que causa una granada.
En ese sentido la institución incautó explosivos con mecha, así como bolsas de sulfato de amonio con la que los exguerrilleros pretendían causar graves daños al momento de estallar. Este químico es muy utilizado en tareas agrícolas, pero en manos de un exguerrillero puede tener fines mortales.
Además, como parte de las evidencias decomisaron tubos plásticos que serían utilizados para ser rellenados con sulfato de amonio y fragmentos de hierro. También había artefactos que ya estaban listos para ser detonados.
Fue incautado un explosivo que estaba preparado en un tubo de 15 centímetros, el cual, al estallar lanzaría esquirlas metálicas creando un efecto similar al de una granada.
También fue incautado un tipo de explosivo que se coloca como «racimo» para provocar múltiples detonaciones en un solo espacio, y otro artefacto que contiene varios explosivos para estallar al mismo tiempo y generar mayor onda expansiva.
Las investigaciones han determinado que los veteranos del FMLN pretendían detonar explosivos en gasolineras, supermercados e instituciones públicas.
La noche del jueves, la Policía reportó la detención de siete exguerrilleros vinculados con la planificación de estos ataques a quienes las autoridades relacionan con la Brigada de Insurrección Salvadoreña.
Entre los señalados está José Santos Melara Yánez, exdiputado del partido FMLN, a quien se le acusa de financiar estos planes de ataque; además, Wilfredo Parada, quien durante la pasada guerra se desempeñó como explosivista, era el encargado de hacer funcionar los dispositivos.
Se suma Eliseo Alvarado, Orlando Cartagena, Douglas Recinos, Pedro Alfonso Mira, José Ismael Santos y Roberto Antonio Esquivel, según detalló la fuente policial.
Información importante para todos los Miembros, Fundadores o Activos de la Sociedad de Comerciantes de Industriales Salvadoreños:
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
