Nacionales
FOTOS: Cada día, más de 2,000 reos trabajan para resarcir su daño a la sociedad
Cada día, más de 2 mil privados de libertad salen hacia el exterior de los penales a resarcir su deuda con la sociedad. Los reos en fase de confianza que forman parte del exitoso Plan Cero Ocio apoyan en varios proyectos de beneficio para las comunidades.
Actualmente el grupo de reos colabora en programas del Ministerio de Turismo y del Instituto Salvadoreño del Turismo para mantener en buen estado los sitios que promueven la sana convivencia de las familias como, por ejemplo, el parque de Aventura Walter Thilo Deininger, que está próximo a ser inaugurado.
Cabe señalar que, los reos también han sido pieza clave para la pronta reconstrucción del parque recreativo Los Chorros.
En el marco de los 112 años de fundación del Teatro Francisco Gavidia de San Miguel, los reclusos inscritos en el Plan Cero Ocio participan en la revitalización de la infraestructura de esta joya arquitectónica, escenario de presentaciones y proyecciones de arte.
Con el apoyo de los internos en fase de confianza se ha efectuado la restauración de 131 infraestructuras médicas, se han renovado 75 instalaciones de la PNC, se han restaurado 81 centros escolares, se han elaborado 7,000 prendas hospitalarias y actualmente, se trabaja en otros proyectos de gran beneficio para la sociedad y para la misma comunidad carcelaria.
“A través del Plan Cero Ocio, todos los privados de libertad están ocupando su tiempo para desarrollar actividades productivas y tareas de apoyo social”, destacó el director general de Centros Penales, Osiris Luna Meza.
La administración del Presidente Nayib Bukele trabaja desde el primer día en convertir a los centros penales en verdaderos lugares de reinserción que mantienen y aumentan la formación de hábitos laborales en los internos, para favorecer sus posibilidades al momento de regresar a la vida en libertad.
Bajo una estrategia de seguridad integral, como lo es el Plan Control Territorial, la actual administración ha logrado recuperar el sistema penitenciario que, durante décadas, con la validación de los anteriores gobernantes, estuvo al servicio de la criminalidad.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
