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Fiscalía continúa sin buscar condena contra alcalde D’Aubuisson por violaciones a derechos de empleados municipales de Santa Tecla
El Fiscal General, Raúl Melara, aún sigue sin buscar condena del alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson, quien entre sus regidores tiene al hermando del jefe del Ministerio Público, José Fidel Melara.
El alcalde ha sido denunciado por empleados municipales por el despedido de más de 150 trabajadores de esa comuna, para dar vida al proyecto privado de recolección de basura denominado TECLASEO, por medio de la colombiana INTERASEO S.A.S.E.S.P.
Por ese caso, el acalde arenero enfrentó este miércoles una audiencia en el Juzgado Primero Contencioso Administrativo en el Centro Judicial de Santa Tecla, pero en la Fiscalía no se dan pasos concretos para que el funcionario sea castigado por negarse a reinstalar a los despedidos.
De hecho, la misma Fiscalía pidió sobreseimiento definitivo en otro proceso donde era acusado de retener cuotas sindicales y al final se limitó a decir que no era de su responsabilidad, por lo cual dos empleados de la alcaldía pasaron a juicio.
En tanto, el Ministro de Trabajo, Rolando Castro, criticó en su cuenta de Twitter que “D’Aubuisson ya está en delito de desobediencia y la Fiscalía ya debió haber procedido”, y agregó que en este caso el Fiscal aplica una “justicia selectiva”.
El sindicato de trabajadores de la comuna, SITRAMSAT, ha denunciado en reiteradas ocasiones las violaciones a sus derechos laborales por parte del edil arenero, pero aún no han recibido una respuesta del Fiscal General.
Sin embargo, la Fiscalía se apresuró a solicitar un antejuicio para el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, por supuesta desobediencia, mientras que D’Aubuisson continúa sin reinstalar a los empleados despedidos en 2018 sin que haya consecuencias penales.
Incluso, el arenero desobedeció una orden de una cámara superior que en junio pasado le obligó a reinstalar a los empleados cesados en las plazas que ya ocupaban o en otra similares, sin embargo, la Fiscalía no ejerce presión para que cumpla con el mandato de la referida cámara.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
Un aparatoso accidente de tránsito se registró este jueves en el distrito de San Miguel, cuando un microbús que circulaba a excesiva velocidad se estrelló contra el muro perimetral de una vivienda en la zona de Chirilagua.
El siniestro fue captado por la cámara de seguridad de la propiedad afectada, y en las imágenes se observa cómo el vehículo se aproxima a gran velocidad antes de impactar violentamente contra la estructura.
Según testigos, el microbús trasladaba a varios maestros que se dirigían hacia el centro escolar donde laboran. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales, pero las autoridades investigan las causas del accidente y si hubo personas lesionadas.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
