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Fiscalía asegura que hay pruebas de quienes recibieron sobresueldos del gobierno del prófugo Funes
El fiscal general Raúl Melara advirtió que los temas de las plazas fantasmas en la Asamblea Legislativa y los sobresueldos o dádivas que salieron de la partida secreta de Casa Presidencial, durante “el entramado de corrupción” del Gobierno del prófugo Mauricio Funes, siguen abiertas.
El fiscal aseguró que existen “recibos originales firmados por las personas” a quienes se les entregó dinero de los fondos de la partida secreta de Casa Presidencial.
Melara había revelado anteriormente que tiene documentos y declaraciones de testigos de que el fundador de la revista Factum, Héctor Silva Ávalos, formó parte del “entramado de corrupción” del Gobierno de Funes.
Para el proceso de investigación, el funcionario confirmó que la Fiscalía cuenta con el apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).
“Sí, el señor Héctor Silva es una de las personas que sale vinculada y sale mencionada como receptor de dinero de la partida secreta… estamos hablando que fue durante el período durante el cual él estaba trabajando para el gobierno del expresidente Funes”, declaró Melara a la prensa a inicios del año pasado.
El tema de sobresueldos también incluye los gobiernos de Arena en los que sobresalen diputados areneros como Margarita Escobar y Rodrigo Avila, así como el director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Roberto Rubio, quien ahora ha formado un bloque de la supuesta “Sociedad Civil” para “fiscalizar” a la nueva Asamblea Legislativa y el Gobierno del Presidente Nayib Bukele.
En cuanto al tema de plazas fantasmas, el fiscal Melara dijo que va a procesar a quienes estén involucrados. “El mensaje es claro, si hay corrupción en esta administración o en anteriores administraciones de la Asamblea, los vamos a procesar”.
El ecosistema tecnológico salvadoreño continúa expandiéndose con el lanzamiento oficial de AuthenticDoc, una plataforma de firmas digitales desarrollada sobre el protocolo descentralizado Nostr y diseñada para cumplir plenamente con la normativa nacional de firma electrónica. Su propuesta apunta a establecer un nuevo estándar de seguridad y autenticidad criptográfica en documentos y contratos, en un contexto global marcado por los desafíos de verificación que plantean la inteligencia artificial y la centralización de datos.
Fabián Vleer, cofundador de AuthenticDoc, explicó que su llegada a El Salvador hace tres años fue determinante para impulsar esta iniciativa. «He estado en el espacio tecnológico por mucho tiempo. Soy bitcoiner, entiendo la tecnología descentralizada y entiendo dónde está el mundo hoy», afirmó.
Su trayectoria incluye desarrollo de software en Australia y un profundo entendimiento de los riesgos de privacidad y manipulación presentes en plataformas centralizadas.
Roberto Funes, pandillero de la MS-13, recibió una condena de 14 años de cárcel por el delito de organizaciones terroristas.
Este sujeto operaba en distintos sectores del distrito El Rosario, municipio La Paz Centro.
La fiscalía ha logrado individualizar la participación de Funes en varios crímenes y actos terroristas, por los cuales también será condenado y se le sumarán años a esta condena recibida.
A siete años de prisión fueron condenados tres hermanos traficantes de personas, quienes por $40,000, prometieron llevar a Estados Unidos, a dos víctimas con régimen de protección.
Al finalizar la vista pública, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, emitió un fallo de responsabilidad penal para Marvin Orlando, José Daniel y Luis Antonio, los tres de apellido Dueñas Fuentes.
El juez los condenó en calidad de prófugos, ya que en la fase de instrucción los declararon rebeldes, por el delito de tráfico ilegal de personas, tras una investigación que inició por denuncia de las personas afectadas.
Además de los años de cárcel, el tribunal ordenó que deben pagar $21,600 a cada una de las víctimas en concepto de responsabilidad civil.
Las dos personas denunciantes, declararon que contactaron a los hermanos Dueñas Fuentes, uno de ellos residentes en Estados Unidos, con el fin de acordar el viaje de manera irregular hacia ese país.
En las pesquisas se detalla que las dos víctimas comenzaron el viaje el 17 de octubre de 2022 y que tras llegar a Estados Unidos, fueron deportadas hacia México en dos ocasiones.
A raíz de lo ocurrido, los imputados exigieron más dinero y las amenazaron con entregarlas a los cárteles mexicanos si no pagaban, ante esa amenaza las personas tomaron la decisión de regresarse a El Salvador por sus propios medios.
