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Fiscal General señala que hay ignorancia de los medios al pedir que intervenga tras resolución de la Sala de lo Constitucional sobre obligatoriedad de prueba PCR
El Fiscal General de la República, Raúl Melara, afirmó este lunes que la sentencia de la Sala de lo Constitucional que prohíbe la obligación de una prueba de COVID-19 para ingresar al país inhibe a cualquier institución de iniciar algún proceso alrededor de esta temática, por lo que pedir que esa instancia intervenga es falta de lectura de las sentencias.
Esto en respuesta a medios de comunicación, como La Prensa Gráfica, al señalar que el Fiscal no actúa de oficio ante un posible incumplimiento o desacato de esta sentencia judicial.
«Es necesario que los medios de comunicación se asesoren correctamente. Lean lo que dice la Sala de lo Constitucional en una de sus últimas resoluciones. El respeto a la institucionalidad debe estar en todo caso, y la @FGR_SV la primera en apegarse a eso», escribió el funcionario en su cuenta de Twitter.
El fin de semana, además, varias organizaciones afines a los partidos del bloque de oposición presionaron al jefe del Ministerio Público para que iniciara una investigación por posible desacato del presidente Nayib Bukele a la sentencia de la Sala.
Sin embargo, Melara ha señalado en varias ocasiones que no iniciará investigaciones donde no hay indicios de delitos y que no se dejará presionar por grupos o personas que quieran determinada línea investigativa.
Durante la sesión plenaria la diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, emitió su voto en contra de la nueva prórroga del régimen de excepción, medida que ha sido extendida de forma continua desde marzo de 2022.
A pesar de su voto en contra, la Asamblea Legislativa aprobó la ampliación del régimen con una amplia mayoría, permitiendo que continúe vigente por 30 días más.
La diputada ha sido una de las pocas voces dentro del órgano legislativo que se ha mantenido firme en su posición de no acompañar las prórrogas, argumentando la importancia del respeto a los Derechos Humanos fundamentales y el fortalecimiento institucional.
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Avanza ampliación de carretera Panamericana: clave para mejorar la movilidad hacia el Occidente
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que el proyecto de pavimentación y ampliación de la Carretera Panamericana, en el tramo Los Chorros, continúa avanzando como una de las obras viales más importantes del país. Según la institución, estas intervenciones permitirán mejorar la movilidad del comercio, el turismo y de miles de familias que utilizan diariamente esta ruta estratégica entre Santa Tecla, Colón y el occidente del territorio.
El proyecto contempla la ampliación de aproximadamente 15 kilómetros de carretera, la construcción del viaducto Francisco Morazán, una estructura de más de un kilómetro diseñada para alejar la vía de las zonas de mayor riesgo, y la modernización integral del corredor vial con drenajes, señalización, iluminación y nueva capa de pavimento.
Autoridades del MOP detallan que los trabajos incluyen obras de terracería, estabilización de taludes, cimentación profunda para el viaducto y preparación de los nuevos carriles. Esta fase forma parte del proceso de transformación de la Carretera Panamericana en un corredor más amplio, seguro y resistente a las condiciones climáticas que históricamente han afectado la zona.
El proyecto no solo busca aumentar la capacidad vehicular, sino también reducir tiempos de viaje, mejorar la conectividad logística hacia el occidente y fortalecer la seguridad vial en un tramo caracterizado por su alta vulnerabilidad a deslizamientos.
La Asamblea Legislativa aprobó otra prórroga del Régimen de Excepción por otros 30 días. Una vez más, los dos diputados propietarios del partido ARENA, Marcela Villatoro y Francisco Lira, no estuvieron presentes en el hemiciclo al momento de la votación.
El Régimen de Excepción, vigente desde marzo de 2022, ha permitido la captura de más de 85 mil presuntos pandilleros y la reducción histórica de homicidios en el país.
Con esta nueva extensión, el Régimen de Excepción continuará vigente hasta finales de diciembre de 2025, consolidándose como la herramienta central del Plan Control Territorial del gobierno del presidente Nayib Bukele en su lucha contra las pandillas.
La oposición queda nuevamente señalada por no presentar una alternativa clara ni participar activamente en uno de los temas que, según las encuestas, goza del mayor respaldo ciudadano en materia de seguridad.
