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Fiscal general se compromete a no permitir fraude durante las elecciones del 28-F
El próximo 28 de febrero, los salvadoreños elegirán a sus alcaldes y a sus representantes en la Asamblea Legislativa para un período de tres años. El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Raúl Melara, se comprometió a procurar que no se cometa ningún fraude en estos comicios.
“Se trabajará para que estas elecciones sean limpias y transparentes. Hago un llamado a los partidos a que se elimine la violencia electoral”, dijo el fiscal general. “No es posible que se esté hablando de fraude. Vamos a garantizar que no habrá (ni siquiera) un intento de fraude», subrayó también el funcionario.
Desde que comenzó la inscripción de los aspirantes a un cargo público, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha generado muchas dudas acerca de su imparcialidad. Comenzando porque uno de sus magistrados, Julio Olivo, se declaró como opositor del Gobierno del Presidente Nayib Bukele, durante un popular espacio de entrevista. Incluso la magistrada presidente del Tribunal, Dora Esmeralda Martínez, decidió apartarse de los comentarios de Olivo, un simpatizante manifiesto del FMLN.
Luego, hubo denuncias por parte de los aspirantes de Nuevas Ideas en cuatro departamentos, porque los miembros de la junta electoral obstaculizaron su inscripción con criterios más arbitrarios que técnicos.
Además, entre los magistrados hay operarios de ARENA y el FMLN que han intentado manipular los procesos a favor de estos dos partidos. Por ejemplo, no tomaron en cuenta que hay dos candidatos de ARENA que tienen procesos judiciales activos en su contra y que aun así están compitiendo para reelección.
Las palabras del fiscal llegan en momentos en los que los legisladores han comenzado ya con sus campañas para pedir el voto; mientras, el bloque unido de ARENA-FMLN en la Asamblea busca desviar fondos públicos para las campañas de los alcaldes, sin contar con la autorización del Ejecutivo.
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Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
