Judicial
Excandidato a Parlacen por el PSD y otros dos sujetos utilizaron campaña de Cristina López para estafar a 200 personas en Tonacatepeque
Un excandidato al Parlamento Centroamericano por el Partido Salvadoreño Progresista (PSP) es señalado junto a otros dos sujetos de aprovecharse de la precampaña electoral de Cristina López para estafar a 200 personas. La ahora asesora del Órgano Legislativo aseguró desconocer el caso.
Los ofendidos señalaron que se reunieron en dos oportunidades con la exdiputada para quienes los procesados pidieron el voto a cambio de promesas de parcelas de tierra a bajo costo y agilizar el proceso de legalización
La exdiputada se desmarcó del caso señalando que la agenda de trabajo que tenía era responsabilidad de un grupo de asesores del partido y argumentando que a quien le corresponde dar una versión del caso es a la Fiscalía.
Durante el año 2015, Hugo R., de 38 años de edad, y Noé R., de 37, dos miembros del extinto PSD, llegaron a la comunidad Dos de Noviembre para hablar a nombre de una supuesta organización que estaba rematando lotes en las cercanías del municipio de Tonacatepeque. El rumor corrió como pólvora en los habitantes de esta zona del Distrito Italia.
Lo que un inicio comenzó como un rumor entre los habitantes se convirtió en una esperanza para decenas de familias que añoraban un inmueble propio, aprovechándose de eso los políticos pidieron una prima de $500 a las familias interesadas cuyo único requisito a cumplir era ser de bajos recursos y asistir a las reuniones.
En total fueron 200 personas las que se enlistaron en el proceso promovido por Hugo, un excandidato del partido de la rosa quien en las elecciones de ese año se postuló para candidato a diputado en el Parlamento Centroamericano.
Sin embargo, las víctimas no conocían de las aspiraciones políticas de este imputado quien luego de recibir la prima establecida indicaban que semanalmente se tenía que abonar $5. Además de otros $12 que dijo eran para recibir material de construcción del Fondo Social para la Vivienda (FSV).
Esperanzados en obtener el lote de 6 metros de ancho por 7 de largo, los habitantes comenzaron el proceso en el que se involucraron Noé y Óscar, este último apareció cuando se comenzó con el cobro del dinero por el que se entregaba un recibo de pago.
Las familias también fueron engañadas para limpiar y dividir la tierra, además, se les condicionó a no poder iniciar ningún tipo de construcción hasta tener las escrituras en sus manos. Incluso, los imputados mostraron un documento que señalaron era la escritura de la propiedad que tenía que someterse a trámites en el Centro Nacional de Registros (CNR).
Posteriormente, varios de los afectados recibieron la visita de un hombre -que aún no ha sido identificado por las autoridades- quien a nombre de Hugo les pidió otros $35 para realizar una especie de derecho para firmar las escrituras. Algo que también muchos pagaron sin dudar.
Los encuentros de las víctimas con Cristina López
Para julio del 2017, las familias comenzaron a notar que algo estaba mal ya que las promesas nunca se cumplían, dicha situación llevó a muchas de estas a cuestionar a los tres sujetos quienes se valieron del periodo preelectoral para tranquilizar a sus víctimas.
La experiencia en política de Hugo le permitió inventar una excusa totalmente creíble y que tenía como cómplice inconsciente a la diputada López, quien en ese entonces comenzaba a promoverse para poder seguir como funcionaria pública.
El jefe de los supuestos estafadores manifestó a sus víctimas que las tierras ya estaban legalizadas pero que había un problema con burocrático con estas y debían de ir a exigir a la Asamblea Legislativa su pronta aprobación.
Valiéndose de contactos en la política, logró coordinar una visita a la oficina de la diputada López, quien según una de las víctimas los recibió y posteriormente visitó la comunidad y manifestó que les podía ayudar a cambio del voto.
“Ellos (los imputados) llegaron con la diputada Cristina López a la comunidad y nos dijo que a cambio del voto nos ayudaría a sacar más rápido las escrituras”, manifestó uno de los ofendidos.quienes luego de la visita de López nunca más volvieron a ver a los estafadores.
Tres meses después de el último encuentro con Hugo y compañía, dos de los afectados interpusieron la denuncia ante las autoridades que iniciaron con las investigaciones pertinentes.
Del total de afectados, 36 más se agregaron la denuncia con la que se ordenó la captura de los acusados de los cuales solo el excandidato al Parlacen permanece en prisión.
«No recuerdo»
Al contactar a la asesora de la fracción del PCN para conocer su versión sobre el caso, manifestó no recordar la situación y que no conocía a los acusados.
“No podría dar una información de eso porque ahí sería con la Fiscalía”, señaló López a través de una llamada telefónica en la que remitió la responsabilidad de sus relaciones a los asesores que tenía en ese entonces. .
Al cuestionarla sobre la reuniones con los habitantes de la comunidad aseguró que “no recuerdo, en todo caso en la Asamblea tendrían información de eso», agregó.
La vista pública por este proceso será celebrada a mediados de enero de 2019 en el tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador donde se espera que de un veredicto a partir de las pruebas recabadas por el ministerio público.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
