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Excandidato a Parlacen por el PSD y otros dos sujetos utilizaron campaña de Cristina López para estafar a 200 personas en Tonacatepeque

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Un excandidato al Parlamento Centroamericano por el Partido Salvadoreño Progresista (PSP) es señalado junto a otros dos sujetos de aprovecharse de la precampaña electoral de Cristina López para estafar a 200 personas. La ahora asesora del Órgano Legislativo aseguró desconocer el caso.

Los ofendidos señalaron que se reunieron en dos oportunidades con la exdiputada para quienes los procesados pidieron el voto a cambio de promesas de parcelas de tierra a bajo costo y agilizar el proceso de legalización

La exdiputada se desmarcó del caso señalando que la agenda de trabajo que tenía era responsabilidad de un grupo de asesores del partido y argumentando que a quien le corresponde dar una versión del caso es a la Fiscalía.

Durante el año 2015,  Hugo R., de 38 años de edad, y Noé R., de 37, dos miembros del extinto PSD, llegaron a la comunidad Dos de Noviembre para hablar a nombre de una supuesta organización que estaba rematando lotes en las cercanías del municipio de Tonacatepeque. El rumor corrió como pólvora en los habitantes de esta zona del Distrito Italia.

Lo que un inicio comenzó como un rumor entre los habitantes se convirtió en una esperanza para decenas de familias que añoraban un inmueble propio, aprovechándose de eso los políticos pidieron una prima de $500 a las familias interesadas cuyo único requisito a cumplir era ser de bajos recursos y asistir a las reuniones.

En total fueron 200 personas las que se enlistaron en el proceso promovido por Hugo, un excandidato del partido de la rosa quien en las elecciones de ese año se postuló para candidato a diputado en el Parlamento Centroamericano.

Sin embargo, las víctimas no conocían de las aspiraciones políticas de este imputado quien luego de recibir la prima establecida indicaban que semanalmente se tenía que abonar $5. Además de otros $12 que dijo eran para recibir material de construcción del Fondo Social para la Vivienda (FSV).

Esperanzados en obtener el lote de 6 metros de ancho por 7 de largo, los habitantes comenzaron el proceso en el que se involucraron Noé y Óscar, este último apareció cuando se comenzó con el cobro del dinero por el que se entregaba un recibo de pago.

Las familias también fueron engañadas para limpiar y dividir la tierra, además, se les condicionó a no poder iniciar ningún tipo de construcción hasta tener las escrituras en sus manos. Incluso, los imputados mostraron un documento que señalaron era la escritura de la propiedad que tenía que someterse a trámites en el Centro Nacional de Registros (CNR).

Posteriormente, varios de los afectados  recibieron la visita de un hombre -que aún no ha sido identificado por las autoridades- quien a nombre de Hugo les pidió otros $35 para realizar una especie de derecho para firmar las escrituras. Algo que también muchos pagaron sin dudar.

Los encuentros de las víctimas con Cristina López

Para julio del 2017, las familias comenzaron a notar que algo estaba mal ya que las promesas nunca se cumplían, dicha situación llevó a muchas de estas a cuestionar a los tres sujetos quienes se valieron del periodo preelectoral para tranquilizar a sus víctimas.

La experiencia en política de Hugo le permitió inventar una excusa totalmente creíble y que tenía como cómplice inconsciente a la diputada López, quien en ese entonces comenzaba a promoverse para poder seguir como funcionaria pública.

El jefe de los supuestos estafadores manifestó a sus víctimas que las tierras ya estaban legalizadas pero que había un problema con burocrático con estas y debían de ir a exigir a la Asamblea Legislativa su pronta aprobación.

Valiéndose de contactos en la política, logró coordinar una visita a la oficina de la diputada López, quien según una de las víctimas los recibió y posteriormente visitó la comunidad y manifestó que les podía ayudar a cambio del voto.

“Ellos (los imputados) llegaron con la diputada Cristina López a la comunidad y nos dijo que a cambio del voto nos ayudaría a sacar más rápido las escrituras”, manifestó uno de los ofendidos.quienes luego de la visita de López nunca más volvieron a ver a los estafadores.

Tres meses después de el último encuentro con Hugo y compañía, dos de los afectados interpusieron la denuncia ante las autoridades que iniciaron con las investigaciones pertinentes.

Del total de afectados, 36 más se agregaron la denuncia con la que se ordenó la captura de los acusados de los cuales solo el excandidato al Parlacen permanece en prisión.

«No recuerdo»

Al contactar a la asesora de la fracción del PCN para conocer su versión sobre el caso, manifestó no recordar la situación y que no conocía a los acusados.

“No podría dar una información de eso porque ahí sería con la Fiscalía”, señaló López a través de una llamada telefónica en la que remitió la responsabilidad de sus relaciones a los asesores que tenía en ese entonces. .

Al cuestionarla sobre la reuniones con los habitantes de la comunidad aseguró que “no recuerdo, en todo caso en la Asamblea tendrían información de eso», agregó.

La vista pública por este proceso será celebrada a mediados de enero de 2019 en el tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador donde se espera que de un veredicto a partir de las pruebas recabadas por el ministerio público.

NOTA DE EL SALVADOR TIMES 

 

 

 

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314 años de cárcel para estructura que asesinó a profesora y policía

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Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.

De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.

A Luis Alonso Mejía Hernández, quien se encargaba de transportar a los miembros de la estructura hacia los lugares donde se cometerían los hechos, fue sentenciado a 192 años, por robo agravado y agrupaciones ilícitas.

Mientras que a Moisés Antonio Rivera y Aurelio Wilfredo Vásquez, el juez los condenó a 177 y 166 años de prisión, respectivamente, los otros 34 recibieron diversas penas por los mismos delitos.

La red de asaltantes y homicidas fue desarticulada la madrugada del 25 de octubre de 2022, tras una investigación de varios meses que fiscales y policías realizaron a la compleja banda que tenía una logística en todo el país para ejecutar los atracos entre enero de 2019 a mayo de 2021.

Los imputados tenían estrategias criminales hasta para descifrar los montos de dinero que los usuarios de los bancos retiraban de los cajeros automáticos (ATM).

Lograban determinar cuando una persona retiraba considerables sumas de dinero, se apostaban cerca de los ATM y según el sonido que se generaba al momento de procesarse el retiro los integrantes de la banda perfilaban a ese usuario y tras darle vigilancia y seguimiento, lo interceptaban y despojaban de los fondos, si la víctima se oponía, era asesinada.

A un agente de la PNC, lo asesinaron el 19 de mayo de 2019, en San Juan Nonualco, departamento de La Paz. Había retirado $1,500 de una agencia bancaria de ese distrito, producto de préstamo bancario.

También el 22 de mayo de 2021, asesinaron a una profesora que había salido de una agencia bancaria en Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, la siguieron para robarle $2,600 y como se opuso al asalto, le dieron un disparo en la cabeza.

Testimonios de víctimas fueron parte de la prueba que la Fiscalía General de la República presentó para probar los robos y casos de homicidio, mientras que en las agrupaciones ilícitas se acreditó que los miembros tenían asignada una función específica para consumar los hechos.

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22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.

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José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.

Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.

Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.

La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.

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Sujeto acusado de violación es condenado a 14 años de cárcel

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Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.

Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.

Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.

La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.

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