Judicial
Excandidato a Parlacen por el PSD y otros dos sujetos utilizaron campaña de Cristina López para estafar a 200 personas en Tonacatepeque
Un excandidato al Parlamento Centroamericano por el Partido Salvadoreño Progresista (PSP) es señalado junto a otros dos sujetos de aprovecharse de la precampaña electoral de Cristina López para estafar a 200 personas. La ahora asesora del Órgano Legislativo aseguró desconocer el caso.
Los ofendidos señalaron que se reunieron en dos oportunidades con la exdiputada para quienes los procesados pidieron el voto a cambio de promesas de parcelas de tierra a bajo costo y agilizar el proceso de legalización
La exdiputada se desmarcó del caso señalando que la agenda de trabajo que tenía era responsabilidad de un grupo de asesores del partido y argumentando que a quien le corresponde dar una versión del caso es a la Fiscalía.
Durante el año 2015, Hugo R., de 38 años de edad, y Noé R., de 37, dos miembros del extinto PSD, llegaron a la comunidad Dos de Noviembre para hablar a nombre de una supuesta organización que estaba rematando lotes en las cercanías del municipio de Tonacatepeque. El rumor corrió como pólvora en los habitantes de esta zona del Distrito Italia.
Lo que un inicio comenzó como un rumor entre los habitantes se convirtió en una esperanza para decenas de familias que añoraban un inmueble propio, aprovechándose de eso los políticos pidieron una prima de $500 a las familias interesadas cuyo único requisito a cumplir era ser de bajos recursos y asistir a las reuniones.
En total fueron 200 personas las que se enlistaron en el proceso promovido por Hugo, un excandidato del partido de la rosa quien en las elecciones de ese año se postuló para candidato a diputado en el Parlamento Centroamericano.
Sin embargo, las víctimas no conocían de las aspiraciones políticas de este imputado quien luego de recibir la prima establecida indicaban que semanalmente se tenía que abonar $5. Además de otros $12 que dijo eran para recibir material de construcción del Fondo Social para la Vivienda (FSV).
Esperanzados en obtener el lote de 6 metros de ancho por 7 de largo, los habitantes comenzaron el proceso en el que se involucraron Noé y Óscar, este último apareció cuando se comenzó con el cobro del dinero por el que se entregaba un recibo de pago.
Las familias también fueron engañadas para limpiar y dividir la tierra, además, se les condicionó a no poder iniciar ningún tipo de construcción hasta tener las escrituras en sus manos. Incluso, los imputados mostraron un documento que señalaron era la escritura de la propiedad que tenía que someterse a trámites en el Centro Nacional de Registros (CNR).
Posteriormente, varios de los afectados recibieron la visita de un hombre -que aún no ha sido identificado por las autoridades- quien a nombre de Hugo les pidió otros $35 para realizar una especie de derecho para firmar las escrituras. Algo que también muchos pagaron sin dudar.
Los encuentros de las víctimas con Cristina López
Para julio del 2017, las familias comenzaron a notar que algo estaba mal ya que las promesas nunca se cumplían, dicha situación llevó a muchas de estas a cuestionar a los tres sujetos quienes se valieron del periodo preelectoral para tranquilizar a sus víctimas.
La experiencia en política de Hugo le permitió inventar una excusa totalmente creíble y que tenía como cómplice inconsciente a la diputada López, quien en ese entonces comenzaba a promoverse para poder seguir como funcionaria pública.
El jefe de los supuestos estafadores manifestó a sus víctimas que las tierras ya estaban legalizadas pero que había un problema con burocrático con estas y debían de ir a exigir a la Asamblea Legislativa su pronta aprobación.
Valiéndose de contactos en la política, logró coordinar una visita a la oficina de la diputada López, quien según una de las víctimas los recibió y posteriormente visitó la comunidad y manifestó que les podía ayudar a cambio del voto.
“Ellos (los imputados) llegaron con la diputada Cristina López a la comunidad y nos dijo que a cambio del voto nos ayudaría a sacar más rápido las escrituras”, manifestó uno de los ofendidos.quienes luego de la visita de López nunca más volvieron a ver a los estafadores.
Tres meses después de el último encuentro con Hugo y compañía, dos de los afectados interpusieron la denuncia ante las autoridades que iniciaron con las investigaciones pertinentes.
Del total de afectados, 36 más se agregaron la denuncia con la que se ordenó la captura de los acusados de los cuales solo el excandidato al Parlacen permanece en prisión.
«No recuerdo»
Al contactar a la asesora de la fracción del PCN para conocer su versión sobre el caso, manifestó no recordar la situación y que no conocía a los acusados.
“No podría dar una información de eso porque ahí sería con la Fiscalía”, señaló López a través de una llamada telefónica en la que remitió la responsabilidad de sus relaciones a los asesores que tenía en ese entonces. .
Al cuestionarla sobre la reuniones con los habitantes de la comunidad aseguró que “no recuerdo, en todo caso en la Asamblea tendrían información de eso», agregó.
La vista pública por este proceso será celebrada a mediados de enero de 2019 en el tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador donde se espera que de un veredicto a partir de las pruebas recabadas por el ministerio público.
Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.
La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.
Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
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Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.
Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.
“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.
La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
