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En los centros de votación se aplicará un protocolo de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19
Los centros de votación que serán habilitados en todo el país, este domingo, son desinfectados para evitar focos de infección de COVID-19. El Gobierno del Presidente Nayib Bukele tiene listo el protocolo de bioseguridad que se deberá seguir para continuar protegiendo la salud de la población.
En cada departamento del país estará asignado un equipo de epidemiología del Ministerio de Salud, que tendrá la responsabilidad de verificar que en los centros de votación se cumpla con las medidas preventivas.
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El personal que estará trabajando en la organización del evento electoral y los electores deben utilizar mascarilla, alcohol en gel, y evitar las aglomeraciones. Se guardará el distanciamiento social, como se ha venido haciendo.
“Estamos designando un equipo epidemiológico en cada departamento para que verifique los protocolos de bioseguridad. Se tienen todas las medidas sanitarias para que puedan acercarse a ejercer el voto”, aseguró el ministro de Salud, Francisco Alabi.
Para las elecciones de concejos y diputados de este domingo estarán habilitados 1,595 centros de votación, la mayoría en instituciones escolares, que ya han sido higienizados con un químico que mata el COVID-19 y otros agentes patógenos.
La substancia se aplica a las superficies y tiene un efecto que dura aproximadamente tres meses. Los votantes pueden tener la confianza que llegarán a establecimientos libres del virus, sin embargo, deberán seguir instrucciones de prevención sanitaria para evitar la transmisión del virus de persona a persona.
El Ministerio de Salud cuenta con un plan de prevención para el día de las votaciones que evitará la multiplicación de los casos confirmados de la enfermedad a esta fecha.
El Salvador registra desde el 18 de enero pasado una baja sostenida en el número de casos confirmados de COVID-19 y esto se debe, en parte, a todas las acciones de prevención que el Gobierno ha implementado, además, que la población ha sido disciplinada en acatar todas las recomendaciones.
Es importante, en la medida de las posibilidades de cada persona, no exponer a menores de edad llevándolos al centro de votación, así evitan un riesgo de contagio.
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Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
