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Empresa mexicana IPEM afirma que relaciones comerciales con El Salvador “se encuentran fortalecidas” y desmiente falsa información de un medio salvadoreño
La empresa Integradora de Productores del Estado de México S.A. de C.V. (IPEM), una de las proveedoras de alimentos incluidos en las canastas solidarias que el gobierno salvadoreño, a través del MAG, repartió durante la cuarentena por la emergencia nacional del covid-19, ha desmentido mediante un comunicado que exista deuda de $9 millones de parte del gobierno salvadoreño con IPEM.
La aclaratoria, parte de una publicación mal intencionada de un periódico salvadoreño con fecha 13 de abril del presente año, en la que asegura que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) adeuda dicha cantidad a IPEM.
En su comunicado IPEM lamenta “que medios de comunicación divulguen información relacionada a nuestras operaciones y tratos comerciales de carácter privado y confidencial. Además, desaprobamos que esta información, sea utilizada de manera malintencionada por diversos medios de comunicación, que dejando equivocadamente a un lado la probidad de verificación del estatus de la información, lo único que pretenden es afectar a la imagen de uno de nuestros socios comerciales”, reza el documento.
IPEM además, aclara que es “una empresa mexicana reconocida a nivel nacional e internacional por ofrecer a nuestros clientes en cada entrega la seguridad de estar recibiendo productos de calidad, y elaborados con los mejores estándares a nivel mundial, dedicada al proceso de producción, así como compra de productos del campo, abarrotes tanto nacional como de importación”.
En el mismo documento la empresa hace ver su descontento por la información mal intencionada del medio escrito salvadoreño por lo que rechazó tal señalamiento.
“De forma categórica nos manifestamos en contra de dicho artículo ya que carece de verificación de la información. Además, la nota presentada en su redacción utilizaron indebidamente documentos de fechas anteriores, que si bien es cierto, son considerados normales en gestiones de cobranza, los mismos fueron utilizados en otro contexto, sobre el estatus actual que conservamos amablemente con nuestros socios comerciales. Por ello, nos manifestamos expresamente, que NO EXISTE TAL «AMENAZA», ya que derivado de un diálogo sincero y franco con las autoridades gubernamentales, en especial con el recién nombrado Ministro de Agricultura y Ganadería, David Martínez”.
Asu vez, se aclara que el MAG y la empresa mexicana han llegado a “un acuerdo favorable para ambas partes”.
“Aprovechamos la presente misiva, para felicitar al Presidente de la República de El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortez, por la ejemplar gestión que realiza en dicho país hermano. Asimismo, al titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería, David Martínez, por la responsabilidad demostrada en tan poco tiempo al inicio de su gestión”.
El comunicado cierra manifestando que IPEM “se complace en señalar que nuestras relaciones comerciales con El Salvador se encuentran fortalecidas, a la vez que reiteramos nuestros mejores deseos por continuar apoyando a nuestros clientes por medio de lazos ejemplares como los que poseemos con nuestros actuales socios”.
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Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, no ha tardado en expresarse de las nuevas reformas aprobada en la Asamblea Legislativa en la que se permite cadena perpetua a pandilleros, asesinos y violadores.
Ortiz reiteró que el aumento de años a una condena no da justicia a las víctimas.
Además cree que está reforma puede traer «problemas» para las personas que son procesadas por tres delitos mencionados anteriormente.
Claudia Ortiz fue la única que votó en contra de la reforma al artículo 27 para condenar a cadena perpetua a pandilleros, violadores y asesinos.
Esta mañana un joven trabajador murió al caer sobre su cuerpo un promontorio de laminas que habían llegado a dejar a una ferretería en el Cantón Coyolito, jurisdicción de Tejutla, Chalatenango.
Socorristas de Comandos de Salvamento de El Salvador, seccional de Aguilares fueron alertados y al llegar al lugar del percance, realizaron maniobras para poder recuperar al joven quien fue identificado como Juan Joel Vargas Rosa, de 20 años.
Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por los cuerpos de socorro y del SEM, la persona perdió la vida, debido a los traumas sufridos al caer sobre su cuerpo el peso de las láminas desde una altura de dos metros.
Dos trabajadores más que estaban en el lugar lograron salir a tiempo y evitar de esta manera una tragedia mayor.
