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Director de PNC augura mayores esfuerzos en la ejecución del Plan Control Territorial para el 2020
El Director General de la Policía Nacional Civil (PNC), Comisionado Mauricio Arriaza Chicas, augura que para el año 2020 se incrementarán los esfuerzos en la ejecución del Plan Control Territorial, el cual inició a mediados del mes de junio de 2019, como parte de las estrategias en materia de seguridad bajo el liderazgo del Presidente Nayib Bukele.
Las autoridades policiales dan cuenta que desde la puesta en marcha del Plan Control Territorial a partir del 20 de junio de 2019, se refleja un incremento en la operatividad que dejaron el saldo de 13,567 capturas por diversos delitos hasta el 31 de diciembre de 2019.
Entre las capturas destacan 988 detenciones por el delito de lesiones, seguido de 997 arrestos por homicidio y 757 por extorsiones. El resto están por otros ilícitos como robo, hurto, entre otros.
En últimos minutos del año 2019 y los primeros del 2020, el mandatario salvadoreño Nayib Bukele, publicó en su cuenta de Twitter que «Nuestro país acaba de cerrar el 2019, con el mes más seguro desde los Acuerdos de Paz».
La institución policial con sus más de 23 mil agentes, están trabajando en el Plan Control Territorial, lo cual le ha permitido llevar seguridad a las distintas comunidades, e incidir en la reducción de delitos contra la vida como el homicidio y otros ilícitos que se mantienen a la baja.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
Un aparatoso accidente de tránsito se registró este jueves en el distrito de San Miguel, cuando un microbús que circulaba a excesiva velocidad se estrelló contra el muro perimetral de una vivienda en la zona de Chirilagua.
El siniestro fue captado por la cámara de seguridad de la propiedad afectada, y en las imágenes se observa cómo el vehículo se aproxima a gran velocidad antes de impactar violentamente contra la estructura.
Según testigos, el microbús trasladaba a varios maestros que se dirigían hacia el centro escolar donde laboran. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales, pero las autoridades investigan las causas del accidente y si hubo personas lesionadas.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
