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Director de la Policía aclara que presencia policial el 9F en la Asamblea fue a petición de la Seguridad del Congreso
El director general de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, reiteró este día en la Comisión Especial que investiga los hechos acaecidos el pasado 9 de febrero en la Asamblea Legislativa, que el rol de la institución policial fue la de proporcionar seguridad a petición de ese órgano de Estado.
Asimismo, aseguró que «no se giró ninguna orden de quitarle la seguridad a funcionarios» ni de realizar acciones de hostigamiento, tal como denunciaron legisladores, que afirmaron que los PPI destinados para su seguridad fueron acuartelados en la víspera. De igual manera, algunos diputados denunciaron que fueron hostigados en sus viviendas una noche antes de los eventos.
El jefe policial justificó que lo que pasó el día 8 de febrero fue «una supervisión» de la División de Protección a Personalidades Importantes, y ello generó «malos entendidos».
“Que hubo malos entendidos, esa es otra cuestión que habría que verificarla», afirmó.
«Como director les digo, no tuve el conocimiento ni mucho menos di instrucciones para andar persiguiendo funcionarios. Hay procedimientos para instalar y quitar seguridad a los funcionarios”, dijo tajantemente.
Según dijo, la institución policial «no se presta y no se prestará» a realizar acciones de persecución de funcionarios y reveló que el coronel César Reyes Dheming (ya fallecido), jefe de seguridad de la Asamblea, solicitó apoyo de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) en el interior del recinto legislativo por la aglomeración de personas.
Arriaza Chicas afirmó que la actuación de la institución fue basada en el marco de la legalidad, al reiterar la existencia de un convenio entre la PNC y la Asamblea, para proporcionar seguridad en las instalaciones de ese órgano.
Dicho convenio establece que uno de los principales objetivos es garantizar la seguridad de los funcionarios y del recinto legislativo. «Lo vuelvo a recalcar: la actuación de la PNC fue de carácter profesional y a requerimiento del jefe de seguridad de la Asamblea. Nuestra actuación está basada en eso», enfatizó.
De este modo, aclaró que la actuación de la PNC fue exclusivamente por la realización de un dispositivo de seguridad preventiva y de seguridad pública y que “las coyunturas se quieren ver de otra manera”.
El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro; el Ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy; y el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, brindaron detalles sobre la incautación de droga más grande registrada en la historia de El Salvador.
De acuerdo con la información oficial, fueron decomisadas 6.6 toneladas de cocaína, con un valor estimado de 165 millones de dólares, distribuidas en 330 bultos. La operación fue ejecutada a 380 millas náuticas al suroeste de las costas nacionales, como parte de acciones de vigilancia y control en aguas internacionales.
El ministro Villatoro destacó que, más allá del valor económico, la cantidad incautada representa aproximadamente 19.8 millones de dosis que, según explicó, estaban destinadas a ser distribuidas en distintas ciudades.
Las autoridades resaltaron el trabajo coordinado de las instituciones de seguridad y defensa, subrayando que este tipo de resultados reflejan la capacidad operativa del país en el combate al narcotráfico.
En el procedimiento fueron detenidas las siguientes personas de distintas nacionalidades:
José Martín Cerda Cea, 60 años (Nicaragua)
Roberto Adolfo Díaz, 64 años (Nicaragua)
Francisco Javier García Duval, 63 años (Nicaragua)
José Ramiro Valencia Fox, 59 años (Ecuador)
Luis Enrique Rodelo Osorio, 59 años (Colombia)
Antonio José Angulo Narváez, 59 años (Colombia)
Mario Alonso Pérez Hernández, 58 años (Colombia)
Miguel Antonio Galeano Ariza, 71 años (Colombia)
Yareth Samir Carr Garcés, 29 años (Panamá)
Vicente Ramos, 60 años (Panamá)
Los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes para enfrentar el proceso judicial correspondiente.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador llevó a cabo la vista pública en contra de José René Ventura Alvarado, acusado del delito de estafa agravada.
De acuerdo con la investigación, entre diciembre de 2018 y enero de 2019, el imputado se reunió con la víctima, presentándose como propietario de una sociedad importante de talleres y negoció la adquisición de una cantidad masiva de llantas.
José Ventura propuso recibir la mercadería y efectuar el pago en un tiempo estipulado. La víctima, confiando en la supuesta reputación de la sociedad, cumplió lo acordado y entregó cuatro pedidos en diversas sucursales de los talleres, cuyo valor total ascendió a $375,360.04.
Transcurrido el tiempo pactado, el imputado no realizó el pago. Tras varios intentos fallidos por recuperar el dinero y ante múltiples excusas por parte del procesado, la víctima interpuso la denuncia correspondiente.
Durante el desfile probatorio, el tribunal determinó que el imputado solicitó la entrega de las llantas haciéndose pasar por un empresario confiable y afirmando poseer dos sociedades; sin embargo, dichas sociedades ni siquiera estaban constituidas legalmente.
Asimismo, se estableció que no tenía intención de cumplir con el pago de la mercadería. Por estos hechos, el tribunal le impuso una pena de cinco años de prisión, que podrían aumentar si Ventura Alvarado no cumple con el pago de $375,360.04 en concepto de responsabilidad civil.
El Ministerio de Obras Públicas informó sobre la transformación de 8 kilómetros de la calle que conecta desde El Ceibillo hacia San José El Naranjo, en el departamento de Ahuachapán. La obra busca mejorar la conectividad y garantizar un tránsito más seguro para las comunidades de la zona.
Con la pavimentación de esta vía, niños, jóvenes y adultos podrán movilizarse en condiciones óptimas, facilitando el acceso a centros educativos, comercios y servicios básicos. La intervención forma parte de los proyectos de infraestructura impulsados para fortalecer el desarrollo local.
Más de 28,000 habitantes son beneficiados directamente con la mejora de la calle que conduce a San José El Naranjo, en Jujutla, Ahuachapán Sur, impactando positivamente en la calidad de vida y dinamizando la economía del sector.
