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Nacionales

Detienen a repartidor de comida manejando en estado de ebriedad

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El personal del Viceministerio de Transporte (VMT) como agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de la División de Tránsito, descubrieron la noche de ayer sábado a un repartidor de comida manejando en estado de ebriedad.

Según el reporte, el motociclista manejaba con 279 grados de alcohol tras realizarle la prueba de alcotest en un control vehicular que fue instalado en La Zona Rosa de la colonia San Benito de San Salvador.

Según el titular del VMT, Saúl Castelar desde el pasado viernes que se inició con el plan “Agosto Seguro 2021” se han detenido a ocho conductores peligrosos, porque manejaban en estado de ebriedad.

El funcionario reiteró que sacaran de las calles a los conductores que no quieran respetar la ley de tránsito y quieran manejar en condiciones bajo los efectos de las bebidas embriagantes.

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Sucesos

Cruz Roja recupera cuerpo de persona ahogada en una pileta en La Libertad

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Un equipo de rescate de la Cruz Roja Salvadoreña recuperó el cuerpo de una persona que falleció por inmersión en una pileta ubicada en la finca El Chauite, en el distrito de Jayaque, departamento de La Libertad.

Según informaron las autoridades, la víctima aún no ha sido identificada, pero se presume que padecía de epilepsia, lo que pudo haber sido un factor determinante en el incidente.

La Policía Nacional Civil (PNC) realizó la inspección correspondiente en la escena y descartó indicios de hecho delictivo, tratándose de un caso accidental.

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Judicial

En juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, declararán 130 testigos

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En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.

El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.

Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).

La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.

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Judicial

Condenan por enriquecimiento ilícito al exdiputado Rodolfo Parker y su familia

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La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.

El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76

En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.

En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.

Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.

En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.

El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.

Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.

Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.

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