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Defensoría del Consumidor acerca servicios a los salvadoreños en el exterior a través de quioscos digitales
La Defensoría del Consumidor y el Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana inauguraron, este lunes, los primeros dos quioscos digitales para los consumidores que forman parte de la diáspora y que utilizan los servicios consulares en el país. Estos están ubicados en las oficinas regionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, ubicados en Colón, La Libertad; y Soyapango, San Salvador.
El propósito es que los compatriotas cuenten con asistencia, información y protección oportuna por parte de la Defensoría del Consumidor; así como prevenir que sean objeto de abusos y fraudes, en su condición de consumidores ante proveedores que operan en El Salvador.
La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, informó que los quioscos digitales, también, fueron instalados en otras cuatro oficinas. Próximamente serán colocados en 10 consulados en el exterior: Los Ángeles, Houston, Long Island, Silver Spring, Elizabeth, Boston y Atlanta, en Estados Unidos. También en Toronto (Canadá), Madrid (España) y Milán (Italia).
“Hemos hecho una alianza con la Defensoría del Consumidor para velar por los derechos de los salvadoreños, no solo en su país, sino de quienes se encuentran fuera de nuestras fronteras patrias, a la hora de adquirir bienes y servicios para sus familiares en el país”, expresó la funcionaria.
El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, dijo que el presidente Bukele ha instruido enfocar esfuerzos para este segmento de la población que en el pasado fue excluido: “La Defensoría cuenta con 62 puntos de atención, incluyendo estos, tenemos la proyección de en las próximas semanas inaugurar 13 más”, expresó.
Esta iniciativa forma parte del Proyecto de Protección Integral de los Derechos de Consumo de la Diáspora Salvadoreña, y de la ejecución del convenio de cooperación firmado entre ambas instituciones en abril de 2022.
En el marco de la conmemoración del 188 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y El Salvador, la Embajada de México en El Salvador desarrolló ayer un conversatorio para reflexionar sobre la importancia de fortalecer estos lazos de cooperación entre los dos países. Ricardo Cantú Garza, embajador de México en El Salvador, comentó que este tipo de eventos sirve «para reconocer cuál ha sido su historia, sus orígenes y con base a eso actuar en el presente con mayor acierto para que las relaciones sigan mejorando».
La conferencia magistral estuvo a cargo de Mario Vásquez, secretario académico del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México y Roberto Turcios, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia, quienes dieron detalles de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, desde sus primeros años.
Cristian Armando Jacobo Galdámez y José Manuel Calles Menjívar fueron condenados a 40 y 22 años de prisión, respectivamente, por delitos sexuales cometidos en Chalatenango Sur. Los abusos sucedieron durante los años 2017 al 2021.
«De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Jacobo Galdámez era el vecino de la víctima y desde que ella tenía 10 años la abusó sexualmente. Las agresiones terminaron cuatro años después», explicó la fiscal del caso.
El imputado utilizaba la fuerza y mediante amenazas introducía a la menor a su casa para violarla.
«En cambio, Calles Menjívar era la pareja de un familiar cercano de la niña y aprovechaba de tocarla y violarla cuando visitaba a su abuela», dijo la fiscal.
A Jacobo Galdámez se le condenó a 20 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz continuada y otros 20 por el de agresión sexual en menor o incapaz continuada. Y a Calles Menjívar se le impuso 14 años por violación y ocho más por agresión sexual.
La pandillera Odaly Aracely Pineda Ochoa fue condenada a 16 años de prisión por haber extorsionado durante tres años a una víctima.
«En 2021, la imputada llegó al negocio de la víctima para exigirle el pago mensual de la extorsión a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Además, se identificó como integrante de la estructura criminal MS-13 para intimidarla y obligarla a entregar el dinero», señaló el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Cuscatancingo, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador. A causa del temor y las constantes amenazas, la víctima realizó los pagos de 2021 a 2024.
«Sin embargo, en este último año decidió denunciar los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones y emitir una orden administrativa de detención contra la imputada», detalló el fiscal.
Añadió que «durante la vista pública, la representación fiscal presentó abundante prueba testimonial, documental y pericial que demostró la responsabilidad de la acusada. El testimonio de la víctima fue clave para acreditar los hechos».
La condena fue determinada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
