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Defensoría del Consumidor acerca servicios a los salvadoreños en el exterior a través de quioscos digitales
La Defensoría del Consumidor y el Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana inauguraron, este lunes, los primeros dos quioscos digitales para los consumidores que forman parte de la diáspora y que utilizan los servicios consulares en el país. Estos están ubicados en las oficinas regionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, ubicados en Colón, La Libertad; y Soyapango, San Salvador.
El propósito es que los compatriotas cuenten con asistencia, información y protección oportuna por parte de la Defensoría del Consumidor; así como prevenir que sean objeto de abusos y fraudes, en su condición de consumidores ante proveedores que operan en El Salvador.
La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, informó que los quioscos digitales, también, fueron instalados en otras cuatro oficinas. Próximamente serán colocados en 10 consulados en el exterior: Los Ángeles, Houston, Long Island, Silver Spring, Elizabeth, Boston y Atlanta, en Estados Unidos. También en Toronto (Canadá), Madrid (España) y Milán (Italia).
“Hemos hecho una alianza con la Defensoría del Consumidor para velar por los derechos de los salvadoreños, no solo en su país, sino de quienes se encuentran fuera de nuestras fronteras patrias, a la hora de adquirir bienes y servicios para sus familiares en el país”, expresó la funcionaria.
El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, dijo que el presidente Bukele ha instruido enfocar esfuerzos para este segmento de la población que en el pasado fue excluido: “La Defensoría cuenta con 62 puntos de atención, incluyendo estos, tenemos la proyección de en las próximas semanas inaugurar 13 más”, expresó.
Esta iniciativa forma parte del Proyecto de Protección Integral de los Derechos de Consumo de la Diáspora Salvadoreña, y de la ejecución del convenio de cooperación firmado entre ambas instituciones en abril de 2022.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
