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Decomisa más de 100 armas de fuego a empresas de seguridad privada por no contar con documentación
Son 115 armas de fuego las que han sido decomisadas por la Policía Nacional Civil (PNC) a vigilantes de empresas de seguridad privada, que no contaban con la documentación para el uso y portación de los equipos.
La corporación policial confirmó que los decomisos han sido realizados por agentes de la División de Registro y Control de Servicios Privados de Seguridad.
De acuerdo con la PNC, entre las armas decomisadas figuran escopetas, pistolas y fusiles. Las incautaciones han sido realizadas entre el 1 de enero al 18 de julio, según detalla el reporte de la PNC.
La idea de las autoridades de Seguridad del Gobierno del Presidente Nayib Bukele es mantener el control de las armas de fuego que utilizan las empresas de seguridad privada para evitar que éstas sean comercializadas y lleguen a manos de estructuras criminales.
Las infracciones más comunes que se encuentra durante la inspección son matrículas vencidas y la falta de autorización especial que exige el artículo 28 contemplado en el reglamento de la Ley de Control y Regulación de Armas, Municiones, Explosivos y Artículos Similares.
Los interesados en recuperar los equipos deben de seguir diligencias posteriores en el Ministerio de la Defensa Nacional, institución que se encarga de aplicar las sanciones legales correspondientes conforme a las faltas menos graves, graves y muy graves.
La policía mantiene una supervisión constante sobre el correcto funcionamiento de entidades autorizadas y dedicadas a prestar servicios de seguridad privada, para garantizar que este personal desempeñe sus funciones en el marco de la ley.
La jueza dos del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso una condena de 397 años de prisión a Pedro Melara Romero, alias Caballo, por los delitos de proposición y conspiración en homicidio agravado, extorsión agravada, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, además de agrupaciones ilícitas, en perjuicio de la paz pública.
Asimismo, Wilfredo Alonso Mancía Alberto, alias Frijol, fue condenado a 180 años de cárcel por proposición y conspiración en homicidio agravado, privación de libertad, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
De igual forma, Miriam Elizabeth Gutiérrez, alias La Miriam, recibió una pena de 109 años de prisión por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
En total, otras 44 personas fueron sentenciadas con penas que van desde tres hasta 94 años de prisión.
De acuerdo con la Fiscalía, todos forman parte de la hengla Sexta Quebranta Huesos Locos Sureños, perteneciente a la pandilla 18 Sureños, que operaba en diversos sectores de San Salvador Centro.
Entre los condenados se encuentran cuatro líderes de la clica, entre ellos:
•José David Ayala Renderos, alias Morro, corredor de cancha de las canchas Modelo 2 y 3.
•Alias Caballo, como corredor de tribu.
•Hugo Armando Chávez Murcia y Jonathan Ernesto Hernández Vides, alias Yoster, ambos palabreros de la estructura.
Ismael Alexander Hernández Rivera, alias Saiper, es un pandillero de la 18S que venía en un vuelo comercial desde México.
Equipos policiales fueron notificados por la oficina de atención ciudadana de la terminal aeroportuaria.
Es miembro de la clica Tiny Locos Sureños del distrito de Jiquilisco, Usulután Oeste.
Posee varios tatuajes de su pandilla.
Una pandillera de la MS fue condenada a 245 años de cárcel por los delitos de extorsión agravada y agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública.
Se trata de Claudia Margarita Juárez, quien era parte de la clica Viroleños Locos Salvatruchos.
Recibió la pena por parte del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, jueza dos.
Juárez fue hallada culpable de cobrar extorsiones a empresarios del transporte público del distrito de Zacatecoluca, en el municipio de La Paz Este.
Tambien, Manuel Antonio Martínez Mena, alias ‘Yegua’, fue condenado a 240 años de prisión por el delito de extorsión agravada.
Juárez y Mena operaban como parte de la clica Viroleños Locos Salvatruchos de la MS-13.
El tribunal dio por acreditados 24 casos de extorsión, ocurridos entre 2018 y 2019, mediante los cuales las víctimas fueron obligadas a entregar sumas de dinero bajo amenazas.
