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Cinco pandilleros de la MS exigían cuotas semanales a comerciante y le advirtieron de no avisarle a la policía


Fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR) informan sobre una condena impuesta por un tribunal contra 5 miembros de MS en Ahuachapán, quienes extorsionaban a un comerciante.
Se trata de Luis Miguel Murga, de 29 años; Miguel Ángel Ascencio, alias “Bin Laden”, de 33 años; Willian Armando Flores Tobar, de 27; Yahaira Concepción Murga de Solís, de 33; y Glenda Leticia Trujillo Sambrano, de 21 años.
De acuerdo con el reporte del Ministerio Público, estos sujetos exigían a la víctima $40 semanales a cambio de no atentar contra su vida. Le advirtieron también que no avisara a la “jura” (policía).
Este caso se registró en el municipio de Atiquizaya, donde los imputados operaban y cobraban dinero a diferentes víctimas.
Sin embargo, al verse afectada y ante el temor que le causaban las visitas de los mareros en su negocio, “la victima decide interponer la denuncia, lo que da origen a la investigación, a través de la organización de dispositivos de vigilancia, control y seguimiento, con los cuales se logró individualizar a los sujetos, y su posterior captura, a través de órdenes administrativas, giradas por la Unidad de Patrimonio Privado y Propiedad Intelectual de la oficina Fiscal de Ahuachapán” detalla la FGR.
La denuncia contra los sujetos fue impuesta el 1 de marzo del 2018. Días después se logró la captura de todos los implicados quienes fueron llevados ante la justicia.
De esta forma, el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán encontró culpables a los sujetos de los ilícitos que se les imputaban y resolvió condenar a cada uno a una pena de a 11 años de cárcel.
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Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador

Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
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Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
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Abogado Salvador Anaya, acusado de lavado de dinero, seguirá detenido

El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó que el abogado Salvador Enrique Anaya Barraza permanezca en detención provisional mientras su caso avanza a la siguiente etapa del proceso penal.
La Fiscalía General de la República lo acusa por el delito de lavado de dinero y activos, cometido presuntamente entre los años 2015 y 2024. El proceso fue judicializado el pasado sábado bajo régimen de reserva total, por lo que ninguna de las partes puede proporcionar detalles adicionales del expediente.
Según la legislación salvadoreña, el delito de lavado de dinero contempla penas de entre cinco y 15 años de prisión. Este delito incluye operaciones financieras u omisiones destinadas a ocultar el origen ilícito de bienes provenientes de actividades delictivas.
Durante la audiencia inicial, el abogado defensor Jaime Quintanilla afirmó que el proceso se desarrolló con normalidad y que la defensa presentó los elementos que respaldan la inocencia de su cliente.