Judicial
Cabo de la extinta Guardia Nacional fue presentado hoy a juzgado que lo condenó a 30 años en 1986
Hoy fue presentado al Juzgado 5° de Instrucción de San Salvador, el excabo de la Guardia Nacional, José Dimas Valle Acevedo, de 64 años de edad condenado el 25 de febrero de 1986 a 30 años de prisión por el homicidio doloso del presidente del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) José Rodolfo Viera, y los norteamericanos Michael Peter Hammer y Mark David Pearlman, ocurrida el 3 de enero de 1981.
La captura de Valle, ocurrida el sábado 16 de febrero ocurrió luego que el juzgado ordenara a petición de la Fiscalía General de la República la reapertura del caso y girara orden de captura en su contra basado en la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en julio de 2016.
Este día fue presentado y el Juzgado a través de un acta dio por recibido al condenado y ordenó que sea resguardado por el momento en las bartolinas del Centro Judicial Isidro Menéndez, en espera que la Dirección de Centros Penales designe un centro penal y que continúe la condena.
Junto a Valle fue condenado Santiago Gómez González a la cantidad de 12 años por cada víctima, totalizando 36 años, no obstante según el Código Penal derogado, las condenas no podían excederse de 30 años. Cuando fue puesto en libertad a raíz de la aprobación de la ley de amnistía Valle Acevedo ya había purgado 5 años, 2 meses y 15 días de prisión.
Los ex Guardias Nacionales fueron sentenciados por su participación en la muerte del Presidente del ISTA y dos sindicalistas norteamericanos ocurrida a las 11 de la noche del 3 de enero de 1981 cuando las victimas departían en una mesa del Salón Las Américas del Hotel El Salvador Sheraton. Los sujetos ingresaron con armas de fuego y ametrallaron a las victimas ocasionándole la muerte en el lugar. El caso aparece registrado en el informe de la Comisión de la Verdad.
Por este hecho fueron también acusados Ricardo Sol Meza, Hans Achin Walter Crist, Rodolfo Isidro López Sibrián, Eduardo Ernesto Alfonso Ávila Ávila, pero no se logró establecer su participación en los hechos punibles por lo que fueron sobreseídos provisionalmente el 16 y 2 de diciembre de 1981.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
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«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
Marlon Antonio Ramírez Arias fue condenado a seis años de cárcel tras ser detenido el 7 de junio de 2023 en los alrededores de la comunidad Tutunichapa, en San Salvador, portando una mochila con marihuana y cocaína.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador le impuso la condena al encontrarlo culpable de posesión y tenencia con fines de tráfico.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lo interceptaron alrededor de las 5:00 de la tarde, durante un patrullaje rutinario que realizaban en la zona.
En el acta de captura, los policías consignaron que, al observarlo actuar de forma sospechosa y nerviosa, le ordenaron que se detuviera para registrarlo.
Al momento de la intervención, le abrieron la mochila que portaba y le encontraron 30.5 gramos de marihuana y 0.4 gramos de cocaína, droga valuada en $50. También le incautaron bolsas plásticas y una balanza.
El condenado cumplirá su pena en la Penitenciaría Occidental de Santa Ana. Además, enfrenta otro proceso penal en un juzgado por delitos adicionales.
