Judicial
Cabo de la extinta Guardia Nacional fue presentado hoy a juzgado que lo condenó a 30 años en 1986
Hoy fue presentado al Juzgado 5° de Instrucción de San Salvador, el excabo de la Guardia Nacional, José Dimas Valle Acevedo, de 64 años de edad condenado el 25 de febrero de 1986 a 30 años de prisión por el homicidio doloso del presidente del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) José Rodolfo Viera, y los norteamericanos Michael Peter Hammer y Mark David Pearlman, ocurrida el 3 de enero de 1981.
La captura de Valle, ocurrida el sábado 16 de febrero ocurrió luego que el juzgado ordenara a petición de la Fiscalía General de la República la reapertura del caso y girara orden de captura en su contra basado en la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en julio de 2016.
Este día fue presentado y el Juzgado a través de un acta dio por recibido al condenado y ordenó que sea resguardado por el momento en las bartolinas del Centro Judicial Isidro Menéndez, en espera que la Dirección de Centros Penales designe un centro penal y que continúe la condena.
Junto a Valle fue condenado Santiago Gómez González a la cantidad de 12 años por cada víctima, totalizando 36 años, no obstante según el Código Penal derogado, las condenas no podían excederse de 30 años. Cuando fue puesto en libertad a raíz de la aprobación de la ley de amnistía Valle Acevedo ya había purgado 5 años, 2 meses y 15 días de prisión.
Los ex Guardias Nacionales fueron sentenciados por su participación en la muerte del Presidente del ISTA y dos sindicalistas norteamericanos ocurrida a las 11 de la noche del 3 de enero de 1981 cuando las victimas departían en una mesa del Salón Las Américas del Hotel El Salvador Sheraton. Los sujetos ingresaron con armas de fuego y ametrallaron a las victimas ocasionándole la muerte en el lugar. El caso aparece registrado en el informe de la Comisión de la Verdad.
Por este hecho fueron también acusados Ricardo Sol Meza, Hans Achin Walter Crist, Rodolfo Isidro López Sibrián, Eduardo Ernesto Alfonso Ávila Ávila, pero no se logró establecer su participación en los hechos punibles por lo que fueron sobreseídos provisionalmente el 16 y 2 de diciembre de 1981.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer (lunes) el requerimiento de acusación contra 12 empresarios del transporte colectivo, a quienes se les imputa la presunta comisión de los delitos de peculado e incumplimiento de deberes.
Según informó la institución, los señalados serán procesados en libertad, bajo medidas alternas a la detención.
Los imputados poseen concesiones y permisos provisionales para operar diferentes rutas del transporte público. De acuerdo con la FGR, fueron capturados los días 5, 6 y 7 de mayo de 2025, luego de que las autoridades detectaran que no prestaron el servicio de transporte a la población o lo hicieron con una reducción significativa de unidades, pese a que el Gobierno había entregado $12 millones en compensación para garantizar la gratuidad del servicio, debido al cierre temporal del tramo de Los Chorros en la carretera Panamericana.
“Se procedió a la detención en flagrancia, siendo este un servicio público y subsidiado con fondos del Estado”, indicó la Fiscalía.
El requerimiento fue presentado en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
El combate frontal contra las pandillas continúa dejando resultados contundentes. En las últimas horas, diferentes tribunales del país emitieron sentencias condenatorias contra varios integrantes de estructuras criminales, responsables de diversos delitos que van desde homicidios agravados hasta extorsión y agrupaciones ilícitas.
Comenzamos…
Condenan a 30 años de prisión a cuatro pandilleros de la MS por homicidio agravado en Santa Ana
Cuatro miembros de la estructura criminal MS fueron condenados a 30 años de cárcel cada uno, tras ser hallados culpables del delito de homicidio agravado. El crimen fue cometido en el departamento de Santa Ana, donde los pandilleros llegaron armados a la vivienda de su víctima y, tras una discusión, le dispararon hasta causarle la vida.
Los sentenciados han sido identificados como Erick Fernando Ruperto García, Nelson Amílcar Polanco Hernández, Carlos Isaías Sánchez García y Jonathan José López Barahona. Según informó la Fiscalía General de la República, los condenados enfrentan además otros procesos judiciales, por lo que sus penas podrían incrementarse en los próximos meses.
Pandillero del barrio 18 condenado a 20 años por extorsión en Santa Ana
A 20 años de prisión fue condenado el pandillero del barrio 18, William Alexander Valencia Salazar, tras demostrarse con abundantes evidencias que extorsionó a una víctima en diciembre de 2021 y enero de 2022. De acuerdo con las investigaciones, Valencia amenazó a su víctima para exigirle grandes cantidades de dinero a cambio de no atentar contra su vida e integridad física.
Estos hechos ocurrieron en Santa Ana. La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de dicho departamento, mientras que Valencia continuará enfrentando otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal con detención provisional contra Ariel Ignacio Ortega González, de 27 años, acusado del delito de tráfico ilícito, en perjuicio de la salud pública.Local events calendar
Según la relación circunstanciada de los hechos, el imputado fue detenido el 2 de mayo de 2025, cuando agentes de Policía Nacional Civil (PNC) realizaban patrullajes preventivos en la calle Buenos Aires y la avenida Cuscatancingo, en la colonia El Bosque de San Salvador.
En ese momento, observaron que un vehículo particular se estacionó de forma brusca, lo que generó sospechas de que el conductor podría estar bajo los efectos del alcohol.
Al interceptarlo y realizarle una requisa, los agentes encontraron en el vehículo una porción mediana y siete porciones pequeñas de polvo blanco, además de una balanza digital.
La prueba de campo confirmó que la sustancia era cocaína, con un peso de 14.979 gramos y 1.944 gramos, respectivamente.
Durante la audiencia inicial, el juzgador consideró que existen suficientes elementos indiciarios sobre la existencia del delito y la posible participación del imputado, requisito mínimo para que el caso avance a la etapa de instrucción.
