Judicial
Cabo de la extinta Guardia Nacional fue presentado hoy a juzgado que lo condenó a 30 años en 1986
Hoy fue presentado al Juzgado 5° de Instrucción de San Salvador, el excabo de la Guardia Nacional, José Dimas Valle Acevedo, de 64 años de edad condenado el 25 de febrero de 1986 a 30 años de prisión por el homicidio doloso del presidente del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) José Rodolfo Viera, y los norteamericanos Michael Peter Hammer y Mark David Pearlman, ocurrida el 3 de enero de 1981.
La captura de Valle, ocurrida el sábado 16 de febrero ocurrió luego que el juzgado ordenara a petición de la Fiscalía General de la República la reapertura del caso y girara orden de captura en su contra basado en la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en julio de 2016.
Este día fue presentado y el Juzgado a través de un acta dio por recibido al condenado y ordenó que sea resguardado por el momento en las bartolinas del Centro Judicial Isidro Menéndez, en espera que la Dirección de Centros Penales designe un centro penal y que continúe la condena.
Junto a Valle fue condenado Santiago Gómez González a la cantidad de 12 años por cada víctima, totalizando 36 años, no obstante según el Código Penal derogado, las condenas no podían excederse de 30 años. Cuando fue puesto en libertad a raíz de la aprobación de la ley de amnistía Valle Acevedo ya había purgado 5 años, 2 meses y 15 días de prisión.
Los ex Guardias Nacionales fueron sentenciados por su participación en la muerte del Presidente del ISTA y dos sindicalistas norteamericanos ocurrida a las 11 de la noche del 3 de enero de 1981 cuando las victimas departían en una mesa del Salón Las Américas del Hotel El Salvador Sheraton. Los sujetos ingresaron con armas de fuego y ametrallaron a las victimas ocasionándole la muerte en el lugar. El caso aparece registrado en el informe de la Comisión de la Verdad.
Por este hecho fueron también acusados Ricardo Sol Meza, Hans Achin Walter Crist, Rodolfo Isidro López Sibrián, Eduardo Ernesto Alfonso Ávila Ávila, pero no se logró establecer su participación en los hechos punibles por lo que fueron sobreseídos provisionalmente el 16 y 2 de diciembre de 1981.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
