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Banco Davivienda otorga a autoridades de gobierno importante donativo de $300 mil con el eslogan “Cuidemos a los que nos Cuidan”
Esta mañana de sábado el ministro de Salud, Francisco Alabí y el comisionado Presidencial, Luis Rodríguez, firmaron un importante convenio que consiste en un donativo por $300 mil de parte de Davivienda El Salvador, el cual será destinado al personal médico que está en primera línea del combate a la pandemia del COVID-19.
“La pandemia marcará la historia en el mundo y hoy, todos los esfuerzos para combatir el COVID-19 deben centrarse en apoyar al personal médico. Es complaciente recibir este apoyo para nuestro personal de Salud”, dijo el ministro Alabí.
Agregando que “la donación de Banco Davivienda El Salvador es grato pues es una muestra de agradecimiento hacia todo el personal de Salud que está en la primera línea de combate contra el virus”.
Por su parte, el comisionado Presidencial expresó que cuando el Presidente Bukele solicitó la búsqueda de ayuda, una de las primeras empresas que respondieron al llamado fue el Banco Davivienda.
“Hagamos una sola iniciativa y dar un gran aporte a los médicos, enfermeras y demás personal de Salud que ahora lo necesitan. Hay que ofrecer un gran aporte a todos que laboran en el área de Salud”, reiteró el comisionado Rodríguez.
De acuerdo con las autoridades, estos fondos permitirán comprar más equipos para proteger a todo el personal de salud.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
Un aparatoso accidente de tránsito se registró este jueves en el distrito de San Miguel, cuando un microbús que circulaba a excesiva velocidad se estrelló contra el muro perimetral de una vivienda en la zona de Chirilagua.
El siniestro fue captado por la cámara de seguridad de la propiedad afectada, y en las imágenes se observa cómo el vehículo se aproxima a gran velocidad antes de impactar violentamente contra la estructura.
Según testigos, el microbús trasladaba a varios maestros que se dirigían hacia el centro escolar donde laboran. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales, pero las autoridades investigan las causas del accidente y si hubo personas lesionadas.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
