Judicial
ATENCIÓN: Juzgado emite difusión roja contra Mauricio Funes y otros
La difusión roja fue ordenada contra los seis procesados en el caso «Corruptela» en el que está involucrado el ex presidente de la República, Carlos Mauricio Funes Cartagena, quien está acusado de cohecho activo.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, a petición de la Fiscalía General de la República fue quien ordenó la difusión roja para la búsqueda y ubicación de los procesados.
La difusión roja es contra Funes, al igual que contra los prófugos Aldo Vinicio Parducci Meléndez, José Aquiles Enrique Rais López, Hugo Ernesto Rais Flores, Francisco José Paredes Valladares y Edgar Isaías Márquez Argueta.
En el caso de Parducci está acusado por cohecho activo y falsedad ideológica; mientras que Rais López y Rais Blanco por cohecho activo, y los exfiscales Parada y Márquez por omisión en la investigación y falsedad documental agravada.
La difusión roja ha sido notificada a la Interpol en El Salvador, para que esta oficina realice los trámites correspondientes ante los 190 países miembros.
En el denominado caso “Corruptela” son procesados 30 imputados a quienes Fiscalía General de la República (FGR) acusa de diversos delitos en perjuicio de la administración pública, la administración de justicia, la fe pública, el orden socioeconómico y de los derechos y garantías fundamentales de los señores Mario Calderón y René Medrano.
Supuestamente los hechos fueron cometidos cuando Luis Antonio Martínez fungió como Fiscal General de la República, durante el período del 4 de diciembre de 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Al parecer el exfiscal Martínez, quien es el único que guarda prisión por este caso, recibió dádivas o ventajas económicas de parte de Aldo Vinicio Parducci, esto con el fin de obtener una otorgación de un contrato de arrendamiento de inmueble en donde funcionaría como archivo de la FGR. Parducci entregó a Martínez la cantidad de 220 mil dólares simulando un préstamo con garantía hipotecaria.
En otro caso el ex presidente de la República Mauricio Funes otorgó dádivas al exfiscal Martínez, para favorecerlo y evitar ser investigado en los casos: de la presa El Chaparral y la Tregua. Presuntamente habría recibido de parte del exmandatario cinco vehículos y sobresueldo hasta por 15 mil dólares.
Así también los imputados Enrique Rais López y Hugo Blanco Rais habrían proporcionada al exfiscal 96 viajes aéreos, cuatro vehículos y dinero en efectivo a cambio de recibir beneficios en tres procesos en los que ellos estaban en calidad de demandados y promoviendo seis casos penales contra terceras personas.
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a Salvador Alvarado Navarrete a 25 años de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de J. R. A. L.
El hecho ocurrió el 1 de junio de 2021, a las 9:00 p. m., cuando la víctima se encontraba sentada en una acera cercana al Hospital Nacional Rosales. En ese momento, Alvarado Navarrete, acompañado de otros sujetos, se acercó a la víctima. Al verlos que llevaban armas corto punzantes, la víctima intentó huir.
Según la declaración anticipada de un testigo presencial, los sujetos lo golpearon y lo tiraron al suelo, donde le ocasionaron una serie de lesiones con un corvo, un destornillador y un hacha. Se identificó a Salvador Alvarado como la persona que utilizó el corvo.
La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador convocó a las partes para el 29 de noviembre, fecha en la que se dará a conocer el fallo oral del proceso por enriquecimiento ilícito promovido contra el exdiputado por el partido del FMLN, Othón Sigfrido Reyes Morales, y su núcleo familiar, demandados por no haber podido justificar la cantidad de $472,464.04.
Las partes expusieron este viernes sus alegatos finales. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a las magistradas que se declare la existencia del enriquecimiento ilícito sin justa causa, y que los demandados sean condenados a devolver al Estado la siguiente cantidad: $459,714.04 en el caso de Reyes Morales, $12,000 a su cónyuge, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, y $750 a su hijo, Luis Damián Reyes Rodríguez.
Los montos reclamados corresponden a presuntas irregularidades encontradas en los rubros de depósito en efectivo, pago de tarjetas de crédito, compras de inmuebles y vehículos, entre otros. Para la FGR, se desconoce el origen lícito de estas cantidades, durante tres períodos en que Reyes fue diputado propietario, del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015.
Por su parte, los apoderados de los demandados solicitaron que se tenga por acreditada las fuentes de ingreso que son de origen lícito de cada una de las supuestas irregularidades, argumentando que la perito judicial no tomó en cuenta las condiciones personales de los demandados como la venta de inmuebles, bonificaciones, entre otros ingresos. Además, en relación con los viáticos, no tomó en cuenta toda la legislación que establece el cómo se dividen (viáticos, gastos de terminales y gastos de viajes), así como el monto diario y quienes aprueban las misiones oficiales.
El juez uno del Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador desarrolló la audiencia especial de imposición de medidas donde decretó la instrucción formal con la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional a 21 personas que fueron capturadas a principios del mes en la comunidad Tutunichapa, en San Salvador. Se les acusada de delitos como tráfico de drogas, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, así como incumplimiento de deberes, revelación de hechos, actuaciones, documentos y datos secretos por empleado oficial, y agrupaciones ilícitas.
Según la acusación, esta estructura de narcomenudeo operaba en San Salvador y distintos mercados de los distritos de Apopa, Soyapango, Ilopango, y departamentos de la zona oriental del país, se le asocia a cuatro células lideradas por Edgardo Bruno Ventura, alias “El Brother”, “Patrón” o “Bruno”, conocido como el “Rey de Mariona”.
La Fiscalía sostiene que los sujetos eran los encargados de la comercialización y distribución de droga como marihuana, cocaína y crack. En la estructura investigada desde 2022, los acusados mantenían la jerarquía de líderes, logísticos, proveedores, distribuidores, vendedores, revendedores, colaboradores e informantes.
Durante la audiencia, el juzgador valoró las pruebas indiciarias presentadas por la Fiscalía General de la República como escuchas telefónicas, actas de entrevista de agentes captores y perfiles delincuenciales que arrojan preliminarmente la posible existencia del delito y la probable participación de cada uno de los imputados, por lo que ordenó que el caso continué en investigación en la etapa de instrucción por un plazo de seis meses.
