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ATENCIÓN: Juzgado emite difusión roja contra Mauricio Funes y otros
La difusión roja fue ordenada contra los seis procesados en el caso «Corruptela» en el que está involucrado el ex presidente de la República, Carlos Mauricio Funes Cartagena, quien está acusado de cohecho activo.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, a petición de la Fiscalía General de la República fue quien ordenó la difusión roja para la búsqueda y ubicación de los procesados.
La difusión roja es contra Funes, al igual que contra los prófugos Aldo Vinicio Parducci Meléndez, José Aquiles Enrique Rais López, Hugo Ernesto Rais Flores, Francisco José Paredes Valladares y Edgar Isaías Márquez Argueta.
En el caso de Parducci está acusado por cohecho activo y falsedad ideológica; mientras que Rais López y Rais Blanco por cohecho activo, y los exfiscales Parada y Márquez por omisión en la investigación y falsedad documental agravada.
La difusión roja ha sido notificada a la Interpol en El Salvador, para que esta oficina realice los trámites correspondientes ante los 190 países miembros.
En el denominado caso “Corruptela” son procesados 30 imputados a quienes Fiscalía General de la República (FGR) acusa de diversos delitos en perjuicio de la administración pública, la administración de justicia, la fe pública, el orden socioeconómico y de los derechos y garantías fundamentales de los señores Mario Calderón y René Medrano.
Supuestamente los hechos fueron cometidos cuando Luis Antonio Martínez fungió como Fiscal General de la República, durante el período del 4 de diciembre de 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Al parecer el exfiscal Martínez, quien es el único que guarda prisión por este caso, recibió dádivas o ventajas económicas de parte de Aldo Vinicio Parducci, esto con el fin de obtener una otorgación de un contrato de arrendamiento de inmueble en donde funcionaría como archivo de la FGR. Parducci entregó a Martínez la cantidad de 220 mil dólares simulando un préstamo con garantía hipotecaria.
En otro caso el ex presidente de la República Mauricio Funes otorgó dádivas al exfiscal Martínez, para favorecerlo y evitar ser investigado en los casos: de la presa El Chaparral y la Tregua. Presuntamente habría recibido de parte del exmandatario cinco vehículos y sobresueldo hasta por 15 mil dólares.
Así también los imputados Enrique Rais López y Hugo Blanco Rais habrían proporcionada al exfiscal 96 viajes aéreos, cuatro vehículos y dinero en efectivo a cambio de recibir beneficios en tres procesos en los que ellos estaban en calidad de demandados y promoviendo seis casos penales contra terceras personas.
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Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador
Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
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Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó prisión preventiva para Jorge Alberto González, acusado de electrocutar a su hijastro de 19 años, tras concluir la audiencia inicial del proceso penal.
La Fiscalía General de la República le imputa los delitos de simulación de delito, fraude procesal y homicidio agravado, para los cuales presentó indicios suficientes para iniciar el proceso judicial.
Según la acusación, el hecho ocurrió el 19 de marzo de 2025 en un mesón ubicado en la 12ª Calle Poniente y Avenida Cuscatlán, donde González, mecánico soldador, presuntamente conectó a su hijastro a un aparato eléctrico, provocándole una descarga para simular un suicidio, y luego huyó con el equipo utilizado.
El 21 de marzo, el acusado regresó al lugar y reportó a las autoridades el hallazgo del cuerpo. La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la muerte fue producto de un homicidio y no un suicidio.
El juzgado concluyó que la evidencia inicial presentada por el ministerio público era suficiente para dictar la prisión provisional contra González.
El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó que el abogado Salvador Enrique Anaya Barraza permanezca en detención provisional mientras su caso avanza a la siguiente etapa del proceso penal.
La Fiscalía General de la República lo acusa por el delito de lavado de dinero y activos, cometido presuntamente entre los años 2015 y 2024. El proceso fue judicializado el pasado sábado bajo régimen de reserva total, por lo que ninguna de las partes puede proporcionar detalles adicionales del expediente.
Según la legislación salvadoreña, el delito de lavado de dinero contempla penas de entre cinco y 15 años de prisión. Este delito incluye operaciones financieras u omisiones destinadas a ocultar el origen ilícito de bienes provenientes de actividades delictivas.
Durante la audiencia inicial, el abogado defensor Jaime Quintanilla afirmó que el proceso se desarrolló con normalidad y que la defensa presentó los elementos que respaldan la inocencia de su cliente.
