Nacionales
ASTRAM denuncia a un regidor y a un asesor de la alcaldía de San Salvador por supuestamente estar involucrados en negocios al margen de la ley
La Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM) por medio de su red social de Twitter denunció que dos regidores de la Alcaldía de San Salvador estarían en medio de negocios oscuros para tener beneficio personal.
ASTRAM reveló que los involucrados serían Gustavo Moreno, de quien señalan que es asesor personal del alcalde Ernesto Muyshondt y el quinto regidor Eduardo Quiñonez.
En el breve mensaje los miembros de la Asociación dicen: “Estos dos personajes son parte de la mafia del alcalde Ernesto Muyshondt”, y aseguran que “están saqueando la alcaldía de San Salvador”.
Los sindicalistas los ubica como los que “han trabajado en la estructuración de empresas exprés para que les regresen el dinero en efectivo y de esa manera están engordando sus empresas familiares”.
En esa misma línea dicen que: “Estos mismos sujetos también son los que están robando el dinero de los trabajadores”.
En ese sentido ASTRAM se compromete en dar más información este jueves, aunque declinaron adelantar si sería por redes sociales o por medio de un escrito en la Fiscalía General de la República (FGR) para que se judicialice el caso.
Por su parte el ministro de Trabajo Rolando Castro, sobre este caso se refirió a que la alcaldía de San Salvador se habría convertido en una «cloaca».
“actualmente es la cloaca de corruptos, asesinos y delincuentes, la justicia llega y les debe caer el peso de la ley, iniciando con el alcalde negociador con grupos criminales”, puntualizó Castro.
La jueza dos del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso una condena de 397 años de prisión a Pedro Melara Romero, alias Caballo, por los delitos de proposición y conspiración en homicidio agravado, extorsión agravada, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, además de agrupaciones ilícitas, en perjuicio de la paz pública.
Asimismo, Wilfredo Alonso Mancía Alberto, alias Frijol, fue condenado a 180 años de cárcel por proposición y conspiración en homicidio agravado, privación de libertad, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
De igual forma, Miriam Elizabeth Gutiérrez, alias La Miriam, recibió una pena de 109 años de prisión por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
En total, otras 44 personas fueron sentenciadas con penas que van desde tres hasta 94 años de prisión.
De acuerdo con la Fiscalía, todos forman parte de la hengla Sexta Quebranta Huesos Locos Sureños, perteneciente a la pandilla 18 Sureños, que operaba en diversos sectores de San Salvador Centro.
Entre los condenados se encuentran cuatro líderes de la clica, entre ellos:
•José David Ayala Renderos, alias Morro, corredor de cancha de las canchas Modelo 2 y 3.
•Alias Caballo, como corredor de tribu.
•Hugo Armando Chávez Murcia y Jonathan Ernesto Hernández Vides, alias Yoster, ambos palabreros de la estructura.
Ismael Alexander Hernández Rivera, alias Saiper, es un pandillero de la 18S que venía en un vuelo comercial desde México.
Equipos policiales fueron notificados por la oficina de atención ciudadana de la terminal aeroportuaria.
Es miembro de la clica Tiny Locos Sureños del distrito de Jiquilisco, Usulután Oeste.
Posee varios tatuajes de su pandilla.
Una pandillera de la MS fue condenada a 245 años de cárcel por los delitos de extorsión agravada y agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública.
Se trata de Claudia Margarita Juárez, quien era parte de la clica Viroleños Locos Salvatruchos.
Recibió la pena por parte del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, jueza dos.
Juárez fue hallada culpable de cobrar extorsiones a empresarios del transporte público del distrito de Zacatecoluca, en el municipio de La Paz Este.
Tambien, Manuel Antonio Martínez Mena, alias ‘Yegua’, fue condenado a 240 años de prisión por el delito de extorsión agravada.
Juárez y Mena operaban como parte de la clica Viroleños Locos Salvatruchos de la MS-13.
El tribunal dio por acreditados 24 casos de extorsión, ocurridos entre 2018 y 2019, mediante los cuales las víctimas fueron obligadas a entregar sumas de dinero bajo amenazas.
