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Asamblea Legislativa aprueba reformas de voto en el exterior, sin tomar en cuenta propuesta del Órgano Ejecutivo
Diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron este 16 de enero, con 75 votos y 4 abstenciones, las reformas a Ley Especial para el Ejercicio del Voto desde el Exterior; ello, sin tomar en cuenta la propuesta del Ejecutivo que recientemente se presentó.
Ante esta acción del Legislativo, el Presidente Nayib Bukele reaccionó en su cuenta personal de Twitter, pues afirma que con dicha reforma no se le está dando solución a aquellos obstáculos que ha sufrido el voto de los salvadoreños en el exterior.
Asimismo, el mandatario asegura que la reformas viola la sentencia de la Sala de lo Constitucional, ya que los salvadoreños no podrán ejercer el sufragio para elegir alcaldes y sus consejos municipales.
Algunos diputados de la Asamblea Legislativa, como Jorge Mazariego, están conscientes que es posible que el dictamen sea vetado por el presidente Bukele, «pero lo importante es que por primera vez en este Palacio Legislativo se está reconociendo el voto en el extranjero -para diputaciones» afirmó el legislador.
El diputado Juan Martel, criticó que el dictamen no contempla la participación de salvadoreños en el exterior en las elecciones municipales y aseguró que el método utilizado actualmente es obsoleto y poco efectivo, ya que en las pasadas elecciones hubieron varios salvadoreños que residen en otros países que denunciaron inconsistencias en el proceso para poder ejercer debidamente con su voto.
Por su parte, el Presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, no estuvo de acuerdo con el dictamen, pues considera que «hay elementos que se pueden afinar», por lo que decidió abstener su voto.
Mientras que el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, anticipó desde su perfil oficial de Twitter, a los salvadoreños en el exterior, que harán uso de los recursos que otorga la Constitución para cumplir la Sentencia de la Sala de lo Constitucional.
En definitiva, la mayoría de legisladores aplaudieron la aprobación de las reformas que permitirán a los salvadoreños en el exterior votar en las elecciones de diputados y del PARLACEN, pero no por los concejos municipales, aunque matizaron sosteniendo que no son todas las enmiendas que a ellos les hubieran gustado.
Por extorsión agravada, Douglas Alexander Gutiérrez, deberá pagar con 12 años de prisión, así lo resolvió el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla. Asimismo, le impuso el pago de $1,500 en concepto de responsabilidad civil y lo declaró en rebeldía, por lo que giró orden de captura inmediata en su contra.
Los hechos se remontan a noviembre de 2014, en el distrito de Aguilares, municipio de San Salvador Norte. Según el expediente judicial, dos imputados con apariencia de pandilleros interceptaron al administrador de una empresa mientras inspeccionaba un inmueble y lo amenazaron con atentar contra la vida de los empleados si la sociedad si no entregaba la suma de $10,000.
Tras la denuncia interpuesta el 8 de diciembre de 2014, las autoridades coordinaron dos entregas controladas de dinero con billetes previamente seriados. Este procedimiento permitió identificar a Gutiérrez y establecer su participación directa en el cobro del dinero exigido, elementos probatorios que resultaron determinantes para que el juzgador estableciera su responsabilidad penal. El otro implicado no forma parte de este proceso judicial.
En otro caso, José Ricardo Salvador Fuentes fue sentenciado a 10 años de prisión por extorsionar a un comerciante migueleño.
La víctima recibió una llamada telefónica, en noviembre de 2011, donde le decían que tenía que pagar quincenalmente la extorsión a la pandilla a cambio de no asesinar a su familia. Por miedo a las amenazas, el comerciante llegó a un acuerdo con los pandilleros y denunció el crimen a la Policía Nacional Civil (PNC) el 21 de noviembre del mismo año.
La PNC realizó seis entregas de dinero controladas, logrando individualizar al procesado el 23 de enero de 2012, cuando recogía la extorsión.
La directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), Linda Amaya, informó en La Entrevista de Noticiero El Salvador que en el 100 % de los casos que han atendido por vulneración a los derechos de la niñez, han buscado la permanencia de los menores de edad en el sistema educativo.
«Durante estos tres años, el 100 % de los casos se ha buscado la restitución de sus derechos, además tienen un seguimiento porque la idea es que deje de haber deserción escolar, no solo es el tema de reincorporar a la educación, sino asegurarnos de que se mantengan dentro del sistema educativo», expresó.
De acuerdo con Amaya, trabajan de manera articulada con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) para dar un seguimiento a los casos de los niños que han sufrido vulneraciones para garantizar su permanencia en las escuelas.
«Es un trabajo que también el Ministerio de Educación lo ha retomado con mucha fuerza y trabajar de manera articulada nos ha permitido ir asegurando seguimientos en esta población», afirmó la titular del Conapina.
Por otra parte, Amaya afirmó que los equipos de la institución han recibido actualizaciones en su formación para fortalecer sus capacidades y dotarlos de herramientas modernas para abordar óptimamente cada caso en el que la niñez salvadoreña se encuentre en riesgo.
«Los equipos del Conapina se han actualizado, hemos contado con el apoyo de organismos que nos han dado herramientas modernas y actuales para poder hacer valoraciones de carácter forense donde ya no te pregunto a ti, pero puedo observar qué es lo que jugás y cómo te expresás para ir determinando si has sido vulnerado», explicó la directora del Conapina.
Amaya recordó que la institución cuenta con 16 juntas de protección a escala nacional y con la línea telefónica gratuita 119 para que los ciudadanos den avisos o denuncien casos de maltratos o abusos a la primera infancia, niñez y adolescencia.
Dos centros educativos del distrito de San Jorge, en San Miguel Oeste, serán renovados con una inversión conjunta que supera los $1.3 millones, como parte del programa nacional de modernización de infraestructura escolar. Las obras corresponden a la Escuela #571, Centro Escolar Cantón Joya de Aventura, y a la Escuela #572, Centro Escolar Caserío El Mogote.
La primera intervención corresponde al Centro Escolar Cantón Joya de Aventura, que atiende a 63 estudiantes desde parvularia hasta básica. El proyecto contempla una inversión de $806,000 para renovar 620 metros cuadrados de infraestructura educativa, bajo la ejecución de la Dirección General de Centros Penales.
Además, se desarrolla la renovación del Centro Escolar Caserío El Mogote, que beneficia a 65 estudiantes y abarca un área de construcción de 412 metros cuadrados. En este caso, la inversión asciende a $535,000.
Las obras en ambos centros incluyen escarificación de paredes para retirar pintura deteriorada, repello y nuevos acabados; nivelación de pisos e instalación de porcelanato de alto tráfico; colocación de ventanas corredizas tipo francesa y sustitución de puertas por modelos metálicos. Asimismo, se renovará la red eléctrica con iluminación LED y ventiladores en cada aula, además de mejoras en los sistemas hidrosanitarios.
El proyecto también contempla obras exteriores como andenes, canchas deportivas, espacios lúdicos y jardines, además de la dotación de mobiliario para estudiantes y docentes, juegos didácticos y áreas de cocina, con el objetivo de garantizar instalaciones modernas, seguras y funcionales para la comunidad educativa.
