Judicial
Aplican Extinción de Dominio a más de $2 millones de dólares por operativo Perú en oriente del país
Personal de la División de Investigación Patrimonial de Extinción de Dominio y Delitos Financieros, en coordinación con la Unidad Especializada en Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la República y delegados del Concejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), proceden a la aplicación de medida cautelar de secuestro sobre la cantidad dineraria de S$ 2, 406,559.82 (Dos millones, quinientos cincuenta y nueve mil dólares, con ochenta y dos centavos) y el vehículo P-526411, según detalle:
• En el depto. De La Unión en Institución Financiera
$ 159,244.86.
• En el depto. De San Miguel Institución Financiera la cantidad de
$2, 016,368.60.
• En San Francisco Gotera Morazán, Caja de Crédito la Cantidad de $ 835.00.
• En el depto. de San Salvador en instituciones bancarias se impone medida a un total de $231,499.44.
• En Predio FGR, Conchagua, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, al Vehículo p526-411, se le impone medida cautelar de Secuestro.
ANTECEDENTES
En fecha 19 de octubre de 2012 se desarrolla investigación de realizar investigación en contra de los señores Jaime Adalberto Flores Batres y Sonia Maricel Amaya Márquez, por los delitos de Casos Especiales de Lavado Dinero y de Activos y Lavado de Dinero. Posteriormente la investigación se amplía a 14 personas, quienes forman parte del núcleo familiar de los señores Flores Batres y Sonia Maricel Amaya.
Como resultado de dicha investigación, en fecha 7 de julio de 2016 la DIPEDDF-PNC, conjuntamente con la UIF-FGR realizaron el operativo denominado “PERÚ”, en los Municipios de San Carlos y San Francisco Gotera Morazán, Y Chapeltique de San Miguel; realizando registros y logrando la detención mediante orden administrativa de la señora Jesús Anabel Flores Batres, por el delito de Lavado de Dinero y de Activos, y se procedió a la incautación del automóvil, placas P-526-411 Toyota Prado, año 2013, a nombre de María Verónica Rodríguez de Flores. Asimismo, se giraron órdenes administrativas de detención en contra: Jaime Adalberto Flores Batres, Sonia Maricel Amaya Márquez, Sandra Yasmin Flores, Elías Geovanny Flores Batres, María Verónica Rodríguez Rivera o María Verónica Rodríguez de Flores, Rosa Delmy Amaya Márquez, Rosa Batres Viuda de Flores, por atribuirse delitos relacionados con Lavado de Dinero y de Activos.
De acuerdo a información previa, los señores Jaime Adalberto Flores Batres y Sonia Maricel Amaya Márquez, aducían tener proyectos de construcción en la República de Perú, a través de la empresa JARA GROUP SAC, la cual tenía contratos en dicho país.
Es pertinente referir también que en fecha 19 de marzo 2019 se realizó una primera fase de este operativo, en la cual se cautelaron 16 inmuebles en el oriente del país, con fines de extinción de dominio, los cuales fueron entregados al CONAB para su administración, y se le impuso anotación preventiva a otros 5 inmuebles. Tanto los inmuebles como el dinero, pasan a ser administrados por el CONAB mientras se desarrolla el proceso judicial en el Tribunal Especializado en Extinción de Dominio.
Judicial
Entre lágrimas, integrantes de la Barra Brava del Alianza se despiden de sus familiares tras ser llevados a prisión
Los 13 integrantes de la Barra Brava del Alianza Fútbol Club fueron enviados a prisión tras ser procesados por los delitos de daños y desórdenes públicos.
Durante su traslado, algunos de los imputados se dirigieron a sus familiares que los esperaban afuera del Juzgado de Paz de San Juan Opico, en La Libertad. “Tranquila, mi amor, todo va a estar bien, Dios sabe lo que hace”, dijo uno de ellos mientras abordaba el vehículo policial.
Los procesados son acusados de atacar con piedras y botellas un bus que transportaba a aficionados del FAS, el pasado 25 de octubre, hecho que dejó varias personas lesionadas y daños materiales.
Bajo custodia policial y esposados, los miembros de la barra fueron trasladados a un centro penal, mientras continúa la fase de instrucción del caso.
#CRONIO Entre lágrimas y abrazos, familiares despidieron a los 13 miembros de la Barra Brava del Alianza F.C., trasladados a un centro penal tras la audiencia inicial por los delitos de daños y desórdenes públicos, relacionados con los disturbios ocurridos el pasado 25 de… pic.twitter.com/KKTWssq0if
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 12, 2025
Judicial
14 integrantes de la Barra Brava del Alianza enfrentan audiencia por ataque a bus de aficionados del FAS
Este martes, se desarrolla audiencia inicial en contra de 14 integrantes de la Barra Brava del Alianza Fútbol Club, acusados de realizar actos de intolerancia en la vía pública, el pasado 25 de octubre.
Los involucrados lanzaron botellas de vidrio, piedras y otros objetos a un bus que transportaba a seguidores del FAS, después de la disputa de un partido entre ambos equipos.
Este hecho dejó a varias personas lesionadas.
Hemos procedido a la captura de los responsables del ataque contra un autobús que transportaba aficionados del equipo de fútbol FAS.
Todos los detenidos son aficionados del Alianza.
El hecho se registró esta tarde sobre el paso a desnivel del desvío de San Juan Opico, en… pic.twitter.com/08PMLBQbdF
— PNC El Salvador (@PNCSV) October 26, 2025
Todos son procesados por los siguientes delitos:
Desórdenes públicos agravados
Daños agravados
Lesiones
La audiencia se lleva a cabo ante el Juzgado de Paz de San Juan Opico, La Libertad Centro.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una condena de 12 años y seis meses de cárcel a José Melvin Rivera Ortega, tras comprobarse su responsabilidad en un caso de violación agravada continuada ocurrido en un hospedaje de Guazapa, San Salvador Norte.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador declaró culpable a José Melvin Rivera Ortega y lo condenó a 12 años y seis meses de prisión por el delito de violación agravada en la modalidad de delito continuado.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos ocurrieron el 19 de diciembre de 2024 en un hospedaje del distrito de Guazapa, municipio de San Salvador Norte, donde el imputado llevó a la víctima bajo engaños.
Una vez en el lugar, Rivera Ortega amenazó a la víctima con una navaja y la agredió sexualmente en varias ocasiones, manteniéndola retenida hasta el día siguiente. La mujer logró escapar y acudió a la Unidad de la Mujer de la Policía Nacional Civil (PNC) de Chalatenango, donde relató lo sucedido y formalizó la denuncia con apoyo de las autoridades fiscales.
Tras la valoración de las pruebas presentadas, el tribunal determinó la culpabilidad del procesado y, además de la pena de prisión, lo condenó al pago de $960 en concepto de responsabilidad civil.
En un caso similar, el pasado 30 de octubre, el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de cárcel a Alexis Hernández, quien fue declarado culpable de abuso sexual agravado contra una menor en el municipio de Santo Tomás, al sur de San Salvador.
Según la investigación, Hernández contactó a la víctima mediante redes sociales, la engañó para que se reuniera con él y la retuvo en su vivienda, donde la agredió sexualmente durante dos días. La menor denunció los hechos tras contarle a su madre lo ocurrido.
Ambos casos refuerzan los esfuerzos del sistema judicial salvadoreño por garantizar justicia para las víctimas de violencia sexual y aplicar sanciones ejemplares a los agresores.
