Judicial
Aplican Extinción de Dominio a más de $2 millones de dólares por operativo Perú en oriente del país
Personal de la División de Investigación Patrimonial de Extinción de Dominio y Delitos Financieros, en coordinación con la Unidad Especializada en Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la República y delegados del Concejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), proceden a la aplicación de medida cautelar de secuestro sobre la cantidad dineraria de S$ 2, 406,559.82 (Dos millones, quinientos cincuenta y nueve mil dólares, con ochenta y dos centavos) y el vehículo P-526411, según detalle:
• En el depto. De La Unión en Institución Financiera
$ 159,244.86.
• En el depto. De San Miguel Institución Financiera la cantidad de
$2, 016,368.60.
• En San Francisco Gotera Morazán, Caja de Crédito la Cantidad de $ 835.00.
• En el depto. de San Salvador en instituciones bancarias se impone medida a un total de $231,499.44.
• En Predio FGR, Conchagua, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, al Vehículo p526-411, se le impone medida cautelar de Secuestro.
ANTECEDENTES
En fecha 19 de octubre de 2012 se desarrolla investigación de realizar investigación en contra de los señores Jaime Adalberto Flores Batres y Sonia Maricel Amaya Márquez, por los delitos de Casos Especiales de Lavado Dinero y de Activos y Lavado de Dinero. Posteriormente la investigación se amplía a 14 personas, quienes forman parte del núcleo familiar de los señores Flores Batres y Sonia Maricel Amaya.
Como resultado de dicha investigación, en fecha 7 de julio de 2016 la DIPEDDF-PNC, conjuntamente con la UIF-FGR realizaron el operativo denominado “PERÚ”, en los Municipios de San Carlos y San Francisco Gotera Morazán, Y Chapeltique de San Miguel; realizando registros y logrando la detención mediante orden administrativa de la señora Jesús Anabel Flores Batres, por el delito de Lavado de Dinero y de Activos, y se procedió a la incautación del automóvil, placas P-526-411 Toyota Prado, año 2013, a nombre de María Verónica Rodríguez de Flores. Asimismo, se giraron órdenes administrativas de detención en contra: Jaime Adalberto Flores Batres, Sonia Maricel Amaya Márquez, Sandra Yasmin Flores, Elías Geovanny Flores Batres, María Verónica Rodríguez Rivera o María Verónica Rodríguez de Flores, Rosa Delmy Amaya Márquez, Rosa Batres Viuda de Flores, por atribuirse delitos relacionados con Lavado de Dinero y de Activos.
De acuerdo a información previa, los señores Jaime Adalberto Flores Batres y Sonia Maricel Amaya Márquez, aducían tener proyectos de construcción en la República de Perú, a través de la empresa JARA GROUP SAC, la cual tenía contratos en dicho país.
Es pertinente referir también que en fecha 19 de marzo 2019 se realizó una primera fase de este operativo, en la cual se cautelaron 16 inmuebles en el oriente del país, con fines de extinción de dominio, los cuales fueron entregados al CONAB para su administración, y se le impuso anotación preventiva a otros 5 inmuebles. Tanto los inmuebles como el dinero, pasan a ser administrados por el CONAB mientras se desarrolla el proceso judicial en el Tribunal Especializado en Extinción de Dominio.
Judicial
Pareja que agarró a patadas a agentes de tránsito por una multa, deberá acudir a terapia sicológica
Josué Misael M. y Ana María B. M. fueron condenados a un año de suspensión condicional del proceso tras agredir física y verbalmente a agentes de tránsito el pasado domingo.
Los hechos ocurrieron cuando los agentes procedieron a multar a la pareja por obstruir el paso frente a un garaje. Al intentar retirar las placas del vehículo, los imputados reaccionaron de manera violenta, propinando patadas a los agentes e insultándolos.
Ante estos hechos, las autoridades procedieron a la detención de ambos. Posteriormente, el Juzgado Segundo de Paz de San Martín celebró una audiencia en la que los imputados aceptaron los cargos por el delito de resistencia.
Como parte de la sentencia, el juez impuso a la pareja reglas de conducta, entre ellas la obligación de asistir a terapia psicológica para el control de la ira y la prohibición de cambiar de domicilio.
Judicial
Tribunal condena a Erick Sánchez a 35 años de cárcel por homicidio agravado en San Salvador
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 35 años de prisión a Erick Daniel Sánchez Liévano por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Ana A. Asimismo, lo condenó al pago de la responsabilidad civil en abstracto.
El hecho ocurrió en San Salvador el 16 de febrero de 2019, en horas de la mañana. Uno de los testigos declaró haber recibido una llamada telefónica de su madre, quien le informó que la habían subido a un vehículo y luego la comunicación se cortó. Posteriormente, un sujeto llamó exigiéndole 10 mil dólares o, de lo contrario, matarían a su madre. El familiar llamó inmediatamente al Sistema de Emergencias 911 para denunciar el secuestro.
Ese mismo día, a las 4:30 de la tarde, el testigo recibió otra llamada donde le reiteraron que no se trataba de una broma. A la mañana siguiente, volvieron a llamar para comunicarles que el plazo había vencido.
Luego de localizar el cuerpo, la autopsia determinó que Ana falleció el 16 de febrero y que presentaba heridas por arma blanca en el cuello, tórax y abdomen.
Al momento de la captura de Sánchez, se le incautaron dos teléfonos celulares. Se demostró que uno de los números telefónicos estuvo en el lugar del hecho y que fue utilizado para realizar las llamadas a los familiares de la víctima, exigiendo el pago del rescate.
La Fiscalía General de la República logró que la Cámara Ambiental de Santa Tecla admitiera la totalidad de las pruebas presentadas en contra del exdiputado del FMLN Guillermo Francisco Mata Bennet y sus dos hijos, procesados por enriquecimiento ilícito, al no poder justificar el incremento de su patrimonio por un monto de $271,314.75 dólares.
A Mata Bennet, que fungió como diputado en los periodos 2012-2015 y 2015-2018, se le señalan inconsistencias por un monto de $13,270.00 dólares.
A Guillermo Eduardo Mata Mayorga, se le señalan $251,685.80 dólares.
A Jorge Alberto Mata Mayorga, se le reclaman $6,358.85 dólares. En total, son 15 irregularidades en depósitos bancarios, pago de préstamos hipotecarios, pago de tarjetas de crédito, compra de vehículos, entre otros, que no pudieron justificar.
