Judicial
Aplican Extinción de Dominio a más de $2 millones de dólares por operativo Perú en oriente del país
Personal de la División de Investigación Patrimonial de Extinción de Dominio y Delitos Financieros, en coordinación con la Unidad Especializada en Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la República y delegados del Concejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), proceden a la aplicación de medida cautelar de secuestro sobre la cantidad dineraria de S$ 2, 406,559.82 (Dos millones, quinientos cincuenta y nueve mil dólares, con ochenta y dos centavos) y el vehículo P-526411, según detalle:
• En el depto. De La Unión en Institución Financiera
$ 159,244.86.
• En el depto. De San Miguel Institución Financiera la cantidad de
$2, 016,368.60.
• En San Francisco Gotera Morazán, Caja de Crédito la Cantidad de $ 835.00.
• En el depto. de San Salvador en instituciones bancarias se impone medida a un total de $231,499.44.
• En Predio FGR, Conchagua, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, al Vehículo p526-411, se le impone medida cautelar de Secuestro.
ANTECEDENTES
En fecha 19 de octubre de 2012 se desarrolla investigación de realizar investigación en contra de los señores Jaime Adalberto Flores Batres y Sonia Maricel Amaya Márquez, por los delitos de Casos Especiales de Lavado Dinero y de Activos y Lavado de Dinero. Posteriormente la investigación se amplía a 14 personas, quienes forman parte del núcleo familiar de los señores Flores Batres y Sonia Maricel Amaya.
Como resultado de dicha investigación, en fecha 7 de julio de 2016 la DIPEDDF-PNC, conjuntamente con la UIF-FGR realizaron el operativo denominado “PERÚ”, en los Municipios de San Carlos y San Francisco Gotera Morazán, Y Chapeltique de San Miguel; realizando registros y logrando la detención mediante orden administrativa de la señora Jesús Anabel Flores Batres, por el delito de Lavado de Dinero y de Activos, y se procedió a la incautación del automóvil, placas P-526-411 Toyota Prado, año 2013, a nombre de María Verónica Rodríguez de Flores. Asimismo, se giraron órdenes administrativas de detención en contra: Jaime Adalberto Flores Batres, Sonia Maricel Amaya Márquez, Sandra Yasmin Flores, Elías Geovanny Flores Batres, María Verónica Rodríguez Rivera o María Verónica Rodríguez de Flores, Rosa Delmy Amaya Márquez, Rosa Batres Viuda de Flores, por atribuirse delitos relacionados con Lavado de Dinero y de Activos.
De acuerdo a información previa, los señores Jaime Adalberto Flores Batres y Sonia Maricel Amaya Márquez, aducían tener proyectos de construcción en la República de Perú, a través de la empresa JARA GROUP SAC, la cual tenía contratos en dicho país.
Es pertinente referir también que en fecha 19 de marzo 2019 se realizó una primera fase de este operativo, en la cual se cautelaron 16 inmuebles en el oriente del país, con fines de extinción de dominio, los cuales fueron entregados al CONAB para su administración, y se le impuso anotación preventiva a otros 5 inmuebles. Tanto los inmuebles como el dinero, pasan a ser administrados por el CONAB mientras se desarrolla el proceso judicial en el Tribunal Especializado en Extinción de Dominio.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
