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Anteriores diputados desfinanciaban el presupuesto general para transferir dinero a las oenegés, advierte exjefe de técnicos legislativos
El exjefe de la Unidad de Asesoría Técnica de la Asamblea Legislativa, Jorge Oswaldo Estrada, declaró en la Comisión Especial que investiga los fondos entregados a oenegés, que los anteriores diputados, pese a no tener iniciativa de ley en materia presupuestaria, decidieron recortar presupuesto de algunas carteras de Estado para trasladar ese dinero a diferentes oenegés.
Estrada, quien laboró en el Órgano Legislativo por 30 años, aseguró que esta práctica, de entregar fondos a organismos no gubernamentales, no estaba regulada en ninguna ley ni en reglamento y se hacía “por costumbre”, según acuerdos a los que llegaban los diputados.
El diputado de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, cuestionó al exempleado de la Asamblea sobre el método bajo el que los anteriores legisladores otorgaban los fondos a estas oenegés.
De acuerdo a Estrada, algunas organizaciones ya venían incorporadas en el presupuesto, otras se incorporaban luego que la junta directiva entregaba una lista con los nombres de instituciones a las que se iba a beneficiar, y posteriormente se solicitaba su incorporación durante las sesiones plenarias.
“Usted nos deja claro que no se discutía en la comisión (asignación de fondos), se lo daban en el pleno. Sí estos eran recursos públicos, ¿por qué no se manejaron a puerta abierta? “, cuestionó Navarro.
Según Estrada, en una ocasión él se enteró que habían recortado dinero del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y entregarlo para la construcción de una iglesia y una cancha.
La Comisión especial también conoció que cuando Lorena Peña fungió como presidenta de la Asamblea, se eliminó la atribución de la Unidad Técnica de revisar los dictámenes de la Comisión de Hacienda y era directamente la Junta Directiva la responsable del contenido de los documentos.
Además, quedó evidenciado que en la pasada legislatura eran los diputados Mario Ponce, Norman Quijano, Yanci Urbina y Rodolfo Parker a quienes se remitían los dictámenes de Hacienda.
El trabajo de la Comisión especial continúa durante la tarde de este viernes en donde se recibirá a José Armando Pineda, exgerente de operaciones de la Asamblea y a las ex diputadas de la Comisión de Hacienda, Lorena Peña y Carmen Elena Calderón de Escalón.
Tras romper récord de visitantes internacionales en 2025, cuando llegaron a El Salvador 4.1 millones de extranjeros que generaron un derrame económico superior a $3,600 millones, este sector mantiene su dinamismo al inicio de 2026.
Datos del Ministerio de Turismo (Mitur) indican que, en enero pasado, el país recibió 413,000 visitantes internacionales atraídos por la oferta nacional de playas, montañas y el Centro Histórico de San Salvador, entre otros destinos.
«Este es el mes de enero con mayor ingreso de visitantes de los últimos años, es un dato histórico. Estos 413,000 significan alrededor de un 17 % más que en 2025. Hemos iniciado con pie derecho 2026, y significa un 101 % más que en 2019», resaltó la ministra de Turismo, Morena Valdez.
Esta cifra proyecta un crecimiento respecto a los resultados de enero de 2024, que sumaron 350,000 visitantes, es decir, una diferencia de 63,000 ingresos. La estadística oficial indica también que el principal país de procedencia en enero ha sido Estados Unidos, con un 38 %; seguido por Guatemala, con un 28 %; y Honduras, con un 20 %.
De estos, el 56 % llegó al país por vía terrestre, y el 44 % por la aérea. «Aquí vemos como nuestros hermanos centroamericanos, especialmente los guatemaltecos, han aumentado su visita a El Salvador», apuntó la titular. Resaltó que los datos positivos son impulsados por una serie de eventos a lo largo del primer mes de 2026, como varios torneos internacionales de golf, encuentros regionales de básquetbol, fútbol, entre otros.
En cuanto al tiempo de estadía promedio, el registro durante el primer trimestre de este año fue de tres semanas. El turismo se consolida desde 2019 como uno de los principales pilares de la economía, que tuvo como génesis la estrategia ancla Surf City que, en la actualidad, aporta un 10 % del producto interno bruto (PIB) y más 300,000 empleos.
Mientras tanto, el turismo nacional en sitios culturales y naturales públicos fue de 992,000. En este aspecto cabe destacar la marcada preferencia por lugares como el Centro Histórico de San Salvador, Surf City, el Cerro Verde, el parque Balboa y la Costa del Sol.
Respecto a este último parque recreativo, la presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), Eny Aguiñada, informó que en los próximos días se iniciarán las obras de la segunda fase en la que se apostará por el turismo deportivo, una conexión con el estero de Jaltepeque y la construcción de más cabañas.
El turismo interno en 2025 sumó más de 10.2 millones de visitas, según datos oficiales.
Principal
Corte de Cuentas y la SRS apuestan por la excelencia en la formación de servidores públicos
La Corte de Cuentas de la República (CCR) y la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) firmaron una Carta de Entendimiento para establecer un marco de cooperación interinstitucional orientado a fortalecer las capacidades técnicas y profesionales del personal de ambas instituciones, en especial de los auditores y profesionales jurídicos de la Entidad Fiscalizadora Superior.
El acuerdo fue suscrito por el presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa, y el superintendente de Regulación Sanitaria, Noe Geovanni García Iraheta, en un acto que contó con la presencia de los magistrados Julio Guillermo Bendek y José Rodrigo Flores.
Como parte de este entendimiento, la SRS brindará capacitación al personal de la CCR en materia de Derecho Sanitario, así como en la aplicación de la Ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria y su normativa relacionada. Estas acciones buscan fortalecer el conocimiento técnico especializado en el ámbito de la salud.
Por su parte, la CCR, a través de su Centro de Instrucción y Capacitación (CINCAP), incorporará en su oferta formativa contenidos orientados a la función fiscalizadora, los cuales serán impartidos por un banco de formadores con experiencia en diversas especialidades, con el objetivo de capacitar al talento humano de la SRS.
Durante el acto de firma, el presidente de la CCR destacó que este acuerdo “fortalece el ecosistema de gobernanza democrática y reafirma nuestra determinación de impulsar una gestión pública moderna, íntegra y orientada a resultados”.
Con esta Carta de Entendimiento, la CCR y la SRS reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada en el fortalecimiento del talento humano del sector público, contribuyendo a una administración pública más profesional, transparente y eficiente.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
