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Alcaldía de San Salvador tiene medio millón de dólares para pagar publicidad e ignora deuda con proveedores y empleados
La revelación de un memorándum que avaló recientemente una renovación de contrato de publicidad de la alcaldía de San Salvador por aproximadamente medio millón de dólares, contrasta con recientes lamentos del jefe edilicio Ernesto Muyshondt de no contar con fondos para pagar a proveedores y las obligaciones de descuentos que han realizado a empleados de la comuna, que según los denunciantes es de aproximadamente seis millones de dólares.
El contrato por $447,621.30 con la empresa Grupo Barrera cuyo representante legal es Juan Osvaldo Barrera Gómez, fue avalado por el gerente de la UACI, José Armando Bruni Ochoa la tarde de este martes 17 de noviembre.
Si bien el alcalde de San Salvador asegura no tener dinero para el pago de la disposición final de los desechos sólidos, pago de otros proveedores y las obligaciones de los empleados, el jefe del departamento de presupuesto de la alcaldía de San Salvador, William Alexi Medrano Gómez, confirmó a Ana Evangelina Aguilar de Guerra, gerente de comunicaciones de la alcaldía y con copia a Santos Omar Muñoz Gonzáles, director de finanzas, que tiene la disposición de medio millón de dólares que serviría para el pago de los servicios de publicidad.
El documento está fechado con el día miércoles 4 de noviembre del presente mes y cuya circular les fue remitida a los interesados ese mismo día.
Con el referido memorándum se certifica la disponibilidad presupuestaria de medio millón de dólares para la renovación de los servicios de publicidad con Grupo Barrera, donde se pretender proyectar las obras y la imagen de la alcaldía que dirige Muyshondt, debido a que el desembolso se tiene que hacer por adelantado.
La prórroga del contrato surge en medio del inicio de la campaña de alcaldes, diputados y concejales, cuyas elecciones se van a desarrollar el 28 de febrero del 2021.
El alcalde capitalino se ha lamentado de no disponer con fondos para el pago de proveedores, y las retenciones de las prestaciones como ISSS, AFP, renta y cuotas de bancos que se han descontado a decenas de empleados, que según los demandantes oscila a los $6 millones.
La denuncia de los empleados de la comuna de San Salvador, incluso está en manos del Fiscal General de la República, Raúl Melara, quien ha sido criticado por distintos sectores del país por no agilizar el caso contra Muyshondt, miembro del partido ARENA al cual también formó parte Melara en calidad de asesor.
Entre la cláusula principal establece una renovación por diez meses con la empresa Grupo Barrera, en los momentos que la imagen del alcalde Ernesto Muyshondt no tiene el apoyo de los capitalinos, según el reciente sondeos de opinión popular que realizó la Universidad Francisco Gavidia (UFG).
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Denuncian al rector y vicerrectora de la UES por presunto nepotismo, sobornos y malversación
Una denuncia interpuesta ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) coloca bajo escrutinio a las dos principales autoridades de la Universidad de El Salvador (UES). El escrito señala al rector Juan Rosa Quintanilla Quintanilla y a la vicerrectora académica Evelyn Beatriz Farfán Mata por la presunta comisión de actos de nepotismo, soborno y malversación de fondos públicos desde el inicio de su gestión en octubre de 2023.
En su primer apartado, la denuncia solicita esclarecer una posible relación marital entre ambos funcionarios. Según el documento, serían pareja desde hace varios años y estarían casados desde aproximadamente 2023, lo de confirmarse, podría representar un conflicto de interés, debido a la relación jerárquica entre los cargos que ocupan dentro de la institución.
El escrito también menciona que dicha relación no habría sido informada oficialmente, lo que, a criterio de los denunciantes, podría afectar la imparcialidad en la toma de decisiones administrativas en la universidad.
En un segundo punto, la denuncia pide investigar posibles beneficios otorgados por la empresa Huawei, en el marco de contratos vinculados a proyectos tecnológicos en la UES. Entre los señalamientos se incluyen viajes y otros gastos que habrían sido asumidos por la compañía, por lo que se solicita determinar si estos constituyen dádivas prohibidas por la legislación vigente.
Finalmente, el documento expone posibles irregularidades en el uso de fondos públicos asignados a la universidad. Se señala que recursos destinados a investigación científica y fortalecimiento docente no habrían sido ejecutados conforme a lo establecido, por lo que se pide trasladar el caso a la Corte de Cuentas de la República para una auditoría especial que permita verificar el manejo de estos fondos.
Hasta el momento, las autoridades mencionadas no han emitido una postura oficial sobre los señalamientos contenidos en la denuncia.
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Avanzan en levantamiento de información para ejecutar Plan Maestro La Bretaña, en San Martín
El Ministerio de Vivienda informó que equipos técnicos y sociales, con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizan el levantamiento de información para la elaboración del Plan Maestro La Bretaña, en el distrito de San Martín, en San Salvador Este.
De acuerdo con la titular de la institución, Michelle Sol, el proceso incluye un censo comunitario y de vivienda mediante formularios georreferenciados que permitirán recopilar datos clave para la planificación del territorio.
El levantamiento de información se desarrolla en tres niveles:
– Hogar: se evalúan condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios básicos.
– Manzana: se analiza la infraestructura urbana, equipamientos y espacios públicos disponibles.
– Asentamiento: se revisan aspectos como conectividad, riesgos y cobertura de servicios.
Las autoridades señalaron que estos datos permitirán priorizar futuras intervenciones para fortalecer el desarrollo urbano, con un enfoque más ordenado, resiliente y sostenible para las comunidades del sector.
Además, el Sistema de Vivienda destacó que en la zona ya se han impulsado diferentes acciones, entre ellas la construcción de un proyecto de apartamentos, procesos de legalización de comunidades y la edificación de viviendas, como parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones habitacionales de las familias.
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Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
