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Alcalde de San Salvador desafía prevención del MARN y tira basura en planta de transferencia Aragón
La alcaldía de San Salvador, gobernada por el arenero Ernesto Muyshondt, sigue depositando la basura en la planta de transferencia Aragón, pese a que hay una orden de un juzgado ambiental para presentar el permiso respectivo o, en su defecto, el plan de cierre.
Muyshondt admitió a mediados de la semana que ante el cierre del relleno sanitario de Nejapa para los camiones recolectores de San Salvador por una deuda con la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES) sigue depositando basura en la planta Aragón.
“Estamos funcionando con nuestras 72 rutas recolectoras en toda la ciudad. No hay basura en las calles, pero estamos teniendo que depositar en nuestro centro de transferencia en Aragón, que tiene capacidad para un poco más de una semana”, dijo el miércoles.
El sábado, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) recordó que la alcaldía capitalina continúa depositando desechos sólidos en la planta Aragón, pese a la prohibición. “Hacemos un llamado (a las autoridades municipales de San Salvador) a que cumplan con el artículo cuatro del Código Municipal donde está claro que es responsabilidad de las alcaldías la recolección y disposición final de los desechos municipales”, dijo el MARN en su cuenta de Twitter.
La declaración de Muyshondt de que no hay basura en las calles contrastan con la realidad que denuncian habitantes de colonias y barrios de San Salvador, ya que esté fin de semana los promontorios han proliferado en toda la ciudad.
La crisis que enfrenta Muyshondt viene desde hace varios meses, cuando trabajadores de la municipalidad comenzaron a exigir que se paguen las retenciones hechas a sus salarios y que no han sido trasladadas a las instituciones correspondientes.
Como medida de presión, los agremiados en la Asociación de Trabajadores Municipales (ASTRAM) cerraron el paso de los camiones de San Salvador hacia el relleno de Nejapa. La situación se resolvió cuando un juzgado ambiental ordenó el levantamiento de la protesta.
Información importante para todos los Miembros, Fundadores o Activos de la Sociedad de Comerciantes de Industriales Salvadoreños:
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
