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AGRESOR SEXUAL: Hombre hackeaba redes sociales de mujeres para obligarlas a tener sexo con él a cambio de no revelar sus secretos

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Fotos PNC

El sujeto fue detenido en un centro comercial en el que esperaba a una de sus víctimas.

Hombre hackeaba redes sociales de mujeres para obligarlas a tener sexo con él a cambio de no revelar sus secretos

Un hombre que se valía de sus conocimientos en informática fue detenido por las autoridades ya que había obligado a varias mujeres a tener sexo con él a cambio de no revelar secretos que descubría hackeando sus cuentas de redes sociales.

Según el reporte policial, Samuel Alejandro García Carranza, de 26 años, fue capturado cuando esperaba a una de sus víctimas en un reconocido centro comercial de San Salvador.

La mujer lo denunció y será procesado por el delito de acoso sexual y hurto de identidad por haber accedido de manera ilegal a los datos de sus víctimas.

García Carranza fue presentado por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) junto a un hombre que intentó arrollar en dos ocasiones a su pareja, tras una acalorada discusión.

El reporte policial señaló que Ovel Misael González Vásquez, es acusado del delito de feminicidio tentado, ya que intentó matar a su pareja el pasado 7 de febrero, pero fue capturado en esta semana.

Nota tomada de El Salvador Times

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Mujer irá a juicio por intentar asesinar a su expareja con un machete

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Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.

La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.

El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.

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Pasarán al Estado bienes por más de $362,000 confiscados a familia ligada a MS

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El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.

El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.

Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.

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Exdiputado y su esposa son enviados a fase final de juicio por enriquecimiento ilícito

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La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.

La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.

La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.

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