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Abogado ambientalista: “una muestra que las instituciones funcionan, será que caiga sobre el señor Salume el peso de la ley, por la contaminación en su botadero de basura.”

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El abogado Sergio Portillo, dedicado especialmente a los temas ambientales, presentó este día viernes 13 de septiembre una petición ante Fiscalía General de la República, reiterando que esa institución está obligada a ordenar una acusación penal, en contra de Nicolás Adriano Salume Pacas, como representante legal de la sociedad dueña del botadero de basura situado en el Puerto de La Libertad, por haber cometido el delito de Desobediencia de Particulares, al continuar incumpliendo la medida cautelar que le fue impuesta por un Juzgado Ambiental.

De acuerdo al profesional del derecho, a principios de junio de 2019, el Tribunal Ambiental, una vez comprobó que el botadero del Puerto de La Libertad, estaba recibiendo una cantidad de desechos sólidos entre 1,100 a 1,200 toneladas diarias, superior en más del 100 por ciento de la capacidad autorizada para disposición final, que según el permiso ambiental era de un máximo de 500 toneladas diarias a tratar; y ordenó medidas cautelares, entre la que se encontraba la inmediata suspensión de recepción de desechos sólidos por sobre la cantidad que tiene permitido ingresar al botadero para su disposición final. Además que por casi tres años el botadero estuvo operando sin permiso de funcionamiento, con la permisibilidad y tolerancia de la Ex Ministra Lina Pohl, quien todavía tiene pendiente enfrentar a la justicia por esos actos arbitrarios, recordó el abogado.

El hecho denunciado contra el señor Salume, surge en atención que el botadero de basura del Puerto de La Libertad, del cual es dueño el antes mencionado, incumple la medida cautelar y sigue recibiendo desechos sólidos en cantidades superiores a las contenidas en el permiso ambiental. Y recientemente, con el último informe dirigido por el Ministerio de Medio Ambiente, al Tribunal que dictó la medida, se ratifica que continúa desobedeciendo la orden judicial.

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El citado abogado manifiesta que después de la batalla legal que ha llevado por detener la grave contaminación ambiental que comete el Botadero de Basura propiedad del señor Salume, entre la que se encuentra como más preocupante que el sitio de disposición final no está realizan la captación de gases emanados de la basura, a pesar que esa situación era un requisito obligatorio para otorgarles el permiso ambiental. Lo cual significa que gases altamente contaminantes y que pueden producir enfermedades, como el metano y otros metales pesados, no se están destruyendo en el Botadero, sino que están contaminando la atmósfera provocando el efecto invernadero y afectando la salud de los pobladores locales.

Finalmente resalta que espera que las instituciones como el MARN y la Fiscalía, actúen apegados a derecho, ya que le preocupa el tiempo transcurrido sin que se haya solucionado la situación de contaminación ambiental de dicho Botadero. Recordó que desde hace varios meses presentó la solicitud para que se le revoque definitivamente el permiso ambiental al Botadero, por la contaminación ambiental ocasionada en la zona, la cual afecta a los habitantes circunvecinos pero también daña el Ecosistema Marino Costero del principal corredor turístico en el litoral del país. En cuanto a la Fiscalía, confía que tratándose de un delito comprobado, se procederá pronto a presentar acusación contra Nicolás Adriano Salume Pacas, con la imposición de la medida que corresponda, inclusive la detención provisional, pues el Fiscal General de la República, en declaraciones recientes a recordado que “Nadie está por encima de la ley.”

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Autoridades piden seis años de cárcel para diputado desaforado Erick García

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En la exposición de los alegatos finales, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador que condene a seis años de cárcel al diputado desaforado de Nuevas Ideas, Erick García Salguero, por el delito de falsedad ideológica.

Antes de finalizar el juicio los magistrados le dieron el derecho de última palabra al imputado quien pidió consideración en el caso que sea encontrado responsable.

García no quiere seguir en prisión y expresó a la Cámara que si es condenado le sustituyan la pena por una medida alterna, que está dispuesto a someterse a cualquier decisión que le permita estar fuera de la cárcel.

Según la acusación de la Fiscalía, García Salguero cometió el delito cuando en un documento hizo constar que prestó $90,000, pero en las investigaciones se concluyó que esa transacción nunca fue realizada.

Para demostrar el ilícito, el ministerio público presentó como parte de la prueba una pericia consistente en una experticia grafotécnica que confirma que las firmas en los documentos son de García Salguero.

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Exdiputado del FMLN y familia enfrentan juicio por enriquecimiento ilícito

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La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador ha iniciado hoy la audiencia probatoria [última del juicio civil] por enriquecimiento ilícito detectado en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Hándal Vega y su grupo familiar.

El exlegislador fue demandado por fiscales de la Unidad Anticorrupción de haberse enriquecido de forma ilícita junto a su esposa, Lilian Amanda de Hándal y sus dos hijas: Linda Verónica de Yannelli y Georgina Beatriz Hándal de Rosales.

En la audiencia preparatoria los magistrados admitieron prueba documental y pericial la cual ha comenzado a ser discutida y al final de la audiencia deberán pronunciarse con una sentencia condenatoria o desestimatoria.

A los cuatro demandados les reprochan un incremento patrimonial que no pudieron justificar por un monto de $182,374.61.

En la Sección de Probidad fueron notificados para que presentaran documentos que permitieran justificar la procedencia lícita de esos fondos, pero al no desestimar las irregularidades en sus declaraciones juradas, Corte Plena ordenó enjuiciarlos civilmente.

A Hándal Vega le cuestionan cuatro irregularidades que le reflejan un incremento patrimonial no justificado de $40,525.62; su esposa Lilian Amanda, es demandada por seis irregularidades por monto de $109,589.62; su hija Linda Verónica Hándal de Yannelli, dos irregularidades que suman $31,000.00 y Georgina Beatriz Hándal Rosales, una irregularidad por $1,259.37.

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Según la Unidad Anticorrupción de la FGR el exdiputado y sus familiares no justificaron el incremento patrimonial que obtuvieron del 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2012, período en el cual el exfuncionario fungió como diputado por el departamento de Usulután.

«Este día está programado que desfile la prueba testimonial y la declaració de propia parte de los demandados», informó una de las fiscales.

Se espera que el exdiputado del FMLN acuda a rendir declaración el jueves por la mañana.

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FGR logra penas de hasta 180 años de cárcel para pandilleros de la MS

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La Fiscalía General de la República (FGR) sigue haciendo justicia para los salvadoreños que por años fueron víctimas de las pandillas y tras una vista pública logró que 26 miembros de pandillas fueran condenados a penas de hasta 180 años de prisión.

En la audiencia en contra de los imputados, la FGR demostró que son parte de un grupo terrorista y que fueron responsables de quitarle la vida a 11 personas, además de extorsionar, haber incendiado un microbús y lesionar con arma de fuego al motorista.

Según el fiscal del caso, estos sujetos se dedicaban a atemorizar a los habitantes del distrito de Chalchuapa y sus alrededores, a quienes les exigían el pago de la mal denominada “renta”.

Entre los condenados está Marlon Alexander López Arana, alias sayco, quien fue perfilado como corredor de clica, y sentenciado a 180 años de prisión por el delito de homicidio agravado, actos terroristas, homicidio agravado imperfecto y agrupaciones ilícitas. El imputado también está condenado a pagar $1,200.00 dólares en concepto de responsabilidad civil.

Para Eduardo Enrique Campos Castaneda, alias pesadilla, se logró una condena de 95 años prisión, por los mismo delitos.

Otro de los terroristas con altas penas fue Luis Alfredo Mendoza Carranza, alias slipy, corredor de clica, quien fue condenado a 89 años de prisión y al pago de $800.00 de responsabilidad civil.

Ulises Antonio Moreno Ramos, alias zorro o flama, pasará los próximos 75 años en la celda de una cárcel prisión; Óscar Enrique Salas Cortez, corredor de programa recibió una pena de 65 años de cárcel y deberá pagar $400.00 dólares de responsabilidad civil.

Mientras que para el resto de terroristas se logró una condena impuso penas de 10, 14,25,30 y 35 años de cárcel.

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Las sentencias fueron impuestas por el Tribunal Tercero contra El Crimen Organizado de Santa Ana.

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