Nacionales
80 municipios reportan cero homicidios, afirma PNC
El Plan Control Territorial impulsado por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele ha logrado reducir los índices de criminalidad en todo el territorio nacional. La baja sostenida de los homicidios se evidencia en las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC).
Cabe destacar que entre el 1 de enero y el 10 de noviembre suman 80 municipios donde no se han cometido asesinatos.
Las jurisdicciones sin crímenes violentos están en los 14 departamentos del país. Incluso en aquellos que han sido reconocidos históricamente por el alto índice delincuencial en las pasadas administraciones gubernamentales.
Entre esos departamentos se encuentra La Paz. De las 22 jurisdicciones que conforman ese departamento, en 9 de éstos no se contabilizan ataques armados. Entre esas localidades sin agresiones mortales se encuentra San Pedro Masahuat, considerado como uno de los más violentos durante los gobiernos anteriores.
Otros de los departamentos que cuentan con varias localidades sin muertes violentas son San Miguel, La Unión y Usulután, reconocidos por su alto índice de violencia en las últimas décadas.
También San Salvador, el departamento con mayor concentración de habitantes e históricamente afectado por la violencia tiene un municipio sin homicidios. En Rosario de Mora no se han perpetrado asesinatos en lo que va de 2020.
La reducción también es notable en los departamentos de Chalatenango y Morazán. En 23 de los 33 municipios de Chalatenango, la Policía no reporta asesinatos en lo que va del año. Similar situación se vive en Morazán. En 14 de municipios no han ocurrido ataques armados.
El Plan Control Territorial ha llegado a los territorios de manera conjunta y articulada con otras instituciones, para una verdadera recuperación de los espacios controlados por grupos criminales.
Los logros obtenidos por la estrategia de seguridad son el resultado del trabajo realizado por los soldados de la Fuerza Armada de El Salvador, la operatividad de la Policía, comandada por el director Mauricio Arriaza Chicas y la aplicación del orden y disciplina en los Centros Penales, así como el bloqueo de la comunicación desde su interior.
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Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
