Judicial
10 años de prisión a hombre capturado en operativo Casa Segura al descubrir bolsas de marihuana en el interior de su vivienda
El Tribunal 1º de Sentencia de San Salvador impuso la pena de 10 años de prisión a Raúl Ernesto Fernández Cruz, de 43 años de edad, por el delito de tráfico ilícito, en perjuicio de la salud pública.
En la audiencia desfilaron las pruebas que comprobaron los hechos por el cual se le acusaba, por tal razón el juez le impuso la pena.
Según expediente judicial el 6 de septiembre del año pasado, agentes policiales realizaron una detención en flagrancia en el Barrio Lourdes en San Salvador, donde dichos agentes se encontraban realizando un operativo llamado casa segura.
En ese momento observaron a un sujeto que al ver la presencia policial camino rápidamente, este ingresó a una vivienda, donde los agentes se hicieron presentes, ahí fueron atendidos por el sujeto que habían alcanzado.
Los policías al observar unos sacos dentro de la casa le preguntaron que contenían, este se puso muy nervioso y les contesto que no sabía, luego le pidieron autorización para entrar y al ingresar abrieron los sacos, dentro del primero encontraron cinco maquetas grandes de material vegetal compactado, en el segundo veintisiete paquetes medianos, del mismo material.
Posteriormente coordinaron con la Sección Antinarcóticos de San Salvador, para que un técnico se hiciera presente y realizara las pruebas de campo, al aplicar los reactivos al material encontrado el producto dio positivo a droga marihuana, por lo que Fernández quedó detenido.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
