Internacionales
VIDEO: La ingeniosa fuga de una excongresista presa en Colombia
La ex congresista colombiana Aída Merlano, quien estaba detenida por compra de votos, se fugó este martes de prisión cuando estaba en una cita médica en Bogotá. La política, en un escape con tintes cinematográficos que quedó registrado en video, utilizó una soga y descendió abruptamente de un primero piso donde en la acera una moto la esperaba.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) señaló en Twitter que la política, nacida en Barranquilla en 1976 y representante a la Cámara entre 2014 y 2018, se escapó “durante una cita médica odontológica en un centro médico” en el norte de Bogotá. Merlano fue elegida como senadora para el periodo 2018-2022 pero no asumió el cargo.
De acuerdo con las autoridades, el odontólogo que estaba atendiendo a la ex congresita salió de un momento a otro del consultorio y se despidió. Una soldada que custodiaba afuera le preguntó por la reclusa; el dentista le respondió que estaba adentro. Cuando la funcionaria ingresó, encontró la soga y vio a Merlano subiéndose a la moto.
“Avanza la investigación”, agregó el Inpec, que no dio más detalles sobre la fuga de Merlano, que estaba recluida desde abril de 2018 en la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá.
Según medios locales, la ex congresista al parecer se fugó a la salida de la cita médica en una motocicleta de domicilios que la estaba esperando afuera de la Clínica de la Sabana.
El diario El Tiempo manifestó que el Inpec pidió ayuda a la Policía para dar con el paradero de la prófuga, por lo cual se desarrolla operativo que incluye el Aeropuerto Internacional El Dorado, de Bogotá, y las terminales de autobuses, para evitar que salga de la ciudad.
En septiembre del año pasado el Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura de Merlano por superar los gastos máximos establecidos por la ley para la financiación de campañas electorales.
El Consejo de Estado detalló que el Consejo Nacional Electoral estableció en poco más 884 millones de pesos (unos 252.000 dólares de hoy) el máximo permitido para campañas.
Sin embargo, Merlano gastó más de 1.730 millones de pesos (unos 494.000 dólares de hoy) en su candidatura, según las pruebas recogidas por la Fiscalía General.
La investigación de esa entidad también señaló que la ex representante a la Cámara pagó más de 6.000 millones de pesos (unos 1,7 millones de dólares de hoy) en votos en la costa Caribe colombiana para las elecciones legislativas de marzo, hecho por el que fue enviada a la cárcel, al igual que el empresario Julio Gerlein, hermano del ex senador Roberto Gerlein.
El mes pasado la Corte Suprema de Justicia condenó a Merlano a 15 años por los delitos de concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante y tenencia ilegal de armas.
Con información de EFE
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
