La Policía Federal de Brasil detuvo a cinco personas en una operación contra una presunta organización criminal integrada por civiles y militares, acusada de espiar y planear asesinatos por encargo contra jueces de la Corte Suprema y otras figuras públicas.

La acción está relacionada con el asesinato del abogado Roberto Zampieri, ocurrido en diciembre de 2023 en Cuiabá, estado de Mato Grosso, y reveló la existencia de un grupo que ofrecía servicios de vigilancia y homicidios por hasta 250.000 reales (aproximadamente 44.000 dólares).

Durante el operativo, que incluyó allanamientos en Mato Grosso, São Paulo y Minas Gerais, se desmantelaron acciones atribuidas al llamado “Comando C4”, siglas de «Comando de cazacomunistas, corruptos y criminales», que incluso habría considerado el uso de disfraces y señuelos sexuales para ejecutar sus planes.

El jefe de la Abogacía General de la Unión, Jorge Messias, calificó la conspiración como un “absurdo sin precedentes”, alimentado por discursos de odio. Por su parte, el presidente del Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, señaló que la investigación se mantiene bajo confidencialidad y aún está en una fase preliminar.

El caso se enmarca en un contexto de creciente tensión en Brasil, donde jueces del Supremo han sido objeto de amenazas, y se investiga un presunto intento de golpe de Estado vinculado al expresidente Jair Bolsonaro, actualmente bajo proceso judicial.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró ayer (miércoles) que las fuerzas israelíes han dado muerte a Mohamed Sinwar, presunto jefe de la rama militar de Hamás en la Franja de Gaza, en el marco de una guerra que ya se extiende por 19 meses.

“Expulsamos a los terroristas de nuestro territorio, penetramos con fuerza en Gaza, eliminamos a miles de terroristas y también a Mohamed Sinwar”, declaró Netanyahu ante el Parlamento israelí. Medios locales informaron que Sinwar habría sido blanco de un bombardeo en Jan Yunis, al sur de la Franja, el pasado 13 de mayo.

Mohamed Sinwar, hermano de Yahya Sinwar —exlíder supremo de Hamás asesinado en octubre de 2024—, era considerado el responsable de las Brigadas al Qasam, brazo armado del movimiento islamista palestino clasificado como organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea.

Desde Washington, el enviado especial de EE. UU. para Oriente Medio, Steve Witkoff, manifestó optimismo sobre un eventual acuerdo. “Tenemos un muy buen presentimiento sobre la posibilidad de una resolución a largo plazo, un alto el fuego temporal y una solución pacífica del conflicto”, dijo. Añadió que una propuesta formal será enviada “a más tardar hoy”.

Grave crisis humanitaria y tensiones por la ayuda

Mientras continúan los enfrentamientos, la situación humanitaria en Gaza sigue deteriorándose. Este miércoles, un almacén del Programa Mundial de Alimentos (PMA) fue saqueado en Deir el Balah por una multitud desesperada que buscaba alimentos. Según la organización, “hordas de gente hambrienta irrumpieron en el almacén”, lo que evidencia la urgencia de facilitar un acceso humanitario seguro.

El incidente ocurrió un día después de que al menos 47 personas resultaran heridas durante una caótica entrega de ayuda en Rafah, en un operativo liderado por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), organización respaldada por Estados Unidos pero cuestionada por la ONU y varias ONG.

El jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en los Territorios Palestinos, Ajith Sunghay, confirmó que la multitud sufrió lesiones durante el reparto. Sin embargo, el ejército israelí negó haber disparado contra los civiles.

Philippe Lazzarini, director de la UNRWA, criticó duramente a GHF y señaló que su intervención es “un desperdicio de recursos y una distracción de las verdaderas atrocidades”. También advirtió que ya existe un sistema de distribución adecuado liderado por agencias de la ONU.

Sigrid Kaag, enviada especial de la ONU para la región, subrayó que los habitantes de Gaza “merecen algo más que simplemente sobrevivir”, en referencia a la creciente desesperación que afecta a la población, tras más de 600 días de conflicto armado.

El gobierno de Eslovaquia ha autorizado oficialmente el consumo de carne de oso, una decisión que ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones ambientalistas. La ONG We are Forest condenó la medida, calificándola como una forma de «carnicería estatal» que pone en peligro a especies protegidas y fomenta la caza furtiva.

La decisión fue anunciada el lunes por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Filip Kuffa, miembro del partido nacionalista de extrema derecha SNS, quien declaró en redes sociales que los animales abatidos serán ofrecidos a la venta, al considerar que “la carne de oso es comestible”.

El anuncio se produce semanas después de que el actual gobierno de coalición, compuesto por varios partidos nacionalistas, aprobara el sacrificio de hasta 350 osos, tras declarar en abril el estado de emergencia en gran parte del país por la presencia “indeseable” de más de 1,300 ejemplares. Las autoridades justifican la medida señalando supuestos ataques de los animales a zonas habitadas.

“No podemos vivir en un país donde la gente tenga miedo de ir al bosque”, expresó el primer ministro, Robert Fico, al respaldar la iniciativa.

La reacción de grupos ecologistas no se hizo esperar. Marian Hletko, activista de We are Forest, advirtió que la decisión gubernamental debilita la protección de la fauna y abre la puerta a la caza ilegal. “Si el Estado envía el mensaje de que la protección le es indiferente, entonces los cazadores furtivos solo tendrán eventuales sanciones”, declaró.

Según datos de la ONG, solo en lo que va de 2024, un total de 92 osos han sido abatidos en territorio eslovaco, mientras que otros 52 han muerto por atropellos o por caza ilegal. Eslovaquia, con una población de 5,4 millones de habitantes, forma parte de la Unión Europea, donde el oso pardo es una especie protegida. Sin embargo, la normativa comunitaria permite excepciones bajo circunstancias específicas.

La medida ha abierto un debate sobre la conservación de la biodiversidad frente a las políticas de seguridad pública y control de fauna impulsadas por sectores políticos nacionalistas.