Internacionales
Un pedófilo condenado a más de 26 años de cárcel pide su liberación anticipada por temor al covid-19
Geoffrey Portway, un británico condenado a poco más de 26 años (320 meses) por conspirar para secuestrar, violar y comer niños, ha pedido ser liberado por el riesgo que corre de contagiarse con covid-19.
De acuerdo con el medio estadounidense MassLive, Portway, recluido actualmente en una prisión federal de Virginia (EE.UU.), presentó el pasado 13 de noviembre una moción escrita a mano en la que alega que por su obesidad, diabetes, hipertensión y el estado de su sistema inmunológico, corre riesgo de sufrir una «reacción fatal» al virus. Según argumenta, su presidio tiene más de 40 casos confirmados de covid-19, entre presos y trabajadores. No obstante, los registros federales del 30 de noviembre hablan de cinco reclusos y seis casos activos en esa cárcel.
Portway espera poder salir y ser repatriado. Su petición fue enviada a la corte federal del condado de Worcester (Massachusetts), donde residía, y un juez decidirá posteriormente al respecto.
Una mazmorra casera
El británico fue arrestado en 2012 en el marco de una investigación internacional contra la pornografía infantil. Durante un allanamiento a su casa en Worcester, la Policía descubrió en el sótano una «mazmorra» revestida con material de insonorización acústica que contenía un «ataúd casero del tamaño de un niño» y una jaula de acero. También fueron encontrados «un congelador vertical, bisturís desechables, un juego de cuchillos de carnicería y herramientas de castración», detallan los registros de la investigación.
Aunque las autoridades aseguran que Portway nunca lastimó físicamente a un niño, sí discutía al respecto con un hombre de Kansas, con el cual intercambiaba fotos de potenciales víctimas. También participaba en conversaciones sobre «secuestrar, violar, asesinar y comer niños» e intercambiaba pornografía infantil. Durante el registro de su casa, se encontró evidencia de más de 4.500 imágenes de abuso sexual infantil que compartía con otras personas.
Portway se declaró culpable en 2013 por intento de cometer un delito de violencia y distribución y posesión de pornografía infantil, pero posteriormente ha intentado varias veces sin éxito que se desestime su caso y que se anulen sus declaraciones de culpabilidad. En su reciente moción, de 45 páginas, afirma no representar «ningún peligro para la comunidad» debido a una rehabilitación posterior a su sentencia y sus esfuerzos «estructurados» por reintegrarse a la sociedad.
El elefante, un macho solitario, ha sembrado el pánico desde principios de enero en el distrito rural de West Singhbhum.
«Estamos tratando de rastrear y rescatar a este elefante que mató a tanta gente», dijo a AFP el funcionario forestal gubernamental Aditya Narayan, quien confirmó un saldo de 20 muertos.
Entre los fallecidos hay niños y ancianos, además de un cuidador profesional de elefantes.
Tras dejar un rastro de destrucción, el animal no ha sido visto desde el viernes, pese a múltiples patrullajes en la zona.
Las autoridades dijeron que equipos de búsqueda, con ayuda de drones, revisan densas franjas forestales, incluido un parque nacional en el vecino estado de Odisha.
El miedo ha llevado a los habitantes de más de 20 aldeas a abandonar sus campos o atrincherarse en sus casas por la noche.
«Un equipo policial, o un vehículo de funcionarios forestales, visita por la noche para brindar ayuda esencial a los aldeanos», señaló un dirigente local.
Cada año, cientos de miles de indios se ven afectados por elefantes que arrasan cultivos.
Los elefantes asiáticos están ahora restringidos a apenas el 15% de su hábitat original.
Animales por lo general tímidos, los elefantes entran en contacto cada vez más frecuente con humanos debido a la rápida expansión de los asentamientos y el avance sobre los bosques, incluidas operaciones mineras.
Seis presuntos integrantes de la banda criminal venezolana Tren de Aragua fueron detenidos en Ciudad de México acusados de extorsión y de tráfico de drogas y de personas, informó este martes la secretaría de Seguridad federal.
Este grupo criminal ha sido designado como «organización terrorista» por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Militares y agentes federales mexicanos «detuvieron a seis integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, relacionadas con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas», detalló en la red social X el secretario de Seguridad Omar García Harfuch.
Entre los presuntos criminales capturados destaca una mujer señalada como la encargada «del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres víctimas» de trata, añadió el funcionario.
También fue detenido un hombre acusado de ser el operador financiero de la organización y de administrar los inmuebles de la banda.
Las autoridades no detallaron la nacionalidad de los detenidos. Otros integrantes de esta banda han sido capturados en México en los últimos meses.
La presunta relación de funcionarios del gobierno venezolano con el Tren de Aragua fue uno de los argumentos de Trump para lanzar una operación militar el 3 de enero en Venezuela y capturar y trasladar a Estados Unidos al depuesto mandatario Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico.
El Tren de Aragua nació dentro del penal venezolano conocido como Tocorón y según estudios se expandió a varios países de América Latina, donde lucra de diversos delitos como el tráfico de estupefacientes y la extorsión.
Los fiscales reprocharon al ex jefe de Estado conservador haber liderado una «insurrección» motivada por una «sed de poder destinada a instaurar una dictadura».
También acusaron al exdirigente, de 65 años, de no mostrar «ningún remordimiento» por actos que amenazaban «el orden constitucional y la democracia».
«En el momento de dictar sentencia no puede tenerse en cuenta ninguna circunstancia atenuante y se impone una sanción severa», concluyeron los fiscales, que solicitaron la pena capital, aún vigente en Corea del Sur aunque no se llevó a cabo ninguna ejecución desde 1997.
El veredicto se espera para el próximo mes.
En la noche del 3 de diciembre de 2024, Yoon Suk Yeol había conmocionado al país al anunciar por sorpresa en televisión la imposición de la ley marcial, enviando tropas al Parlamento.
Horas más tarde dio marcha atrás, después de que un número suficiente de diputados lograra abrirse paso hasta el hemiciclo, rodeado por soldados, y votase la suspensión de su decreto.
Fue destituido oficialmente en abril de 2025 por el Tribunal Constitucional, tras meses de manifestaciones masivas y de caos político.
Yoon Suk Yeol había justificado la imposición de la ley marcial —medida sin precedentes en Corea del Sur desde las dictaduras militares de la década de 1980— alegando que el Parlamento, controlado por la oposición, bloqueaba el presupuesto.
