Internacionales
Un pedófilo condenado a más de 26 años de cárcel pide su liberación anticipada por temor al covid-19
Geoffrey Portway, un británico condenado a poco más de 26 años (320 meses) por conspirar para secuestrar, violar y comer niños, ha pedido ser liberado por el riesgo que corre de contagiarse con covid-19.
De acuerdo con el medio estadounidense MassLive, Portway, recluido actualmente en una prisión federal de Virginia (EE.UU.), presentó el pasado 13 de noviembre una moción escrita a mano en la que alega que por su obesidad, diabetes, hipertensión y el estado de su sistema inmunológico, corre riesgo de sufrir una «reacción fatal» al virus. Según argumenta, su presidio tiene más de 40 casos confirmados de covid-19, entre presos y trabajadores. No obstante, los registros federales del 30 de noviembre hablan de cinco reclusos y seis casos activos en esa cárcel.
Portway espera poder salir y ser repatriado. Su petición fue enviada a la corte federal del condado de Worcester (Massachusetts), donde residía, y un juez decidirá posteriormente al respecto.
Una mazmorra casera
El británico fue arrestado en 2012 en el marco de una investigación internacional contra la pornografía infantil. Durante un allanamiento a su casa en Worcester, la Policía descubrió en el sótano una «mazmorra» revestida con material de insonorización acústica que contenía un «ataúd casero del tamaño de un niño» y una jaula de acero. También fueron encontrados «un congelador vertical, bisturís desechables, un juego de cuchillos de carnicería y herramientas de castración», detallan los registros de la investigación.
Aunque las autoridades aseguran que Portway nunca lastimó físicamente a un niño, sí discutía al respecto con un hombre de Kansas, con el cual intercambiaba fotos de potenciales víctimas. También participaba en conversaciones sobre «secuestrar, violar, asesinar y comer niños» e intercambiaba pornografía infantil. Durante el registro de su casa, se encontró evidencia de más de 4.500 imágenes de abuso sexual infantil que compartía con otras personas.
Portway se declaró culpable en 2013 por intento de cometer un delito de violencia y distribución y posesión de pornografía infantil, pero posteriormente ha intentado varias veces sin éxito que se desestime su caso y que se anulen sus declaraciones de culpabilidad. En su reciente moción, de 45 páginas, afirma no representar «ningún peligro para la comunidad» debido a una rehabilitación posterior a su sentencia y sus esfuerzos «estructurados» por reintegrarse a la sociedad.
El Ejército mexicano desplegó 2,500 efectivos en el oeste de México como medida disuasiva tras la muerte del capo narco Nemesio «El Mencho» Oseguera el domingo en un operativo militar, informó este lunes el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla.
«Se encontraban destacamentados en Jalisco alrededor de 7.000 efectivos, entonces se va a reforzar» la presencia militar en la zona de operación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Oseguera, dijo Trevilla en rueda de prensa.
«La intención es, más que nada, tener un efecto disuasivo», añadió el secretario de Defensa, tras cientos de bloqueos el domingo en 20 estados del país.
La Fuerza Aérea de Perú (FAP) halló 15 personas muertas este lunes tras el accidente de un helicóptero militar desaparecido el domingo en la región Arequipa, al sur del país, informó la autoridad militar.
La FAP precisó que el helicóptero realizaba labores rescate de víctimas de las inundaciones registradas en Arequipa.
«El personal de rescate ha confirmado el fallecimiento de los cuatro tripulantes (..), así como los 11 pasajeros que se encontraban a bordo», señaló la FAP.
«Tras la intensificación de las labores de búsqueda, las patrullas de fuerzas especiales y la policía han logrado localizar el helicóptero Mi-17 que perdió contacto radial la tarde de ayer», indicó la fuerza aérea en un comunicado.
El helicóptero siniestrado, un Mil Mi-17 de fabricación rusa, había despegado de la ciudad de Pisco, en la región de Ica. Los rescatistas localizaron la aeronave en la localidad de Chala, en Arequipa, a poco más de 300 kilómetros del lugar de partida.
Internacionales
Concluye proceso legal que anula la concesión de Hutchison en puertos del canal de Panamá
La justicia panameña dio por concluido el proceso legal que anuló la concesión a la compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings para operar dos puertos en el canal, al publicar este lunes el fallo.
La Corte Suprema panameña declaró en enero «inconstitucional» el contrato que ha permitido a la empresa Panama Ports Company (PPC), filial de Hutchison, administrar desde 1997 los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico.
Sin embargo, para que la sentencia, que no admite apelación, quedara en firme aún faltaban unos trámites que han concluido este lunes con la publicación del fallo en la gaceta oficial.
El viernes, el vocero de PPC, Alejandro Kouruklis, reconoció que la publicación del fallo en la gaceta oficial supondría que «la concesión deja de existir», por lo que pidió al gobierno panameño «negociar» con la firma hongkonesa el futuro de los puertos para «evitar el caos».
Tras ese fallo judicial, que se produjo en medio de las presiones de Estados Unidos por la presencia china en el canal, el presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció que la danesa Maersk operaría temporalmente esas terminales.
La decisión ha traído incertidumbre en los puertos, ubicados en sendas entradas de la vía interoceánica, por los que en 2025 pasó el 38 % de los contenedores que transitaron por Panamá.
«El camino que se está siguiendo puede causar un caos» porque «no va a haber un orden ni marco legal» en que puedan confiar los proveedores, trabajadores y las líneas navieras, había declarado el viernes Kouruklis al canal panameño TVN-2.
«Nuestro plan no es salir, es conversar con el Estado a ver qué solución se le puede dar a esto» y «no tomar decisiones abruptas» para que un tercero entre en las instalaciones «a tomar bienes que no le pertenecen», añadió.
Hutchison amenazó hace días a Maersk con «acciones legales» si asume la administración de las terminales sin su consentimiento y anunció que impugnará la sentencia ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en París, por causarle «graves daños».
Pero la Corte panameña asegura que la concesión, renovada por otros 25 años en 2021 es «inconstitucional» y tenía «una inclinación desproporcionada a favor de la empresa» que perjudicaba al Estado.
El fallo también llegó en momentos donde Hutchison Holdings quiere ceder sus puertos, entre ellos los de Panamá, a un grupo de empresas liderado por la estadounidense BlackRock por 22,800 millones de dólares.
