Internacionales
Salvadoreño denuncia la desaparición de su esposa y dos hijas y responsabiliza a un cartel mexicano

El connacional Óscar Daniel N., presentó una denuncia de la desaparición de su esposa y dos hijas al tiempo que señaló que los miembros de un cartel merodean un refugio en Iztapalapa para ofrecer «trabajos» a los migrantes con la promesa de ayudarlos a llegar a Estados Unidos.
El salvadoreño indicó que son miembros del cártel «La Unión de Tepito», los que rondan el albergue Casa Scalabrini CDMX, en el que se encontraban su esposa Katherin, de 24 años y sus hijas Belinda Nayeli, de siete y Debbie Alexa, de dos.
Además señaló que otros salvadoreños, así como algunos hondureños y guatemaltecos que llegaron al mismo tiempo, en una de las caravanas de migrantes en el mes de febrero, ya se incorporaron a las filas de esta organización delictiva.
Por otra parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha reportado el incremento de personas de origen centroamericano en la comisión de diversos delitos.
También dan parte de que varias empresas han contactado a personas de esas naciones con la promesa de ofrecerles un trabajo y hasta la fecha se desconoce el paradero de la gente.
Por la Ciudad de México han pasado más de ocho mil migrantes entre septiembre de 2018 y mayo de 2019, y las autoridades no tienen un registro de qué fue de ellos.
Internacionales
Capturan a mujer que fingía embarazo con prótesis para traficar más de 5.600 dosis de cocaína

Una mujer de 27 años fue detenida en el sur de Cali, Colombia, tras ser descubierta utilizando una faja de látex que simulaba un embarazo para ocultar más de 5.600 dosis de cocaína.
El hecho se registró en el barrio Ciudad 2000, donde unidades de investigación criminal interceptaron a la sospechosa en el marco de un operativo de seguimiento. La mujer, que se movilizaba en taxi, planeaba continuar su viaje hasta Bogotá en transporte público, aparentando estar embarazada.
Sin embargo, su estrategia fue desmantelada cuando los agentes notaron irregularidades en su vientre y descubrieron que se trataba de una elaborada prótesis tipo “narcobarriga”, confeccionada con materiales similares a los utilizados en disfraces y efectos especiales.
Según las autoridades, este tipo de implementos puede costar hasta tres millones de pesos colombianos (aproximadamente 730 dólares) y se están convirtiendo en una nueva modalidad empleada por redes de narcotráfico para el transporte de estupefacientes sin levantar sospechas.
La mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y un juez le impuso medida de aseguramiento intramural por el delito de tráfico de drogas. La investigación continúa para establecer si forma parte de una estructura criminal más amplia.
Internacionales
¿Quién era María Fernanda Benítez, la joven embarazada hallada calcinada frente a la casa de su pareja?
Internacionales
Presidente de Colombia prohíbe la entrada a la fiscal general de Guatemala

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la prohibición de ingreso al país para la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, en respuesta a las órdenes de captura emitidas contra la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, y el exministro de Defensa, Iván Velásquez.
“Se prohíbe su entrada por denostar gente honesta colombiana y por burlarse de la dignidad colombiana”, expresó Petro durante un consejo de ministros televisado, en el que instruyó a la canciller Laura Sarabia a emitir el acto administrativo correspondiente.
Las capturas fueron ordenadas por el fiscal Rafael Curruchiche, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Guatemala, bajo acusaciones de asociación ilícita, obstrucción de la justicia, tráfico de influencias y colusión, vinculadas al caso Odebrecht.
El fiscal guatemalteco acusa a Camargo y Velásquez, excomisionado de la CICIG —entidad respaldada por la ONU— de integrar una estructura criminal que habría favorecido a Odebrecht, ocasionando pérdidas al Estado guatemalteco por más de $400 millones.
En respuesta, el secretario general de la ONU, António Guterres, recordó que ambos funcionarios gozan de inmunidad judicial por sus funciones en la CICIG, una protección que sigue vigente incluso después de finalizado su mandato.
La medida del gobierno colombiano profundiza las tensiones diplomáticas entre ambos países en torno al legado de la lucha contra la corrupción en Centroamérica.