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Internacionales

Pícaro párroco es acusado de tener pornografía infantil

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La policía Estatal de Rhode Island dio a conocer que el  sacerdote James Jackson, de 66 años, fue arrestado por tener en su haber  pornografía infantil.

El párroco que ha servido como pastor de la iglesia St. Mary ubicada en la esquina de Barton Street y Broadway enfrenta cargos por pornografía  infantil quien después de un cateo autorizado por la corte en la iglesia y a la rectoría se descubrieron medios digitales que contenían pornografía infantil y la policía identificó a Jame Jackson como el dueño del contenido.

A decir del coronel de la policía estatal, James Manni, el párroco James Jackson fue detenido con una fianza de $ 5,000 a la espera de que una audiencia en la corte.

En tanto el obispo de la Diócesis de Providence, Thomas Tobin, reveló a través de un comunicado de prensa que a James Jackson le prohibieron realizar deberes de sacerdotes hasta que no se aclare su situación legal.

“El uso de pornografía infantil es un delito grave y es un pecado grave”, dijo Thomas Tobin tras la detención James Jackson.

La Fraternidad Sacerdotal de San Pedro que se ha ocupado de la iglesia St. Mary desde junio de 2018 se dijo conmocionada por los hechos: “(Está) conmocionada y entristecida por la noticia del arresto del padre James Jackson y las graves acusaciones en su contra”.

El hallazgo de que James Jackson poseía pornografía infantil se dio después de que un hombre irrumpió con las oraciones que el padre estaba haciendo al interior de la iglesia.

El joven de 28 años, de quien no se ha dado a conocer su nombre para no estropear la investigación que hay en su contra, ingresó a la iglesia con un arma de fuego y amenazó tanto a los feligreses como al párroco, horas más tarde fue detenido por la policía.

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Internacionales

Capturan a mujer que fingía embarazo con prótesis para traficar más de 5.600 dosis de cocaína

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Una mujer de 27 años fue detenida en el sur de Cali, Colombia, tras ser descubierta utilizando una faja de látex que simulaba un embarazo para ocultar más de 5.600 dosis de cocaína.

El hecho se registró en el barrio Ciudad 2000, donde unidades de investigación criminal interceptaron a la sospechosa en el marco de un operativo de seguimiento. La mujer, que se movilizaba en taxi, planeaba continuar su viaje hasta Bogotá en transporte público, aparentando estar embarazada.

Sin embargo, su estrategia fue desmantelada cuando los agentes notaron irregularidades en su vientre y descubrieron que se trataba de una elaborada prótesis tipo “narcobarriga”, confeccionada con materiales similares a los utilizados en disfraces y efectos especiales.

Según las autoridades, este tipo de implementos puede costar hasta tres millones de pesos colombianos (aproximadamente 730 dólares) y se están convirtiendo en una nueva modalidad empleada por redes de narcotráfico para el transporte de estupefacientes sin levantar sospechas.

La mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y un juez le impuso medida de aseguramiento intramural por el delito de tráfico de drogas. La investigación continúa para establecer si forma parte de una estructura criminal más amplia.

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Internacionales

¿Quién era María Fernanda Benítez, la joven embarazada hallada calcinada frente a la casa de su pareja?

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María Fernanda Benítez, una adolescente paraguaya de 17 años y con seis meses de embarazo, fue hallada calcinada el pasado 1 de junio en un terreno baldío, cinco días después de haber sido reportada como desaparecida. El cuerpo fue localizado frente a la vivienda de su pareja, principal sospechoso del crimen.

El informe preliminar del médico forense Pablo Lemir, citado por medios locales, indica que el cadáver presentaba quemaduras en el 70 % de su superficie, además de signos de descomposición avanzada, lo que ha dificultado establecer la causa exacta de muerte. Sin embargo, se encontraron indicios de intoxicación por monóxido de carbono, lo que sugiere que la víctima pudo haber estado viva, aunque inconsciente, al momento de ser quemada.

También se detectaron golpes en la cabeza y fracturas en el brazo derecho, aunque no se ha determinado si ocurrieron antes o después del fallecimiento.

El Ministerio Público ha calificado el caso como feminicidio. Los principales sospechosos son su pareja, identificado como Bernardo, y una amiga cercana de la víctima, Mikhaela. La Fiscalía reveló mensajes entre ambos que evidencian una posible planificación del crimen. En uno de los textos, Bernardo expresa angustia por el avance del embarazo y plantea asesinar a María Fernanda. Mikhaela habría respondido con una sugerencia explícita sobre cómo hacerlo.

Las autoridades continúan investigando el caso, que ha generado conmoción en Paraguay. La familia de la víctima exige justicia y el máximo castigo para los responsables.

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Internacionales

Presidente de Colombia prohíbe la entrada a la fiscal general de Guatemala

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la prohibición de ingreso al país para la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, en respuesta a las órdenes de captura emitidas contra la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, y el exministro de Defensa, Iván Velásquez.

“Se prohíbe su entrada por denostar gente honesta colombiana y por burlarse de la dignidad colombiana”, expresó Petro durante un consejo de ministros televisado, en el que instruyó a la canciller Laura Sarabia a emitir el acto administrativo correspondiente.

Las capturas fueron ordenadas por el fiscal Rafael Curruchiche, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Guatemala, bajo acusaciones de asociación ilícita, obstrucción de la justicia, tráfico de influencias y colusión, vinculadas al caso Odebrecht.

El fiscal guatemalteco acusa a Camargo y Velásquez, excomisionado de la CICIG —entidad respaldada por la ONU— de integrar una estructura criminal que habría favorecido a Odebrecht, ocasionando pérdidas al Estado guatemalteco por más de $400 millones.

En respuesta, el secretario general de la ONU, António Guterres, recordó que ambos funcionarios gozan de inmunidad judicial por sus funciones en la CICIG, una protección que sigue vigente incluso después de finalizado su mandato.

La medida del gobierno colombiano profundiza las tensiones diplomáticas entre ambos países en torno al legado de la lucha contra la corrupción en Centroamérica.

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