En respuesta al aumento de amenazas contra agentes y edificios federales, el gobierno de Estados Unidos desplegará 700 marines en Los Ángeles, confirmó un funcionario de la administración a la agencia AFP. La fuente, que solicitó anonimato, indicó que los militares provienen de Camp Pendleton y fueron movilizados “para ayudar a proteger a los agentes federales y las instalaciones gubernamentales”.

Inicialmente se había informado que serían 500 los efectivos movilizados, pero el número fue posteriormente actualizado a 700.

El gobernador de California, Gavin Newsom, rechazó enérgicamente la decisión, calificándola de “demente” y acusando al presidente Donald Trump de actuar de manera “dictatorial”. “Los marines no deberían ser desplegados en suelo estadounidense enfrentándose a sus propios compatriotas para cumplir la fantasía de un presidente dictatorial. Esto es poco estadounidense”, escribió en la red social X.

El despliegue se suma a la presencia de aproximadamente 2.100 miembros de la Guardia Nacional, enviados a la ciudad por orden presidencial sin el consentimiento del gobernador estatal.

Según el mando militar regional, la operación en curso, denominada Task Force 51, cuenta con tropas entrenadas en técnicas de desescalada, control de multitudes y uso proporcional de la fuerza.

La decisión de movilizar marines en activo dentro del territorio nacional ha despertado preocupación entre organizaciones de derechos civiles, que advierten sobre el carácter excepcional de este tipo de medidas en contextos de protestas ciudadanas.

Miguel Uribe, senador del partido opositor Centro Democrático, recibió tres impactos de bala —dos de ellos en la cabeza— durante un acto público en el sector de Fontibón, al occidente de Bogotá, la mañana del sábado 7 de junio. El dirigente político, de 39 años, se encuentra en estado crítico en una clínica del norte de la capital, mientras las autoridades investigan a los posibles responsables intelectuales del atentado.

Según testigos, Uribe se dirigía a unas 250 personas desde un parque de la zona cuando un joven abrió fuego inesperadamente. El agresor, un menor de 15 años, fue capturado tras una persecución de más de 300 metros por parte del equipo de seguridad del senador. Durante su detención, el adolescente —herido en una pierna— manifestó su disposición a colaborar con las autoridades.

Un menor armado con una Glock

La Fiscalía General confirmó que el atacante fue operado debido a la herida sufrida durante su captura. De acuerdo con medios locales, el menor vivía bajo el cuidado de una tía, pues su madre falleció y su padre reside en el extranjero. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, indicó que, de ser hallado culpable, el joven podría enfrentar hasta ocho años de privación de libertad bajo el sistema penal juvenil.

El arma incautada al atacante es una pistola semiautomática Glock de 9 milímetros, registrada legalmente en Estados Unidos. Las autoridades no descartan que haya más personas involucradas, dado el poder adquisitivo necesario para conseguir este tipo de armamento.

Hipótesis e investigaciones

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló dos posibles móviles del atentado: un mensaje dirigido al partido Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, o un intento de desestabilizar al gobierno de Gustavo Petro. Aunque Miguel Uribe ha sido un fuerte crítico de la izquierda, el narcotráfico y los grupos armados ilegales, la Fiscalía aclaró que no tenía reportes previos de amenazas en su contra.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) advirtió sobre el reclutamiento de menores por parte de organizaciones criminales, una práctica que ha persistido desde la época de Pablo Escobar.

Pruebas y recompensas

Las autoridades revisan más de mil grabaciones de celulares y cámaras de seguridad captadas en el lugar. En una de ellas, se observa claramente el momento del disparo mientras Uribe hablaba sobre salud mental. Tras los disparos, se produjo una estampida entre los asistentes.

La Policía Nacional ha desplegado a 190 investigadores para esclarecer los hechos. El general Carlos Fernando Triana, director de la institución, confirmó que ya se realizaron los primeros allanamientos relacionados con el caso.

Una recompensa de 725.000 dólares ha sido ofrecida por información que conduzca a la captura de otros posibles implicados. El presidente Gustavo Petro solicitó investigar si hubo fallos o complicidad por parte del equipo de seguridad del senador, dado que el atacante logró acercarse a muy poca distancia antes de abrir fuego.