Internacionales
Mujer engañaba a sus víctimas para secuestrarlas y expolicías las asesinaban al pedir los rescates a sus familiares
Las autoridades mexicanas han desarticulado en Puebla una banda de seis secuestradores que asesinaban a sus víctimas antes de realizar una exigencia económica a sus familias a cambio de liberarlas.
Según comunicó la Fiscalía General de ese estado, la célula delictiva operaba en Ciudad Serdán y era lideraba por un antiguo director de Seguridad Pública de ese municipio. Entre los demás integrantes detenidos se cuenta otro exoficial y una edecán (como se llama en México una categoría de modelo que trabaja en eventos o en exhibiciones), que se ocupó de ‘enganchar’ a varias de las ocho víctimas de ese grupo criminal.
Los primeros cuatro secuestrados correspondieron a hombres de edad avanzada que fueron interceptados y abducidos con violencia, y por los cuales se exigió a sus familias un rescate de 2 millones de pesos (100.000 dólares). Dos de ellas pudieron reunir 500.000 pesos cada una, per las restantes no lograron juntar el dinero.
.@FiscaliaPuebla y @PoliciaFedMx esclarecieron 8 #secuestros y desarticularon a la banda responsable que operaba en #CiudadSerdán. El ex director de Seguridad Pública de ese municipio era el líder, y hay 5 integrantes más también a disposición de las autoridades. pic.twitter.com/4EizSUciuB
— FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) 18 de octubre de 2018
De acuerdo con la Fiscalía, todos los secuestrados fueron asesinadas antes de que se realizara la exigencia económica, y a dos les cortaron los dedos y los enviaron a sus familiares como prueba de vida. Especialistas forenses determinaron que los dedos habían sido mutilados ‘post mortem’.
El resto de las víctimas corresponden a hombres de entre 24 y 47 años que fueron contactados a través de redes sociales e invitados a una cita por Jazmín Ivette ‘N’, de 24 años, para posteriormente ser privados de su libertad. Por cada uno de ellos se pidió 5 millones de pesos (250.000 dólares) pero solo se hizo la entrega de 400.000 pesos por la liberación de dos de los secuestrados, que sin embargo fueron asesinados antes del pago.
Para ese entonces, las autoridades habían comenzado una investigación que involucró la intercepción de 35 líneas telefónicas, gracias a lo cual se identificó a los agresores. Seguidamente, el 12 de octubre, agentes de la Fiscalía y de la Policía Federal realizaron un operativo en el que detuvieron a los seis integrantes de la banda, que opusieron resistencia armada.
Una violenta tormenta de piedras de hielo de tamaño extraordinario azotó el sur de Brasil y provocó daños severos en quince ciudades del sur del país. Según las autoridades, en algunas, cerca del 80 % de las viviendas han quedado afectadas, además, dejó el saldo de 150 personas heridas y más de 25,000 afectados.
El estado de Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil, ha sufrido las consecuencias de un fenómeno meteorológico extraordinario: una precipitación de granizo gigante que ha provocado un caos generalizado, con daños severos en los vehículos, viviendas, infraestructuras y cultivos de varias ciudades.
El episodio se ha producido en un contexto de inestabilidad meteorológica en la región, por el que el Instituto Nacional de Meteorología había emitido alertas, precisamente, por posibilidad de granizo y ráfagas de viento de hasta 100 km/h en varias zonas del sur del país.
Las imágenes de vídeo compartidas en la red muestran enormes bolas de hielo cayendo con una violencia inusitada, acumulándose en calles y campos, interrumpiendo carreteras y generando alarma entre la población.
Según los primeros informes de la Defensa Civil del estado, al menos 15 municipios han resultado afectados por el fenómeno. En localidades como Amaral Ferrador, Dom Feliciano, Montenegro o Canudos do Vale, se han registrado daños en los tejados de centenares de viviendas y árboles y postes de luz derribados por la fuerza de las piedras.
Un nuevo informe señala que en 2024 se registraron 2,967 ataques contra la Policía, la cifra más alta en la historia del país.
Es decir, más de 8 ataques diarios, dejando a 804 agentes heridos. El 53 % de estas agresiones fueron cometidas por inmigrantes ilegales, en su mayoría bajo influencia del alcohol o las drogas.
Asimismo, en 5,700 estaciones de tren se cometieron 381,894 delitos, un incremento del 51 % en comparación a 2019.
Los abusos o aprovechamiento hacia mujeres fue uno de los delitos más frecuentes en 2024 con 2,262 un 19.2 % más que el año anterior.
Internacionales
Denuncian al presidente Petro ante la Comisión de Acusaciones por presunto lavado de activos
La denuncia más reciente fue presentada por Juan Carlos Portilla, profesor y experto en anticrimen financiero. Señala al mandatario y a su exesposa Verónica Alcocer de presunto lavado de activos. La acusación fue radicada tanto en la comisión como en la Fiscalía.
Presunto lavado de activos tras estar en la lista Clinton
Portilla fundamenta su denuncia en supuestas irregularidades relacionadas tras su inclusión en la lista Clinton, en la que también están Alcocer, el ministro del Interior Armando Benedetti y el hijo del mandatario, Nicolás Petro Burgos. El denunciante le solicitó al órgano legislativo acceder a información financiera sensible.
Pruebas de reportes de inteligencia financiera y de actividades sospechosas de las cuentas del presidente, no solo en Colombia, sino las que podría llegar a tener en Italia, en paraísos fiscales de Europa y de América Latina, Caribe y Estados Unidos.
La segunda que pasó formalmente a investigación preliminar está relacionada con el escándalo de los pasaportes. Surgió tras una denuncia del abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien pidió pruebas documentales y actos de verificación por un presunto abuso de función pública.
La primera denuncia sobre el tema de los pasaportes
Según el denunciante, el presidente habría intervenido como determinador en la decisión de declarar desierta la licitación que había ganado Thomas Greg & Sons para la expedición de pasaportes. Esta situación llevó a la creación de un nuevo modelo en alianza con Portugal, lo cual generó cuestionamientos sobre la legalidad del proceso.
La comisión ordenó una diligencia específica en el marco de estas investigaciones: “Para que dentro de los 20 días siguientes practique inspección administrativa en la Procuraduría”. El objetivo es verificar si existen elementos que permitan avanzar hacia una eventual imputación formal.
