Internacionales
«La desnudé y traté de violarla, pero no lo conseguí», confiesa el asesino de la profesora Laura Luelmo
Bernardo Montoya, con antecedentes de homicidio y robo, relató que la engañó y la envió a una dirección equivocada, para luego buscarla y abusar de ella. La golpeó en la cabeza y abandonó el cuerpo.
El autor del asesinato de la joven Laura Luelmo, el femicidio que conmocionó a toda España, confesó su crimen en un extenso relato conocido este miércoles, en el que detalló cómo engañó a la joven, la forma en la que la dejó inconsciente y su supuesta defensa, alegando que la abandonó cuando todavía estaba viva.
El cadáver de la mujer de 26 años fue hallado por un vecino de El Campillo a unos cuatro kilómetros del centro de la ciudad, en Huelva. Rápidamente, las sospechas se centraron en Montoya, quien tiene antecedentes de asesinato e intento de violación.
A sus 50 años, el homicida ha cumplido dos condenas. En 1995, asesinó a una anciana de 82 años y pasó 17 años en prisión (cinco años antes de cumplirse la totalidad de la condena). Además, pasó otros dos años por un robo con violencia, pero quedó en libertad hace pocos meses.
El periódico ABC y varios programas policiales reportaron el testimonio que ofreció a la Guardia Civil:
La chica salió de su casa y se me acercó a preguntarme algo. Yo estaba sentado en una silla en la puerta de la mía, que están frente a frente. Ella me dijo: «Hola, vecino, oye, ¿sabrías de algún supermercado por aquí? Es que soy nueva.»
Yo le respondí: «Claro, mujer», y le di una dirección. La engañé, porque la mandé a un callejón sin salida donde no había supermercado ni nada.
En cuanto se alejó un poco, yo corrí a por mi coche. Me monté, y dando un rodeo llegué primero al callejón. Allí esperé a que llegara. Cuando la chica apareció en el callejón sin salida, se quedó como sorprendida y me preguntó: «¿Qué haces aquí?» Y mirando hacia los lados dijo: «¿Y dónde está el supermercado?»
Entonces, sin decir palabra, la agarré y golpeé con violencia su cabeza contra el maletero de mi coche. Quedó inconsciente en el suelo. Tenía una cuerda en el vehículo y aproveché un trozo para atarle las manos a la espalda.
La metí en el maletero del coche y la envolví en una manta con el propósito de agredirla sexualmente después. Conduje hasta el lugar donde la encontraron.
Al llegar, la desnudé de cintura para abajo y traté de violarla, pero a pesar de que ella estaba inconsciente, no lo conseguí. Lo intenté, pero nada. Juro que al final no la agredí sexualmente.
Luego me asusté. La saqué del coche y la trasladé como pude hasta la zona de las jaras. Y me fui corriendo, pero juro que cuando yo la dejé allí, ella todavía estaba viva.
Me fui corriendo. Llevaba en el coche las zapatillas de la chica y el teléfono. De regreso a casa tiré el teléfono en un contenedor y unos minutos después las zapatillas en otro contenedor.
Llegué a casa e intenté dormir, pero no lograba conciliar el sueño. Así que decidí salir a andar. Salí de casa a dar un paseo.
Los días siguientes iba a ver a gente, a conocidos, a amigos y luego regresaba a casa, hasta que un día vi a la Guardia Civil. El sábado por la tarde traté de entrar en mi casa, pero estaba allí la pareja de la Guardia Civil. Al verles, salí corriendo para no volver.
Internacionales
¿Quién es el acusado del mayor robo de joyas en EE.UU. que quedó en libertad tras ser deportado a Ecuador?
Un hombre acusado de participar en lo que las autoridades calificaron como el mayor robo de joyas en la historia de Estados Unidos, con un botín estimado en USD 100 millones, quedó en libertad luego de ser deportado a Ecuador, una decisión que dejó en suspenso el proceso judicial en su contra.
Se trata de Jeson Nelon Prescilla Flores, uno de los siete sospechosos señalados por el asalto a un camión blindado de la empresa Brinks ocurrido en julio de 2022.
De acuerdo con la acusación, el vehículo transportaba oro, diamantes, piedras preciosas y relojes de lujo cuando fue interceptado a plena luz del día.
La banda habría seguido el camión durante más de 480 kilómetros, desde el norte de California hasta una parada al norte de Los Ángeles, antes de ejecutar el robo.
Según reportó el diario Los Angeles Times, la mayor parte de la mercancía robada aún no ha sido recuperada.
Sin embargo, Prescilla Flores fue liberado bajo fianza en agosto y poco después quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En un giro inesperado, el imputado optó por la deportación a finales de diciembre, mientras aún estaba detenido por ICE, lo que paralizó en la práctica el caso penal.
En una moción presentada el 15 de enero, la defensa sostuvo que “el Gobierno decidió renunciar a la persecución penal” al permitir la expulsión del acusado del país.
No obstante, los fiscales aseguran que no fueron informados de la deportación mientras el proceso seguía abierto y argumentaron que el caso no debería extinguirse simplemente porque el acusado haya salido del territorio estadounidense.
Los joyeros afectados expresaron su indignación. “Cuando un acusado en un importante caso federal de robo abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas, sin un veredicto y sin cierre”, afirmó Jerry Kroll, abogado de algunas de las empresas joyeras, citado por el Los Angeles Times.
“Para nuestros clientes —joyeros que perdieron el trabajo de toda su vida— este desenlace deja al descubierto una falla del sistema que merece transparencia. Tienen derecho a respuestas claras sobre cómo ocurrió esto y sobre si existen salvaguardas para evitar que vuelva a suceder”, agregó.
Prescilla Flores, quien se había declarado no culpable, se enfrentaba a hasta 15 años de prisión por conspiración. Por su parte, las autoridades indicaron que podría volver a ser acusado si regresa a Estados Unidos.
Mientras tanto, la coordinación entre agencias federales quedó bajo cuestionamiento y el paradero de gran parte del botín continúa siendo un misterio.
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Hallados todos los cadáveres de los 10 pasajeros de avioneta accidentada en Indonesia
Los equipos de rescate completaron este viernes el hallazgo de los restos mortales de los 10 pasajeros que iban en una avioneta que se estrelló contra una montaña en Indonesia el fin de semana, informó un funcionario local.
El avión turbohélice de Indonesian Air Transport, fletado por el Ministerio de Pesca indonesio, transportaba a siete tripulantes y tres funcionarios cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo el sábado.
A principios de esta semana se recuperaron ocho cadáveres, mientras los equipos de rescate peinaban las empinadas laderas de la montaña, con sus esfuerzos dificultados por el difícil terreno y las malas condiciones meteorológicas.
Los cuerpos de las dos personas que seguían desaparecidas fueron encontrados este viernes y serán recuperados, informó el responsable local de rescate, Andi Sultan.
La caja negra del avión fue localizada el miércoles y podría arrojar luz sobre las causas del accidente, ocurrido poco antes de que el avión aterrizara en la ciudad de Makassar, según la agencia local de búsqueda y rescate.
Los restos del avión, incluyendo el fuselaje, partes de la cola y las ventanas, fueron encontrados el domingo cerca de la cima de la montaña.
Indonesia, un extenso archipiélago en el sudeste asiático, depende del transporte aéreo para comunicar sus islas.
El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin supervivientes.
Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.
Un grupo de defensa de derechos humanos radicado en Estados Unidos anunció este viernes que pudo confirmar que más de 5,000 personas murieron durante las recientes protestas en Irán, y que en su gran mayoría se trata de civiles abatidos por las fuerzas de seguridad.
Oenegés que monitorean el balance dejado por la represión de las mayores manifestaciones organizadas en Irán en años indicaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, y advirtieron que el saldo real probablemente sea mucho más elevado.
La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, anunció este viernes que había confirmado la muerte de 5.002 personas, incluidas 4,714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.
Sin embargo, el grupo agregó que todavía está investigando otros 9,787 posibles decesos.
Al menos 26.852 personas fueron detenidas, según la misma organización, cuyo balance supera al único que han dado hasta la fecha las autoridades iraníes, de 3,117 muertos.
El organismo que comunicó ese balance el miércoles es la fundación iraní de mártires y veteranos, que distingue entre «mártires» —miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes— y «alborotadores» respaldados por Estados Unidos. De las 3.117 personas muertas, según la fundación, 2,427 eran «mártires».
Al divulgar su propio balance, HRANA señaló que las autoridades iraníes «intentaron apuntalar el relato oficial del gobierno respecto a las matanzas».
Otra oenegé, Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, afirmó haber documentado la muerte de al menos 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que el saldo final podría rondar los 25.000 decesos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevas acciones militares contra Teherán en respuesta a la represión, advirtiendo en particular sobre consecuencias en caso de ejecución de manifestantes.
La Casa Blanca indicó el 15 de enero que «800 ejecuciones que estaban programadas y debían realizarse» el 14 de enero «fueron suspendidas» tras las presiones de Washington.
Sin embargo, el fiscal general de Irán, Mohamad Movahedi, calificó esa afirmación de «completamente falsa».
«El irracional y arrogante presidente estadounidense (…) afirmó que impidió la ejecución de 800 personas en Irán. Esa afirmación es completamente falsa: no existe tal cifra, ni el poder judicial ha tomado una decisión en ese sentido», declaró, citado por el sitio web del poder judicial Mizan.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el viernes a las autoridades iraníes a poner fin a su «represión brutal», en particular «a los juicios sumarios y a las penas desproporcionadas».
