Internacionales
INSÓLITO: Hombre que asesinó a su esposa embarazada y a sus dos hijas pasará en la cárcel de por vida
Chris Watts tampoco podrá pedir libertad condicional. La audiencia terminó poco después del mediodía del lunes, hora del este en Estados Unidos
La hija mayor del monstruo de Denver, Bella Watts, luchó por su vida mientras él la estaba ahogando y se mordió la lengua varias veces, dijo el fiscal del caso en la audiencia de condena de Chris Watts.
Al principio hablaron los padres de la esposa asesinada, Shanann, Frank y Sandra Rzucek.
«Usted no sabe lo que es amor, porque si lo supiera no las habría matado», dijo Frank Rzucek. «Monstruo, usted pensó que iba a salirse con la suya. Las sacó de la casa como si fueran basura. Usted enterró a mi hija Shannan y a Nico [la criatura en su vientre] en una tumba de poca profundidad y luego puso a Bella y a Cece [Celeste] en depósitos de petróleo».
Watts, que se había declarado culpable de asesinar a su esposa embarazada y a sus dos hijas de tres y cuatro años, fue sentenciado por el juez de la Corte de Distrito Marcelo Kopcow a cuatro condenas de cadena perpetua sin derecho a libertad condicional y más de medio siglo de prisión por cargos adicionales en una corte de Denver.
La esposa, Shanann, hizo todo lo posible por salvar el matrimonio, le enviaba mensajes de texto y le dio libros de autoterapia para evitar la separación de parejas, uno de los cuales la policía halló en la basura, de acuerdo con el fiscal.
La abogada de Watts habló a su nombre y dijo que él había pedido decir que lo sentía mucho.
La madre del asesino confeso, Cindy Watts, habló poco antes de que se anunciara la condena, y dijo que nunca iba a ser capaz de entender lo que había ocurrido ni por qué su hijo había sido capaz de hacerlo.
La abogada de los padres leyó la declaración del padre, Ronnie Watts, en la cual este dijo que a pesar de todo, amaba a su hijo.
Lo detuvieron la noche del 15 de agosto, y entonces declaró que había matado a su esposa al verla cómo estrangulaba a una de sus hijas después de anunciarle que quería separarse de ella.
Después se supo que había enterrado el cadáver de Shannan en una tumba poco profunda en los terrenos de la compañía petrolera donde trabajaba, y que lanzó los cuerpos de las niñas en un tanque de combustible.
Watts tenía una relación extramatrimonial de menos de dos meses con una compañera de trabajo, Nichol Kessinger, que la mañana del mismo 15 de agosto se presentó a la policíay fue entrevistada por agentes del FBI.
Kessinger habló públicamente por primera vez la semana pasada, en entrevista exclusiva concedida al diario The Denver Post.
Watts es un mentiroso empedernido, les dijo Kessinger a los investigadores. Cuando se conocieron en junio, según ella, le aseguró que ya estaba en trámites finales de divorcio y que buscaba un apartamento para independizarse.
También la semana pasada hablaron por primera vez la madre y el padre del asesino confeso, Cindy y Ronnie Watts. Según ella, antes de casarse su hijo «era normal», pero Shanann fue abusiva con él y lo apartó de su familia.
El 6 de este mes, en un acuerdo con los fiscales, Watts se declaró culpable de nueve cargos: cinco de homicidio en primer grado, uno de terminación ilegal de embarazo, y tres de manipulación de un cadáver. Con ese acuerdo evitó ser condenado a muerte.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
