Internacionales
IMÁGENES: Amputaciones, toques eléctricos y crueles castigos: el manual de torturas del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) empezó a marcar una línea entre los otros cárteles del narco en México a través del uso constante de explosivos, principalmente para realizar bloqueos en vías de comunicación, pero a partir de 2017, cuando dos de sus sicarios fueron capturados, se empezaron a conocer los escalofriantes métodos de tortura que aplica a sus rivales.
Comer la carne de sus rivales como parte parte sus rituales de iniciación es sólo una de las tantas atrocidades que comete la organización criminal. Medios mexicanos analizaron distintos videos difundidos a través de redes sociales en los que muestra cómoasesina a sus enemigos para infundir terror.
Una de sus prácticas comunes es marcar con cuchillos a sus rivales, como lo mostró el hallazgo, en San Juan de los Lagos Jalisco, de cuatro cuerpos semidesnudos, todos marcados con la leyenda «x-rata».
Las mujeres no quedan ajenas a las venganzas, en julio se difundió un video en el que un grupo de escorts fueron desnudadas, torturadas y algunas rapadas, por no «entender» que el grupo delictivo tenía el control de los sexo servidoras en la ciudad de Querétaro.
A otras mujeres las torturan con toques eléctricos mientras que a una le apuntaban la cabeza con un arma de fuego. La «plaza de Querétaro ya está ocupada», se escucha decir a uno de los sicarios.
Días antes, medios locales reportaron la aparición de narcomantas firmadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación, en las cuales anunciaban su llegada a la entidad y con ello una «limpia» de criminales.En la grabación se observa a un hombre encapuchado gritando: «Ya hay plaza en Querétaro», mientras golpea y amenaza con un arma a una mujer.
Una constante en los videos es que despojan a las víctimas de sus prendas de vestir y las exponen desnudas ya sea parcial o completamente.
En abril, cinco jóvenes que aparecieron en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, con los dedos índices amputados, de acuerdo a las investigaciones, el CJNG fue quien los secuestró y torturó.
En esa ocasión, las víctimas revelaron que los mantuvieron casi seis días secuestrados en un lugar desconocido y ahí los tuvieron maniatados y con los ojos cubiertos mientras los torturaron y luego les mutilaron el dedo índice a cada uno de ellos.
Para posicionarse en el mundo de las drogas, la organización recurrió a mensajes amenazantes a través de narcomantas, decapitaciones y mutilaciones de cadáveres de sus rivales.
Para mantener el control entre sus distribuidores y menudistas en las distintas plazas, creó una serie de «castigos ejemplares» como cortar las manos a quienes no llegan a pagar sus deudas.
Por su grado de crueldad, el gobierno de Estados Unidos ha clasificado a la organización como un grupo «narcoterrorista». El CJNG es encabezado por Nemesio Oseguera «El Mencho».
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
