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Hondureño que era testigo clave en demanda por edificio que colapsó es deportado por la ICE
El hondureño Delmer Ramírez Palma uno de los heridos en el derrumbe de un hotel en construcción en Nueva Orleans de la cadena Hard Rock y testigo de una investigación federal, fue deportado este viernes, confirmó la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Ramírez fue embarcado a su país en un vuelo que partió desde el Aeropuerto Internacional de Alexandria en horas de la mañana, informó el vocero de ICE en Nueva Orleans, Bryan Cox, sin dar más detalles.
En ese aeropuerto, ubicado cerca de las instalaciones que tiene la agencia federal en el centro de Luisiana, funciona la empresa ICE Air, una aerolínea utilizada para el traslado de indocumentados que son deportados.
La deportación de Ramírez, uno de los obreros que trabajaba en la construcción del hotel, se produjo a pesar de los exhortos realizados por sus abogados para que lo dejaran en libertad mientras se investigan las causas del colapso ocurrido el mes pasado, donde murieron tres trabajadores y una veintena resultó herida.
Según ICE, el hondureño tenía una orden de deportación en su contra emitida en 2016.
El colapso del hotel ha merecido una demanda legal entablada por seis trabajadores, entre ellos el propio Ramírez-Palma, en la que alegan que el incidente les produjo daños, dolores corporales y hasta la pérdida de audición en algunos casos.
El Centro para la Justicia Racial de los Trabajadores de Nueva Orleans confirmó la deportación y declaró a Efe que la medida, tomada a pesar de las exhortaciones, “nos hace menos seguros a todos, porque el gobierno federal demuestra que no puede controlar a empleadores inescrupulosos”.
El centro informó que el hondureño fue entrevistado dos veces por investigadores de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA).
Además de preguntarle sobre el desplome del hotel, fue interrogado sobre denuncias que el montador de marcos de ventanas hizo a un supervisor por una inclinación que al parecer registraba la obra antes del incidente.
Los abogados del centro argumentan que la deportación va a dificultar la investigación del derrumbe, ya que evitara testimonios futuros de Ramírez-Palma y de otros testigos que están en el país sin autorización.
“La próxima vez que se derrumbe un edificio nos preguntaremos si pudo haberse evitado, si nuestras agencias federales habrían priorizado la información dada por los sobrevivientes”, señaló la organización.
“Esta es una negligencia chocante de la responsabilidad del gobierno, que debe preocupar a todos los ciudadanos del país”, agregó.
El elefante, un macho solitario, ha sembrado el pánico desde principios de enero en el distrito rural de West Singhbhum.
«Estamos tratando de rastrear y rescatar a este elefante que mató a tanta gente», dijo a AFP el funcionario forestal gubernamental Aditya Narayan, quien confirmó un saldo de 20 muertos.
Entre los fallecidos hay niños y ancianos, además de un cuidador profesional de elefantes.
Tras dejar un rastro de destrucción, el animal no ha sido visto desde el viernes, pese a múltiples patrullajes en la zona.
Las autoridades dijeron que equipos de búsqueda, con ayuda de drones, revisan densas franjas forestales, incluido un parque nacional en el vecino estado de Odisha.
El miedo ha llevado a los habitantes de más de 20 aldeas a abandonar sus campos o atrincherarse en sus casas por la noche.
«Un equipo policial, o un vehículo de funcionarios forestales, visita por la noche para brindar ayuda esencial a los aldeanos», señaló un dirigente local.
Cada año, cientos de miles de indios se ven afectados por elefantes que arrasan cultivos.
Los elefantes asiáticos están ahora restringidos a apenas el 15% de su hábitat original.
Animales por lo general tímidos, los elefantes entran en contacto cada vez más frecuente con humanos debido a la rápida expansión de los asentamientos y el avance sobre los bosques, incluidas operaciones mineras.
Seis presuntos integrantes de la banda criminal venezolana Tren de Aragua fueron detenidos en Ciudad de México acusados de extorsión y de tráfico de drogas y de personas, informó este martes la secretaría de Seguridad federal.
Este grupo criminal ha sido designado como «organización terrorista» por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Militares y agentes federales mexicanos «detuvieron a seis integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, relacionadas con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas», detalló en la red social X el secretario de Seguridad Omar García Harfuch.
Entre los presuntos criminales capturados destaca una mujer señalada como la encargada «del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres víctimas» de trata, añadió el funcionario.
También fue detenido un hombre acusado de ser el operador financiero de la organización y de administrar los inmuebles de la banda.
Las autoridades no detallaron la nacionalidad de los detenidos. Otros integrantes de esta banda han sido capturados en México en los últimos meses.
La presunta relación de funcionarios del gobierno venezolano con el Tren de Aragua fue uno de los argumentos de Trump para lanzar una operación militar el 3 de enero en Venezuela y capturar y trasladar a Estados Unidos al depuesto mandatario Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico.
El Tren de Aragua nació dentro del penal venezolano conocido como Tocorón y según estudios se expandió a varios países de América Latina, donde lucra de diversos delitos como el tráfico de estupefacientes y la extorsión.
Los fiscales reprocharon al ex jefe de Estado conservador haber liderado una «insurrección» motivada por una «sed de poder destinada a instaurar una dictadura».
También acusaron al exdirigente, de 65 años, de no mostrar «ningún remordimiento» por actos que amenazaban «el orden constitucional y la democracia».
«En el momento de dictar sentencia no puede tenerse en cuenta ninguna circunstancia atenuante y se impone una sanción severa», concluyeron los fiscales, que solicitaron la pena capital, aún vigente en Corea del Sur aunque no se llevó a cabo ninguna ejecución desde 1997.
El veredicto se espera para el próximo mes.
En la noche del 3 de diciembre de 2024, Yoon Suk Yeol había conmocionado al país al anunciar por sorpresa en televisión la imposición de la ley marcial, enviando tropas al Parlamento.
Horas más tarde dio marcha atrás, después de que un número suficiente de diputados lograra abrirse paso hasta el hemiciclo, rodeado por soldados, y votase la suspensión de su decreto.
Fue destituido oficialmente en abril de 2025 por el Tribunal Constitucional, tras meses de manifestaciones masivas y de caos político.
Yoon Suk Yeol había justificado la imposición de la ley marcial —medida sin precedentes en Corea del Sur desde las dictaduras militares de la década de 1980— alegando que el Parlamento, controlado por la oposición, bloqueaba el presupuesto.
