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Hondureño que era testigo clave en demanda por edificio que colapsó es deportado por la ICE
El hondureño Delmer Ramírez Palma uno de los heridos en el derrumbe de un hotel en construcción en Nueva Orleans de la cadena Hard Rock y testigo de una investigación federal, fue deportado este viernes, confirmó la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Ramírez fue embarcado a su país en un vuelo que partió desde el Aeropuerto Internacional de Alexandria en horas de la mañana, informó el vocero de ICE en Nueva Orleans, Bryan Cox, sin dar más detalles.
En ese aeropuerto, ubicado cerca de las instalaciones que tiene la agencia federal en el centro de Luisiana, funciona la empresa ICE Air, una aerolínea utilizada para el traslado de indocumentados que son deportados.
La deportación de Ramírez, uno de los obreros que trabajaba en la construcción del hotel, se produjo a pesar de los exhortos realizados por sus abogados para que lo dejaran en libertad mientras se investigan las causas del colapso ocurrido el mes pasado, donde murieron tres trabajadores y una veintena resultó herida.
Según ICE, el hondureño tenía una orden de deportación en su contra emitida en 2016.
El colapso del hotel ha merecido una demanda legal entablada por seis trabajadores, entre ellos el propio Ramírez-Palma, en la que alegan que el incidente les produjo daños, dolores corporales y hasta la pérdida de audición en algunos casos.
El Centro para la Justicia Racial de los Trabajadores de Nueva Orleans confirmó la deportación y declaró a Efe que la medida, tomada a pesar de las exhortaciones, “nos hace menos seguros a todos, porque el gobierno federal demuestra que no puede controlar a empleadores inescrupulosos”.
El centro informó que el hondureño fue entrevistado dos veces por investigadores de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA).
Además de preguntarle sobre el desplome del hotel, fue interrogado sobre denuncias que el montador de marcos de ventanas hizo a un supervisor por una inclinación que al parecer registraba la obra antes del incidente.
Los abogados del centro argumentan que la deportación va a dificultar la investigación del derrumbe, ya que evitara testimonios futuros de Ramírez-Palma y de otros testigos que están en el país sin autorización.
“La próxima vez que se derrumbe un edificio nos preguntaremos si pudo haberse evitado, si nuestras agencias federales habrían priorizado la información dada por los sobrevivientes”, señaló la organización.
“Esta es una negligencia chocante de la responsabilidad del gobierno, que debe preocupar a todos los ciudadanos del país”, agregó.
Cuatro astronautas despegarán para volver a dotar de personal la Estación Espacial Internacional (EEI) la próxima semana, informó la NASA el viernes, tras la evacuación médica de emergencia de la tripulación anterior.
La NASA anunció que la nueva misión, llamada Crew-12, despegará en el cohete Falcon 9 de SpaceX a primera hora del miércoles, con el lanzamiento «previsto para no antes de las 6H01 a.m.» hora local (11H01 GMT).
La confirmación aporta una pizca de certeza a la Crew-12, que había afrontado problemas de último minuto con el cohete y cambios de personal.
A principios de esta semana, SpaceX había dejado en tierra sus cohetes Falcon 9 mientras investigaba lo que la Administración Federal de Aviación (FAA) describió como una «falla de encendido del motor de la segunda etapa».
«El vehículo Falcon 9 está autorizado para volver a volar», dijo el viernes a la AFP un portavoz de la FAA.
La pausa temporal por parte de SpaceX generó preocupaciones de que el vuelo de la Crew-12 pudiera haberse retrasado.
La misión reemplazará a la Crew-11, que regresó a la Tierra en enero, un mes antes de lo previsto, durante la primera evacuación médica en la historia de la estación espacial.
Militares y agentes federales capturaron en el estado mexicano de Querétaro (centro) a 30 integrantes de una célula criminal ligada al poderoso cártel de Sinaloa, informó este viernes la secretaría de Seguridad Federal.
Los detenidos son 21 hombres y nueve mujeres señaladas de ser presuntos vendedores de drogas y extorsionadores de la banda criminal conocida como Los Salazar. Entre los capturados está uno de sus jefes, Diego «N», alias ‘El Flaco’ (por ley se reservan los apellidos).
Este grupo criminal es «afín al cártel de Sinaloa» y las capturas fueron resultado de cuatro meses de investigación, escribió en la red social X el secretario de seguridad mexicano Omar García Harfuch.
Un comunicado de la dependencia detalló que las capturas se realizaron en doce operativos en la ciudad de Querétaro, capital del estado del mismo nombre.
«Se aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, dosis de droga, dinero en efectivo, vehículos, equipos de telefonía y dispositivos de almacenamiento de información», añadió el comunicado.
Estas detenciones se conocen luego de que el pasado jueves la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo en Querétaro para participar con autoridades locales en un evento público.
El gobierno mexicano ha multiplicado sus operativos contra el narcotráfico en medio de reclamos y amenazas de imponer aranceles del presidente estadounidense Donald Trump.
Tras dos semanas de protestas indígenas, el gobierno de Brasil anunció este viernes la suspensión del dragado del río Tapajós, en la Amazonía, donde pueblos nativos rechazan la explotación fluvial para la exportación de granos.
Cientos de indígenas acamparon durante días frente a la terminal portuaria del gigante agroindustrial estadounidense Cargill, en el norte brasileño, para llamar la atención del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
«Frente a la movilización de pueblos indígenas y (…) como gesto de negociación», el gobierno suspendió el proceso de contratación de una empresa para las obras de dragado anual del Tapajós, en el estado de Pará, según una nota oficial.
Pueblos amazónicos alertan sobre la expansión portuaria en ríos que consideran vitales para su modo de vida, una queja que ya expresaron en la conferencia climática COP30 de la ONU en noviembre.
Piden la derogación de un decreto firmado por el izquierdista Lula en agosto pasado, que designa los principales ríos de la Amazonía como prioritarios para la navegación de carga y la expansión de puertos privados.
También reclamaban la cancelación de la licitación para dragar el Tapajós, un importante afluente del Amazonas.
Además de suspender ese proceso, el gobierno prometió este viernes una «consulta libre, previa e informada» a las comunidades locales antes de avanzar en obras.
«El gobierno está abriendo nuestros territorios a muchos proyectos (…) para impulsar el agronegocio», dijo esta semana a la AFP la líder indígena Auricelia Arapiuns, por video desde la protesta en la ciudad portuaria amazónica de Santarém.
Los manifestantes llegaron a impedir que los camiones «entren y salgan de la terminal», dijo Cargill en un comunicado enviado a la AFP.
La multinacional estadounidense cuenta con operaciones de logística agrícola en todo Brasil.
Los manifestantes bloquearon la carretera que conduce al aeropuerto internacional de Santarém, punto frecuentado por turistas.
«La infraestructura (para los ríos) que llega no es un espacio para nosotros, y nunca lo será», afirmó esta semana la líder indígena Alessandra Korap, del pueblo mundurukú.
Brasil es el mayor exportador mundial de soja y maíz y, en los últimos años, ha optado por puertos fluviales del norte para abaratar la exportación de granos.
La fiscalía general había señalado el martes «serios riesgos ambientales» para el río Tapajós.
