«Ya no hay ni un solo reo en el presidio «El Infiernito». De nuevo esta cárcel es del país. La vamos a reestructurar para que ahora sí sea una cárcel de máxima seguridad», afirmó en su cuenta de la red X el ministro de Gobernación (Interior), Francisco Jiménez.

«Será repoblada. Eso sí, de acuerdo a su condición de privados de libertad. Son prisiones, NO vacaciones», agregó en alusión a las comodidades que tenían los líderes de esa mafia.

Según imágenes oficiales, los reos tenían aire acondicionado, televisores y refrigeradores en el Centro de Máxima Seguridad Canadá – apodada «El Infiernito» -, en el departamento de Escuintla, 70 km al sur de la capital.

Ademas, encontraron animales de granja como pollos y gallinas, y una laguna con cocodrilos, agregó el ministro en un video compartido en X.

En una requisa anterior, la policía desmanteló en el penal una especie de «call center», con teléfonos celulares y conexiones de internet, entre otros equipos.

El ministro responsabilizó a «los gobiernos anteriores» de «ceder a los criminales» el control de las cárceles.

«Primero vamos a encontrar todas las caletas (espacios ocultos para guardar dinero, armas de fuego o celulares), así tengamos que botar todas las paredes y levantar todo el piso y después la vamos a convertir en una verdadera cárcel de máxima seguridad, con controles estrictos y uso de tecnología», aseveró.

La operación se realizó tres días después de que el presidente Bernardo Arévalo reconoció que zonas de la capital viven «prisioneras» de las pandillas, al reaccionar a un llamado de la ONU para que frene el reclutamiento de menores por parte de esas bandas.

Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha se disputan el control de territorios para exigir el pago de extorsiones a transportistas y comerciantes, entre otros. Quienes se niegan a pagar, son asesinados, según las autoridades.

Las propias autoridades reconocen que desde las prisiones salen la mayoría de llamadas telefónicas de extorsión.

La violencia criminal dejó en Guatemala 4.361 homicidios en 2023, una tasa de 25 por cada 100.000 habitantes, la mitad atribuidos al narcotráfico y a las pandillas.