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Gobierno de Guatemala pondrá fin a la CICIG al terminar su plazo en septiembre próximo
Guatemala pondrá fin de manera unilateral en 24 horas a la Cicig, la comisión de Naciones Unidas que investiga la corrupción en altas esferas del gobierno, anunció el lunes la canciller Sandra Jovel tras reunirse con el jefe de la ONU, Antonio Guterres. Por su parte, Guterres dijo que la entidad seguirá trabajando en Guatemala hasta que se venza el plazo, en septiembre de este año.
Los funcionarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que acusa al presidente Jimmy Morales de corrupción electoral en los comicios que ganó en 2015, deberán abandonar inmediatamente el país, dijo Jovel a periodistas en la ONU.
«Se le comunicó al secretario general que en un plazo de 24 horas queda el acuerdo finalizado», dijo la canciller.
Una decisión «inaudita»
Jovel se quejó vigorosamente de la decisión de Guterres de mantener en su cargo de jefe de la Cicig, el exjuez colombiano Iván Velásquez, «trabajando desde fuera, cosa que es inaudita», aunque el gobierno de Morales no lo deja entrar a Guatemala desde septiembre pasado.
Guterres «sacrificó a la comisión por una persona», aseguró, y agregó que «los funcionarios ya no son funcionarios de la Comisión» y «tendrán que salir de territorio guatemalteco».
La Cicig es un mecanismo independiente que investiga la corrupción en altas esferas del gobierno guatemalteco y que fue creado por común acuerdo entre el país centroamericano y la ONU en 2007. El mandato de la Cicig debía expirar en septiembre próximo.
Jovel estimó asimismo que la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala, que defiende la estadía de más de una decena de investigadores de la Cicig en el país, «se ha extralimitado en sus fallos, tratando de dictar la política exterior».
¿Demasiadas investigaciones?
«Es importante reiterar que la Cicig fue creada para combatir los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que estaban incrustados en el Estado, lo cual después de 11 años (y) tres meses no logró realizar», dijo Jovel.
La Cicig adquirió relieve en la lucha contra la corrupción luego de que en 2015 destapó la operación de una red de defraudación en las aduanas que provocó la renuncia del expresidente Otto Pérez, actualmente detenido en espera de un juicio por su papel como líder de esa operación.
Morales, que llegó al poder prometiendo luchar contra la corrupción y defendiendo la Cicig, ha sido hostil con el trabajo de la comisión desde el comienzo de su mandato en 2016, cuando la entidad y la fiscalía acusaron a un hijo y un hermano de defraudación fiscal. Los dos guardan arresto domiciliario y están a la espera de un juicio.
«La comisión (…) ha hecho investigaciones de manera ilegal. Sin embargo, el presidente Morales ha permitido que esas investigaciones se lleven a cabo», le defendió Jovel.
«La comisión ha abusado y se ha extralimitado en sus funciones. Ha cometido injerencia y ha violentado la soberanía de Guatemala, ha violado los derechos humanos de los guatemaltecos», denunció.
La situación empeoró en agosto de 2017 cuando la Cicig y la fiscalía acusaron a Morales de corrupción electoral durante los comicios que ganó en 2015. Dos veces la Cicig pidió al Congreso levantar la inmunidad de Morales para investigarlo por sospechas de corrupción.
La canciller aseguró no obstante que los procesos judiciales abiertos debido a investigaciones de la Cicig proseguirán su curso y no serán afectados por el fin del acuerdo.
El pasado fin de semana, el gobierno de Morales intentó impedir el ingreso del investigador colombiano de la Cicig Yinel Osorio, retenido en el aeropuerto durante 25 horas, hasta que la CC emitió una orden que le permitió ingresar al país.
Durante la Asamblea General de la ONU, en septiembre pasado, Morales afirmó que la Cicig es «una amenaza» para la paz en Guatemala.
Por su parte, el jefe de la ONU, Antonio Guterres, aseguró el lunes que la Comisión de lucha anticorrupción de la ONU en Guatemala, la Cicig, seguirá trabajando hasta el fin de su mandato en septiembre, pese a la decisión unilateral de Guatemala de ponerle fin.
«El mandato de la Comisión finalizará el 3 de septiembre del 2019. Hasta esa fecha, esperamos que el gobierno de Guatemala cumpla integralmente con sus obligaciones legales en virtud del acuerdo», dijo Guterres en un comunicado difundido por su portavoz.
Las autoridades guatemaltecas recapturaron a Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias “Black Demon”, integrante de la clica Latin Family del Barrio 18, quien se había fugado el pasado 13 de octubre del centro penitenciario Fraijanes II.
Medios locales informaron que el juez ordenó su traslado al centro carcelario de Matamoros, una prisión militar de máxima seguridad destinada a reos de alto perfil, debido a los suficientes elementos para mantenerlo en prisión mientras continúa el proceso judicial.
El traslado de “Black Demon”, quien solo tiene una pierna, al área de aislamiento de Matamoros responde a su alta peligrosidad y busca evitar nuevas fugas o contactos con estructuras criminales.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este jueves que las personas que critican su gestión lo hacen por “envidia”. Según dijo, su liderazgo se mantiene porque “quiere a su pueblo” y cuenta con el apoyo de “millones de hombres y mujeres” en el país.
Las declaraciones se viralizaron en redes sociales, donde numerosos usuarios lo cuestionaron y lo acusaron de aferrarse al poder en Venezuela.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hizo un llamado a la coordinación entre las autoridades para combatir al crimen organizado, luego de la masiva operación policial realizada el martes en las favelas de Penha y Alemão, en la zona norte de Río de Janeiro, que dejó 130 muertos.
“No podemos aceptar que el crimen organizado continúe destruyendo familias, oprimiendo a los vecinos y esparciendo droga y violencia por las ciudades”, escribió Lula en la red social X.
El mandatario enfatizó la importancia de trabajar de manera coordinada para atacar la “espina dorsal” del crimen sin poner en riesgo a policías y civiles. Asimismo, recordó la reforma de la ley de seguridad presentada por su Gobierno, que busca la actuación conjunta de todas las fuerzas policiales.
La operación tenía como objetivo capturar a los principales cabecillas del Comando Vermelho, considerada una de las organizaciones criminales más antiguas y poderosas de Río de Janeiro.
