Internacionales
Gobierno de Guatemala pondrá fin a la CICIG al terminar su plazo en septiembre próximo
Guatemala pondrá fin de manera unilateral en 24 horas a la Cicig, la comisión de Naciones Unidas que investiga la corrupción en altas esferas del gobierno, anunció el lunes la canciller Sandra Jovel tras reunirse con el jefe de la ONU, Antonio Guterres. Por su parte, Guterres dijo que la entidad seguirá trabajando en Guatemala hasta que se venza el plazo, en septiembre de este año.
Los funcionarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que acusa al presidente Jimmy Morales de corrupción electoral en los comicios que ganó en 2015, deberán abandonar inmediatamente el país, dijo Jovel a periodistas en la ONU.
«Se le comunicó al secretario general que en un plazo de 24 horas queda el acuerdo finalizado», dijo la canciller.
Una decisión «inaudita»
Jovel se quejó vigorosamente de la decisión de Guterres de mantener en su cargo de jefe de la Cicig, el exjuez colombiano Iván Velásquez, «trabajando desde fuera, cosa que es inaudita», aunque el gobierno de Morales no lo deja entrar a Guatemala desde septiembre pasado.
Guterres «sacrificó a la comisión por una persona», aseguró, y agregó que «los funcionarios ya no son funcionarios de la Comisión» y «tendrán que salir de territorio guatemalteco».
La Cicig es un mecanismo independiente que investiga la corrupción en altas esferas del gobierno guatemalteco y que fue creado por común acuerdo entre el país centroamericano y la ONU en 2007. El mandato de la Cicig debía expirar en septiembre próximo.
Jovel estimó asimismo que la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala, que defiende la estadía de más de una decena de investigadores de la Cicig en el país, «se ha extralimitado en sus fallos, tratando de dictar la política exterior».
¿Demasiadas investigaciones?
«Es importante reiterar que la Cicig fue creada para combatir los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que estaban incrustados en el Estado, lo cual después de 11 años (y) tres meses no logró realizar», dijo Jovel.
La Cicig adquirió relieve en la lucha contra la corrupción luego de que en 2015 destapó la operación de una red de defraudación en las aduanas que provocó la renuncia del expresidente Otto Pérez, actualmente detenido en espera de un juicio por su papel como líder de esa operación.
Morales, que llegó al poder prometiendo luchar contra la corrupción y defendiendo la Cicig, ha sido hostil con el trabajo de la comisión desde el comienzo de su mandato en 2016, cuando la entidad y la fiscalía acusaron a un hijo y un hermano de defraudación fiscal. Los dos guardan arresto domiciliario y están a la espera de un juicio.
«La comisión (…) ha hecho investigaciones de manera ilegal. Sin embargo, el presidente Morales ha permitido que esas investigaciones se lleven a cabo», le defendió Jovel.
«La comisión ha abusado y se ha extralimitado en sus funciones. Ha cometido injerencia y ha violentado la soberanía de Guatemala, ha violado los derechos humanos de los guatemaltecos», denunció.
La situación empeoró en agosto de 2017 cuando la Cicig y la fiscalía acusaron a Morales de corrupción electoral durante los comicios que ganó en 2015. Dos veces la Cicig pidió al Congreso levantar la inmunidad de Morales para investigarlo por sospechas de corrupción.
La canciller aseguró no obstante que los procesos judiciales abiertos debido a investigaciones de la Cicig proseguirán su curso y no serán afectados por el fin del acuerdo.
El pasado fin de semana, el gobierno de Morales intentó impedir el ingreso del investigador colombiano de la Cicig Yinel Osorio, retenido en el aeropuerto durante 25 horas, hasta que la CC emitió una orden que le permitió ingresar al país.
Durante la Asamblea General de la ONU, en septiembre pasado, Morales afirmó que la Cicig es «una amenaza» para la paz en Guatemala.
Por su parte, el jefe de la ONU, Antonio Guterres, aseguró el lunes que la Comisión de lucha anticorrupción de la ONU en Guatemala, la Cicig, seguirá trabajando hasta el fin de su mandato en septiembre, pese a la decisión unilateral de Guatemala de ponerle fin.
«El mandato de la Comisión finalizará el 3 de septiembre del 2019. Hasta esa fecha, esperamos que el gobierno de Guatemala cumpla integralmente con sus obligaciones legales en virtud del acuerdo», dijo Guterres en un comunicado difundido por su portavoz.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
