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Gobierno de Guatemala pondrá fin a la CICIG al terminar su plazo en septiembre próximo
Guatemala pondrá fin de manera unilateral en 24 horas a la Cicig, la comisión de Naciones Unidas que investiga la corrupción en altas esferas del gobierno, anunció el lunes la canciller Sandra Jovel tras reunirse con el jefe de la ONU, Antonio Guterres. Por su parte, Guterres dijo que la entidad seguirá trabajando en Guatemala hasta que se venza el plazo, en septiembre de este año.
Los funcionarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que acusa al presidente Jimmy Morales de corrupción electoral en los comicios que ganó en 2015, deberán abandonar inmediatamente el país, dijo Jovel a periodistas en la ONU.
«Se le comunicó al secretario general que en un plazo de 24 horas queda el acuerdo finalizado», dijo la canciller.
Una decisión «inaudita»
Jovel se quejó vigorosamente de la decisión de Guterres de mantener en su cargo de jefe de la Cicig, el exjuez colombiano Iván Velásquez, «trabajando desde fuera, cosa que es inaudita», aunque el gobierno de Morales no lo deja entrar a Guatemala desde septiembre pasado.
Guterres «sacrificó a la comisión por una persona», aseguró, y agregó que «los funcionarios ya no son funcionarios de la Comisión» y «tendrán que salir de territorio guatemalteco».
La Cicig es un mecanismo independiente que investiga la corrupción en altas esferas del gobierno guatemalteco y que fue creado por común acuerdo entre el país centroamericano y la ONU en 2007. El mandato de la Cicig debía expirar en septiembre próximo.
Jovel estimó asimismo que la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala, que defiende la estadía de más de una decena de investigadores de la Cicig en el país, «se ha extralimitado en sus fallos, tratando de dictar la política exterior».
¿Demasiadas investigaciones?
«Es importante reiterar que la Cicig fue creada para combatir los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que estaban incrustados en el Estado, lo cual después de 11 años (y) tres meses no logró realizar», dijo Jovel.
La Cicig adquirió relieve en la lucha contra la corrupción luego de que en 2015 destapó la operación de una red de defraudación en las aduanas que provocó la renuncia del expresidente Otto Pérez, actualmente detenido en espera de un juicio por su papel como líder de esa operación.
Morales, que llegó al poder prometiendo luchar contra la corrupción y defendiendo la Cicig, ha sido hostil con el trabajo de la comisión desde el comienzo de su mandato en 2016, cuando la entidad y la fiscalía acusaron a un hijo y un hermano de defraudación fiscal. Los dos guardan arresto domiciliario y están a la espera de un juicio.
«La comisión (…) ha hecho investigaciones de manera ilegal. Sin embargo, el presidente Morales ha permitido que esas investigaciones se lleven a cabo», le defendió Jovel.
«La comisión ha abusado y se ha extralimitado en sus funciones. Ha cometido injerencia y ha violentado la soberanía de Guatemala, ha violado los derechos humanos de los guatemaltecos», denunció.
La situación empeoró en agosto de 2017 cuando la Cicig y la fiscalía acusaron a Morales de corrupción electoral durante los comicios que ganó en 2015. Dos veces la Cicig pidió al Congreso levantar la inmunidad de Morales para investigarlo por sospechas de corrupción.
La canciller aseguró no obstante que los procesos judiciales abiertos debido a investigaciones de la Cicig proseguirán su curso y no serán afectados por el fin del acuerdo.
El pasado fin de semana, el gobierno de Morales intentó impedir el ingreso del investigador colombiano de la Cicig Yinel Osorio, retenido en el aeropuerto durante 25 horas, hasta que la CC emitió una orden que le permitió ingresar al país.
Durante la Asamblea General de la ONU, en septiembre pasado, Morales afirmó que la Cicig es «una amenaza» para la paz en Guatemala.
Por su parte, el jefe de la ONU, Antonio Guterres, aseguró el lunes que la Comisión de lucha anticorrupción de la ONU en Guatemala, la Cicig, seguirá trabajando hasta el fin de su mandato en septiembre, pese a la decisión unilateral de Guatemala de ponerle fin.
«El mandato de la Comisión finalizará el 3 de septiembre del 2019. Hasta esa fecha, esperamos que el gobierno de Guatemala cumpla integralmente con sus obligaciones legales en virtud del acuerdo», dijo Guterres en un comunicado difundido por su portavoz.
Internacionales
La leyenda del agricultor colombiano y los 600 millones de dólares de Pablo Escobar resurge en 2025
La historia de José Mariena Cartolos, un supuesto agricultor colombiano que en 2015 habría encontrado 600 millones de dólares enterrados en su finca vinculados al narcotraficante Pablo Escobar, vuelve a captar la atención pública en 2025.
Según reportes de medios internacionales y portales digitales, Cartolos habría hallado bidones metálicos con fajos de dinero bajo más de un metro de tierra mientras trabajaba una plantación de palma en Bogotá. La finca, de más de 200 años de antigüedad, habría servido como escondite de parte de la fortuna del extinto líder del Cartel de Medellín.
En su momento, se informó que el dinero fue entregado a la policía local, que abrió una investigación para determinar su origen. No obstante, nunca hubo confirmación oficial por parte del Gobierno colombiano sobre la existencia del hallazgo ni sobre el destino concreto de los fondos. La leyenda indica que, de haberse recuperado, los recursos habrían sido destinados a proyectos sociales.
El relato, considerado por muchos como mito o rumor viral, ha generado un fenómeno de “turismo de búsqueda de tesoros” en Colombia, alentado por el misterio que rodea la fortuna dispersa del Cartel de Medellín. Historias similares se reportaron en años posteriores, como el hallazgo de 18 millones de dólares y objetos personales de Escobar por parte de su sobrino Nicolás Escobar, aunque los billetes estaban en mal estado para circular legalmente.
El resurgimiento de la historia en 2025 refleja el continuo interés global en los vestigios del narcotráfico colombiano y en el lado más legendario de Pablo Escobar, donde mito y realidad se entrelazan en la memoria colectiva.
Las fuertes lluvias del monzón que afectan a Pakistán han causado la muerte de al menos 393 personas desde el jueves pasado, informó la autoridad nacional de gestión de catástrofes (NDMA). De estos fallecimientos, 356 se registraron en la provincia montañosa de Jaiber Pastunjuá, en el noroeste, cerca de la frontera con Afganistán.
Desde el inicio de la temporada de monzones, el 26 de junio, un total de 706 personas han perdido la vida, mientras continúan las operaciones de rescate para localizar a víctimas sepultadas bajo barro y escombros.
Habitantes de las zonas afectadas relatan escenas devastadoras. Gul Hazir, del pueblo de Bar Dalori, describió cómo el agua de lluvia llegó desde dos frentes y arrasó con rocas y piedras sobre sus viviendas. Otros, como Saqib Ghani, buscan a familiares atrapados con palas, martillos y hasta con sus propias manos.
Las autoridades alertan sobre el riesgo de nuevas inundaciones y la necesidad de reforzar las labores de rescate y asistencia a los damnificados.
El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) estima que la reciente ola de calor que afectó a España del 3 al 18 de agosto dejó un total de 1,149 muertes, de acuerdo con su sistema de monitorización de mortalidad «MoMo».
El sistema analiza las variaciones diarias de la mortalidad general en comparación con lo esperado según series históricas, integrando factores externos como las temperaturas registradas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Aunque no puede establecer una relación causal absoluta, las cifras representan la mejor estimación de las muertes en las que la ola de calor pudo haber sido un factor determinante.
En julio, el mismo sistema había registrado unas 1,060 muertes atribuibles al calor, lo que representa un incremento de más del 50% respecto al mismo mes de 2024.
