Internacionales
FOTOS | La contundente reacción de la exesposa de Dani Alves al conocer la condena del futbolista por agresión sexual
En enero de 2023, Dani Alves, figura de la selección brasileña de fútbol y uno de los referentes de la generación dorada del FC Barcelona, fue detenido en Barcelona tras presentarse voluntariamente a una comisaría como respuesta a una acusación por presunto abuso sexual. Desde ese momento, quedó en el ojo de la tormenta y la justicia investigó el caso. Finalmente, y tras el juicio, este jueves el exfutbolista fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por agresión sexual a una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022. En este contexto, su exesposa, Joana Sanz, hizo una publicación en redes que no pasó inadvertida.
Lo cierto es que cuando estalló el escándalo, hace poco más de un año, las miradas también se posaron en el círculo íntimo del exdeportista, puntualmente en su esposa, Joana Sanz, con quien se casó en 2017. No obstante, todo cambió rotundamente cuando Alves fue detenido ante la denuncia en su contra. De a poco, la mujer empezó a mostrarse cada vez más lejos de su marido, al punto tal que eliminó de su cuenta de Instagram las imágenes de ellos dos juntos.
La modelo se mantiene activa en su cuenta de Instagram, donde tiene cerca de un millón de seguidores. Y lo cierto es que, a través de sus publicaciones, muchas veces reflejó sus sentimientos tras lo sucedido con quien, todavía en papeles, es su marido. En junio, por ejemplo, cuando celebró sus 31 años, compartió un reflexivo mensaje sobre su presente: “Aquí estoy, sanando heridas de cuchillo, reconstruyéndome a partir de las cenizas, empezando de nuevo”.
Pero ahora, luego de que se hiciera pública la noticia de que la justicia española condenó a la persona con la que se casó en 2017 a cuatro años y medio de cárcel por agresión sexual, ella se pronunció en las redes. Joana mostró la intimidad del backstage de una producción de fotos que está realizando. “Day 2 (Día 2)”, escribió en una Storie en la que mostró una pileta con un gran paisaje de fondo.
Acto seguido, compartió una selfie en la cual se la pudo ver recostada sobre un sillón mientras se preparaba para lo que parecía una producción. Por último, posteó una foto en blanco y negro del vaso de café que estaba bebiendo mientras la maquillaban, puesto que se pudieron advertir un set de brochas y distintos productos de maquillaje sobre la mesa.
De esta manera, la modelo española volvió a reafirmar lo distanciada que está de Dani Alves, puesto que, mientras se pronunciaba la condena, ella estaba lejos, enfocándose en sus propios compromisos.
El exdeportista de 40 años estaba en prisión preventiva desde enero de 2023 y en esa condición llegó al juicio oral que se inició hace dos semanas, en España. Este jueves se conoció la condena: cuatro años y medio de prisión, de la cual ya cumplió un año y un mes de preventiva. A su vez, cuando cumpla la reclusión, tendrá una libertad “vigilada” por otros cinco años. Al mismo tiempo, tiene prohibido acercarse a menos de un kilómetro a la víctima.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
