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CONMOCIÓN: Fisicoculturista desaparece por cuatro días y es encontrada muerta en la ribera de un río
La muerte de la fisicoculturista Leyla Sarahí Evans mantiene en vilo a todo Hondurasdespués de que se dieron a conocer detalles del brutal asesinato. La atleta de 30 años desapareció el jueves y la encontraron cuatro días más tarde decapitada entre matorrales.
Según informó el portal hondureño Tiempo, la mujer convivía con su esposo, quien estaba afuera de la ciudad, y con su pequeña hija de entre 5y 7 años. Medicina Forense del Ministerio Público trasladó el cadáver para continuar con las autopsias.
No se sabía nada de Evans desde este jueves, cuando desapareció de su casa ubicada en la colonia La Planeta de La Lima, en el departamento de Cortés. Finalmente, fue hallada en la colonia Rivera Hernández de San Pedro Sula por los habitantes del lugar, que rápidamente dieron aviso a la Policía al ver un cuerpo sin vida a orillas del río.
La fisicoculturista, que en 2016 fue campeona a nivel nacional, fue torturada y posteriormente decapitada. Sus asesinos también procedieron a cortarle el seno izquierdo. La policía detalló que la encontraron con las manos atadas y un trapo negro amarrando su cabeza. El cadáver estaba adentro de una bolsa.
Según informaron las fuerzas de seguridad, la corriente que se generó del rió Chamelecón pudo haber arrastrado a la deportista de un punto al otro, hasta quedar alojada allí. Cuando sus familiares se encontraron con el cuerpo, pudieron reconocerla por los tatuajes característicos que poseía, además de la ropa que llevaba puesta.
#HoyMismo Autoridades forenses realizan en estos momentos el levantamiento de la fisiculturista Leyla Sarahi Evans Gabarrete, encontrada muerta en el Rio Chamelecón en #SPS. pic.twitter.com/kNJzNUto3S
— Noticieros Hoy Mismo (@HoyMismoTSI) 12 de noviembre de 2018
Según informó el periódico El Proceso de Honduras, los familiares relataron que «ella fue sacada por la fuerza de su vivienda (…) por sujetos desconocidos que se la llevaron con rumbo incierto».
Leyla Sarahí Evans llevaba más de 10 años dentro de físicolcuturismo y, además de consagrarse campeona de Honduras, también trabajaba como instructora en los gimnasios de la zona.
Cuatro personas con «experiencia operativa» están involucradas en el doble asesinato de funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, confirmaron la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). El ataque fue planificado, aseguraron las autoridades.
La investigación apunta a que el tirador, captado en las cámaras de videovigilancia, esperó a que los servidores públicos Ximena Guzmán y José Muñoz estuvieran juntos para cometer el delito el 20 de mayo sobre la Calzada de Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez.
Una vez que las víctimas abordaron el vehículo con el que se disponían a realizar su jornada laboral, el agresor se colocó de frente y disparó con un arma de fuego contra ellas. Las heridas de bala en sus cráneos y tórax les causaron la muerte de inmediato.
Ocho casquillos calibre 9 mm fueron encontrados en la zona del ataque, y de acuerdo con la Fiscalía, el arma no está vinculada a otros delitos. Con apoyo de otras tres personas, el pistolero logró darse a la fuga en una motocicleta.
Además, los involucrados cambiaron de vehículo en dos ocasiones para abandonar el perímetro de la ciudad. Los números de serie fueron alterados y tienen reporte de robo, detalló la Fiscalía. «Los indicios confirman que el ataque fue directo, ejecutado con un alto grado de planeación y experiencia operativa», destacaron.
Sin embargo, las autoridades todavía no tienen una «hipótesis concluyente sobre el móvil del crimen ni sobre posibles autores intelectuales». Por ello, se mantienen abiertas «todas las líneas de investigación», explicaron.
«Puedo asegurarles que estamos agotando todos los recursos y las líneas de investigación para que estos hechos […] no queden impunes», detalló la fiscal general, Bertha Alcalde Luján. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada si incrementará sus medidas de seguridad en actos públicos ante estos crímenes.
«No, no tenemos pensado», respondió en su conferencia matutina de ayer. La mandataria también negó que haya recibido denuncias de amenazas de algún funcionario.
De enero a abril, en la Ciudad de México hubo 316 víctimas de homicidio doloso, detalla el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Rusia anunció el viernes que canjeó 270 militares y 120 civiles capturados con Ucrania, en un intercambio acordado con Kiev en las conversaciones de Estambul la semana pasada.
«270 militares rusos y 120 civiles (…) fueron devueltos. A cambio, fueron entregados 270 prisioneros de guerra del ejército ucraniano y 120 civiles», informó el Ministerio de Defensa ruso en Telegram.
Por otra parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, confirmó el viernes que su país repatrió a 390 personas en la primera fase de un intercambio de prisioneros a gran escala con Rusia, que durará varios días.
«La primera fase del acuerdo de intercambio ‘1.000 por 1.000’ concluyó» con la repatriación de «390 personas», declaró en X. «Esperamos que el intercambio continúe el sábado y el domingo», añadió Zelenski.
Se trata de la segunda condena contra el exfuncionario en ese país, luego de que en octubre pasado fuera sentenciado a 39 años de cárcel por proteger al cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos, tras un juicio en el que testificaron antiguos miembros del grupo criminal.
El nuevo fallo corresponde a una demanda civil que presentó México en septiembre de 2021 contra García Luna y su esposa Linda Cristina Pereyra, a quienes acusa de conformar una «red de corrupción y lavado de dinero» que abarcó decenas de contratos públicos. Las operaciones de blanqueo se ejecutaron en Estados Unidos.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), brazo antilavado del gobierno, dijo en un comunicado que «la sentencia equivale a tres veces la cantidad de dinero por la que el gobierno de México los demandó originalmente», conforme a la ley de Florida, donde se llevó el caso.
García Luna, de 56 años, fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno del presidente conservador Felipe Calderón (2006-2012).
El exfuncionario fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas. Vivía desde 2012 en Estados Unidos.
El gobierno mexicano ha dicho que un conglomerado empresarial familiar de García Luna obtuvo 30 contratos con varios organismos de seguridad pública, a partir de los cuales se extrajeron recursos por un monto de 745,9 millones de dólares.
En marzo de 2023, la UIF señaló que los fondos «fueron transferidos al extranjer» mediante la utilización de paraísos fiscales y la adquisición de bienes y otros activos en el estado de Florida.
