El Partido Nacional y el Partido Liberal alcanzaron un acuerdo entre partidos para iniciar el escrutinio especial de 2,794 actas del nivel presidencia en Honduras.

Los representantes de ambas fuerzas políticas tomaron la decisión tras una reunión celebrada en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).

El recuento comenzará este jueves a primera hora, según lo anunciado por los dirigentes partidarios.

Inicio inmediato del recuento de actas presidenciales
Como primer punto, los partidos acordaron respaldar el inicio inmediato del escrutinio de actas con inconsistencias.

Además, instaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) a examinar las reclamaciones presentadas sobre actas que muestran irregularidades.

El objetivo, según indicaron, es avanzar en el conteo de votos y reducir la incertidumbre electoral.

Solicitud a las Fuerzas Armadas de Honduras
En segundo lugar, el Partido Nacional y el Partido Liberal solicitaron a las Fuerzas Armadas de Honduras cumplir su deber constitucional.

Pidieron a los militares resguardar y vigilar las instalaciones del CNE, el material electoral y al personal.

La solicitud incluye la protección del Centro Logístico Electoral (CLE), ubicado en las instalaciones del INFOP.

Respaldo a consejeras electorales
Como tercer acuerdo, ambas fuerzas políticas reiteraron su respaldo a las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López.

Los partidos señalaron que ambas funcionarias son víctimas de persecución, en el contexto de la actual crisis postelectoral.

El pronunciamiento busca fortalecer el funcionamiento del órgano electoral durante el proceso de revisión.

Tensión política y electoral
El acuerdo entre el Partido Nacional y el Partido Liberal se produce en un momento de alta tensión política en Honduras.

En paralelo, aumenta la presión pública y política para destrabar el conteo de votos presidenciales.

Las decisiones anunciadas buscan dar certeza al proceso electoral y avanzar en la resolución del conflicto postelectoral.

El caudillo de la izquierda Manuel Zelaya anunció que la presidenta Xiomara Castro ofrecerá un nuevo cargo al general Roosevelt Hernández, quien deja este día la jefatura del Estado Mayor Conjunto. El militar se retirará formalmente de las Fuerzas Armadas a finales de mes.

Zelaya afirmó que la presidenta pidió a Hernández continuar vinculado a tareas de defensa. Indicó que el anuncio oficial del nuevo cargo se realizará en las próximas horas.

Hernández deja la jefatura militar tras declaraciones públicas de afinidad política con el partido Libre. Las Fuerzas Armadas mantienen, por mandato constitucional, un carácter apolítico.

Durante su gestión, Hernández expresó coincidencias con la izquierda gobernante. Sus declaraciones generaron cuestionamientos por el rol institucional de las Fuerzas Armadas.

El general concluye hoy sus funciones operativas. Su retiro del ejército está previsto para finales de diciembre.

Después, Zelaya y la candidata presidencial Rixi Moncada visitaron a simpatizantes de Libre en las inmediaciones de la base del Consejo Nacional Electoral (CNE). En ese punto permanecen colectivos que exigen la revisión de actas electorales.

Según lo observado en el lugar, los grupos mantienen una vigilia mientras avanza el proceso del Consejo Nacional Electoral.

Periodista hondureño denuncia amenazas del saliente jefe del ejército de Honduras, Roosevelt Hernández

Durante la visita, Zelaya y Moncada se reunieron con el alcalde capitalino Jorge Aldana. El edil participa en la vigilia y sostiene que defiende el voto tras denunciar irregularidades.

Las actividades se desarrollaron en un ambiente de concentración política y presencia constante de seguidores.

Zelaya y Moncada se despidieron de delegaciones llegadas desde distintos sectores del país. Los grupos acudieron a la Casa Presidencial tras una convocatoria del Ejecutivo.

En ese contexto, se reiteró que el Gobierno entregará el poder el 27 de enero de 2026, conforme al calendario constitucional.

Llamados a movilización y escenario electoral
Zelaya llamó a sus colectivos a mantener protestas en las calles. Los grupos permanecen en los alrededores del INFOP-CNE mientras el CNE continúa el proceso de conteo y revisión.

El escenario mantiene tensión política mientras se esperan definiciones oficiales del órgano electoral y el anuncio presidencial sobre el futuro cargo de Roosevelt Hernández.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva que designa el fentanilo como un arma de destrucción masiva, una medida que, afirmó, busca reforzar la respuesta del gobierno federal frente a la crisis provocada por esta droga sintética.

El anuncio lo hizo durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, en la que subrayó la gravedad del impacto en el país del fentanilo, al que responsabilizó de miles de muertes por sobredosis cada año y de alimentar redes criminales transnacionales.

“Con esta histórica orden ejecutiva que firmaré hoy, clasificamos formalmente el fentanilo como un arma de destrucción masiva, que es lo que es”, dijo.

La Casa Blanca, que compartió la información en sus redes sociales, afirmó que la medida desplegará todas las herramientas para combatir a los cárteles y las redes extranjeras “responsables de inundar comunidades con esta sustancia mortal”.

Indicó que es la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 45 años.

¿Qué dice la orden ejecutiva que declara el fentanilo como un arma de destrucción masiva?

La orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump establece que el fentanilo debe ser tratado como un arma de destrucción masiva debido a su alta letalidad y al impacto que ha tenido en la salud pública y la seguridad nacional de Estados Unidos.

El documento señala que apenas dos miligramos de esta sustancia, una cantidad casi imperceptible, pueden causar la muerte, y responsabiliza a las redes criminales organizadas de haber provocado la muerte de cientos de miles de personas por sobredosis.

Advierte además que la fabricación y distribución de fentanilo, así como de sus principales precursores químicos, financia a cárteles y organizaciones terroristas extranjeras, alimenta la violencia armada y representa una amenaza directa para la seguridad del país y sus fronteras.

También subraya el riesgo de que el fentanilo sea utilizado como arma en ataques terroristas de gran escala.

La orden instruye a varias agencias federales a reforzar la lucha contra esta droga.

Entre las medidas previstas figuran el inicio inmediato de investigaciones y procesamientos penales más severos por parte del Departamento de Justicia, el uso de sanciones financieras contra quienes participen o apoyen el tráfico de fentanilo, y la posible asignación de recursos del Departamento de Defensa para apoyar la aplicación de la ley.

Asimismo, se ordena actualizar los protocolos de respuesta de las Fuerzas Armadas ante incidentes químicos en territorio estadounidense para incluir la amenaza del fentanilo, y utilizar inteligencia relacionada con armas de destrucción masiva para identificar y desmantelar redes de contrabando.