Internacionales
Asesinó a su vecino luego de enterarse que había abusado de su hijo y de otros niños
La sociedad de Reino Unido se ha sacudido con la historia de una mujer de 38 años llamada Sarah Sands, quien se declaró culpable de haber asesinado a su vecino, un hombre de la tercera edad llamado Michael Pleasted, tras enterarse que había abusado sexualmente de uno de sus hijos y de otros menores de edad.
De acuerdo a la información proporcionada por The Sun, Sarah, quien es madre de 5 hijos, se volvió noticia esta semana en su país, ya que su caso data de 2015, cuando un tribunal la encontró culpable del delito de homicidio involuntario en contra de Pleasted, en ese entonces de 77 años, sentenciándola a 3 años y medio en prisión; sin embargo, esta semana un tribunal de apelaciones decidió extenderle la condena por 4 años más.
Desde su primera declaración hasta este momento, Sands asegura no arrepentirse de haber acabado con la vida de Pleasted, quien por cierto, tenía un largo historial relacionado con la pedofilia y llegó a su barrio ocultando su verdadera identidad, convirtiéndose su hijo menor, Bradley, en una de sus víctimas.
“Hice lo que haría cualquier madre porque le hizo esto a mi hijo Bradley, mi pequeño. Nunca soñé que sería capaz. No me enorgullezco de eso, pero al menos sé que no puede lastimar a nadie más”, dijo la mujer, quien actualmente sigue cumpliendo la condena, aunque fuera de la cárcel.
“No soy una mala persona, pero sé que hice algo malo. Nunca lo he negado y me han castigado. Nunca volvería a matar. No me veo a mí mismo como un asesino. Pero no me arrepiento de lo que hice. Era una madre desesperada por proteger a mis hijos”, agregó.
Además, el medio citado anteriormente reveló que la mujer había pedido ayuda a la policía al descubrir la verdadera identidad de su vecino; sin embargo, fue ignorada por ellos, al igual que por la gente de los servicios sociales o las autoridades de vivienda.
La pesadilla para Sarah y su familia comenzó cuando Pleasted, quien era conocido en el barrio como Mick, comenzó a ser muy cercano a ella y a sus hijos, ganándose por completo su confianza. De hecho, el hombre le ofreció trabajo a su hijo menor, Bradley, en ese entonces de 12 años, en una tienda en donde él también laboraba.
Tanto la madre como el niño aceptaron la oferta pero a las pocas semanas, Sarah notó que su hijo actuaba de forma extraña y dejó de ir a trabajar. Finalmente, se enteró que Mick había sido acusado de abusar de 2 menores.
“Conocía a los chicos. No dudé una palabra de lo que dijeron. Fue horrible. Tenían 12 años, muy jóvenes. Bradley dijo que no le había pasado nada, pero que tuvo que dar una declaración en video a la policía porque había trabajado con Mick”, agregó.
Pero ella y su familia vivieron una pesadilla cuando las autoridades dieron al hombre libertad bajo fianza luego de que este se declarara inocente. Sarah decidió mudarse y fue entonces cuando Bradley le confesó que él había sido otra de las víctimas del hombre, el cual había abusado de él, tanto en la tienda donde trabajaban como en su casa.
“Me sentí enferma y con el corazón roto… Recuerdo que tomé un cuchillo y fui a casa de Mick. Quería persuadirlo de que se declarara culpable para que Bradley no tuviera que testificar. Mick abrió la puerta y sonrió. Era arrogante y brusco. Él no me escuchaba, estaba frio. Un hombre diferente al que había sido mi amigable vecino… Lo golpeé en la frente con el cuchillo y él me agarró. Perdí el control. No podía dejar que nadie más saliera lastimado, alguien tenía que proteger a la gente”, afirmó la madre.
Fue así como Sands acabó con la vida de su vecino, quien en realidad se llamaba Robin Moult y el cual era perseguido por autoridades internacionales tras haber cometido varios delitos sexuales contra menores de edad entre 1971 y 1990.
Internacionales
¿Quién es el acusado del mayor robo de joyas en EE.UU. que quedó en libertad tras ser deportado a Ecuador?
Un hombre acusado de participar en lo que las autoridades calificaron como el mayor robo de joyas en la historia de Estados Unidos, con un botín estimado en USD 100 millones, quedó en libertad luego de ser deportado a Ecuador, una decisión que dejó en suspenso el proceso judicial en su contra.
Se trata de Jeson Nelon Prescilla Flores, uno de los siete sospechosos señalados por el asalto a un camión blindado de la empresa Brinks ocurrido en julio de 2022.
De acuerdo con la acusación, el vehículo transportaba oro, diamantes, piedras preciosas y relojes de lujo cuando fue interceptado a plena luz del día.
La banda habría seguido el camión durante más de 480 kilómetros, desde el norte de California hasta una parada al norte de Los Ángeles, antes de ejecutar el robo.
Según reportó el diario Los Angeles Times, la mayor parte de la mercancía robada aún no ha sido recuperada.
Sin embargo, Prescilla Flores fue liberado bajo fianza en agosto y poco después quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En un giro inesperado, el imputado optó por la deportación a finales de diciembre, mientras aún estaba detenido por ICE, lo que paralizó en la práctica el caso penal.
En una moción presentada el 15 de enero, la defensa sostuvo que “el Gobierno decidió renunciar a la persecución penal” al permitir la expulsión del acusado del país.
No obstante, los fiscales aseguran que no fueron informados de la deportación mientras el proceso seguía abierto y argumentaron que el caso no debería extinguirse simplemente porque el acusado haya salido del territorio estadounidense.
Los joyeros afectados expresaron su indignación. “Cuando un acusado en un importante caso federal de robo abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas, sin un veredicto y sin cierre”, afirmó Jerry Kroll, abogado de algunas de las empresas joyeras, citado por el Los Angeles Times.
“Para nuestros clientes —joyeros que perdieron el trabajo de toda su vida— este desenlace deja al descubierto una falla del sistema que merece transparencia. Tienen derecho a respuestas claras sobre cómo ocurrió esto y sobre si existen salvaguardas para evitar que vuelva a suceder”, agregó.
Prescilla Flores, quien se había declarado no culpable, se enfrentaba a hasta 15 años de prisión por conspiración. Por su parte, las autoridades indicaron que podría volver a ser acusado si regresa a Estados Unidos.
Mientras tanto, la coordinación entre agencias federales quedó bajo cuestionamiento y el paradero de gran parte del botín continúa siendo un misterio.
Internacionales
Hallados todos los cadáveres de los 10 pasajeros de avioneta accidentada en Indonesia
Los equipos de rescate completaron este viernes el hallazgo de los restos mortales de los 10 pasajeros que iban en una avioneta que se estrelló contra una montaña en Indonesia el fin de semana, informó un funcionario local.
El avión turbohélice de Indonesian Air Transport, fletado por el Ministerio de Pesca indonesio, transportaba a siete tripulantes y tres funcionarios cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo el sábado.
A principios de esta semana se recuperaron ocho cadáveres, mientras los equipos de rescate peinaban las empinadas laderas de la montaña, con sus esfuerzos dificultados por el difícil terreno y las malas condiciones meteorológicas.
Los cuerpos de las dos personas que seguían desaparecidas fueron encontrados este viernes y serán recuperados, informó el responsable local de rescate, Andi Sultan.
La caja negra del avión fue localizada el miércoles y podría arrojar luz sobre las causas del accidente, ocurrido poco antes de que el avión aterrizara en la ciudad de Makassar, según la agencia local de búsqueda y rescate.
Los restos del avión, incluyendo el fuselaje, partes de la cola y las ventanas, fueron encontrados el domingo cerca de la cima de la montaña.
Indonesia, un extenso archipiélago en el sudeste asiático, depende del transporte aéreo para comunicar sus islas.
El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin supervivientes.
Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.
Un grupo de defensa de derechos humanos radicado en Estados Unidos anunció este viernes que pudo confirmar que más de 5,000 personas murieron durante las recientes protestas en Irán, y que en su gran mayoría se trata de civiles abatidos por las fuerzas de seguridad.
Oenegés que monitorean el balance dejado por la represión de las mayores manifestaciones organizadas en Irán en años indicaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, y advirtieron que el saldo real probablemente sea mucho más elevado.
La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, anunció este viernes que había confirmado la muerte de 5.002 personas, incluidas 4,714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.
Sin embargo, el grupo agregó que todavía está investigando otros 9,787 posibles decesos.
Al menos 26.852 personas fueron detenidas, según la misma organización, cuyo balance supera al único que han dado hasta la fecha las autoridades iraníes, de 3,117 muertos.
El organismo que comunicó ese balance el miércoles es la fundación iraní de mártires y veteranos, que distingue entre «mártires» —miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes— y «alborotadores» respaldados por Estados Unidos. De las 3.117 personas muertas, según la fundación, 2,427 eran «mártires».
Al divulgar su propio balance, HRANA señaló que las autoridades iraníes «intentaron apuntalar el relato oficial del gobierno respecto a las matanzas».
Otra oenegé, Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, afirmó haber documentado la muerte de al menos 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que el saldo final podría rondar los 25.000 decesos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevas acciones militares contra Teherán en respuesta a la represión, advirtiendo en particular sobre consecuencias en caso de ejecución de manifestantes.
La Casa Blanca indicó el 15 de enero que «800 ejecuciones que estaban programadas y debían realizarse» el 14 de enero «fueron suspendidas» tras las presiones de Washington.
Sin embargo, el fiscal general de Irán, Mohamad Movahedi, calificó esa afirmación de «completamente falsa».
«El irracional y arrogante presidente estadounidense (…) afirmó que impidió la ejecución de 800 personas en Irán. Esa afirmación es completamente falsa: no existe tal cifra, ni el poder judicial ha tomado una decisión en ese sentido», declaró, citado por el sitio web del poder judicial Mizan.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el viernes a las autoridades iraníes a poner fin a su «represión brutal», en particular «a los juicios sumarios y a las penas desproporcionadas».
