Internacionales
Anciano le pagó a mujer para que se grabara abusando de su hijo de 8 años
Un juez en Indiana dobló la fianza a un anciano acusado de pagarle a una mujer de Iowa para que le suministrara fotos y videos mientras esta violaba a su hijo de 8 años.
El martes de la semana pasada, la jueza Mary DeBoer ordenó el pago en efectivo de $5,000 por la libertad provisional de Henry Winchip Sr., de 76 años.
En caso de que se cumpla con la suma, el acusado deberá permanecer bajo vigilancia con un dispositivo de rastreo GPS y no puede acceder al internet durante el tiempo que se extienda el caso.
El sujeto enfrenta cargos de explotación infantil y posesión de pornografía infantil.
Inicialmente, la audiencia se realizaba mediante videollamada, pero Winchip Sr. se quejó de que no escuchaba a la jueza y fue trasladado a la Corte.
Winchip, que llegó en una silla de ruedas, le indicó a DeBoer que no tenía dinero para contratar a un abogado y solicitó la representación de un defensor público. Tras cuestionar al acusado sobre sus ingresos, DeBoer denegó el pedido de asistencia legal.
El acusado se declaró no culpable de los cargos en su contra y la jueza le prohibió contacto con el menor víctima de las alegadas agresiones sexuales.
Una audiencia de seguimiento fue pautada para el 12 de octubre.
La madre del niño, Jessica Peters, de 33 años, permanece detenida en la prisión del condado Muscatine, en Iowa, bajo cargos de incesto, abuso sexual en segundo grado y explotación sexual de un menor.
El caso salió a la luz el 12 de agosto cuando el padre del niño denunció ante la policía de Muscatine, haber encontrado videos en su celular en los que aparecía la mujer en actos sexuales con uno de sus hijos.
Según la versión del menor a investigadores, su padre lo habría forzado a participar de los videos, y que, algunas veces, aguantaba el teléfono mientras se hacían las grabaciones.
Cuando estaba solo con la madre, ella misma grababa las imágenes prohibidas.
La víctima además indicó que los videos fueron tomados en el apartamento familiar y en un hotel donde vivían en Muscatine.
El progenitor no ha sido acusado por los hechos.
La comisión de investigación del accidente ferroviario que dejó 45 muertos en el sur de España el pasado domingo cree que existe la posibilidad de que un carril presentara una fractura a la altura de una soldadura, reveló un informe publicado este viernes.
La hipótesis proviene del hecho de que las ruedas de varios trenes de alta velocidad que pasaron por la estación de Adamuz justo antes del descarrilamiento inicial que desató la tragedia presentaban «muescas».
«Estas muescas en las ruedas y la deformación observada en el carril son compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado», afirmó la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios), dependiente del Ministerio de Transportes.
«De acuerdo con la información disponible en este momento, se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y, por lo tanto, al descarrilamiento», añadió la CIAF. Esta fractura estaría a la altura de «una soldadura».
Se trata de una «hipótesis de trabajo» que deberá ser «corroborada por cálculos y análisis detallados posteriores», concluyó.
Las muescas en las ruedas del costado derecho se observaron en tres trenes que pasaron por Adamuz antes de que lo hiciera el de la compañía italiana Iryo cuyos últimos vagones descarrilaron justo cuando venía otro tren en dirección contraria que no pudo evitarlos y descarriló también.
Ambos trenes, que transportaban a un total de 480 personas, iban a una velocidad por encima de los 200 km/h, dentro de lo establecido para ese tramo, y se ha descartado un error humano de los maquinistas.
El actual gobierno se ha trazado la misión de erigir dos prisiones que aporten a la lucha contra las peligrosas pandillas.
Uno de los dos primeros penales de alta seguridad que se construirán en Guatemala está previsto que sea edificado en un plazo menor a un año y entregado durante 2026, según declaraciones del presidente Bernardo Arévalo. Para lograr tal objetivo se ha destinado que sea el Cuerpo de Ingenieros del Ejército el encargado de su construcción. Esto ayudaría a que se entregue en un plazo más corto que si se somete a una licitación.
La primera prisión será edificada en Izabal (al nororiente del país). Se estima que la obra tenga una inversión de 1 mil 400 millones de quetzales, aproximadamente 182 millones de dólares estadounidenses. Su financiación estaba prevista en el Presupuesto General de la Nación 2026, pero debido a la suspensión provisional de la Corte de Constitucionalidad, al admitir diversos amparos por vicios formales en su aprobación, Arévalo comunicó que someterán a una ampliación el presupuesto actual.
La segunda cárcel estará en Masagua, y se hará por licitación, con fecha prevista de ejecución en 2027 y financiada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La división especializada de las Fuerzas Armadas de Guatemala trabaja en la revisión de planos, con la asesoría de expertos en prisiones del gobierno de Estados Unidos, informó el mandatario.
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala tiene dos batallones: de Ingenieros de Construcción (BIC) y de Ingenieros de Combate (Zapadores). Entra las actividades que realizan están: mantenimiento vial, topografía, construcción, apoyo logístico, manejo de explosivos, instalación de puentes de emergencia, demolición de material pétreo y de pistas clandestinas.
El ministro de la Defensa de Guatemala, Henry Sáenz, ha asegurado que la división cuenta con el equipo humano y maquinaria necesaria para materializar este recinto penitenciario. En abril pasado, Prensa Libre publicó que Defensa autorizó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército un presupuesto de 147 millones 940 mil quetzales, unos 18 millones de dólares estadounidenses, en la adquisición de: 24 camiones de volteo, 16 pick-ups, 12 excavadoras, 12 retroexcavadoras, 12 motoniveladoras, 12 compactadoras, y 12 camiones cisterna, entre otros.
Una explosión en un laboratorio de cocaína dejó nueve muertos y ocho heridos en el Pacífico colombiano, en una zona cercana a la frontera con Ecuador, informó el gobierno regional.
Según las primeras investigaciones, un cilindro de gas explotó mientras cocinaban la droga en el territorio indígena awá, a unos 60 km del municipio de Tumaco, departamento de Nariño (suroeste), zona de producción de cocaína y con fuerte presencia de grupos armados ilegales.
El laboratorio artesanal «no es legal», «pero siempre se deben respetar los derechos humanos y a la vida», dijo Fredy Andrés Gámez, secretario del gobierno regional de Nariño.
Los sobrevivientes presentan severas quemaduras.
Las víctimas trabajaban para una disidencia de la extinta guerrilla de las FARC, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que no se acogió al Acuerdo de Paz de 2016 y que dialoga con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro.
«Por fallas humanas y al manipular unos cilindros de gas (…) el lugar se incendió en cuestión de segundos», escribió el grupo ilegal en un comunicado.
El departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, ha sido por décadas crucial en la producción de coca y en el tráfico de la droga hacia Estados Unidos.
Allí los grupos dedicados al narcotráfico ejercen un fuerte control con el apoyo de los carteles mexicanos.
«¿Qué hacía un laboratorio de cocaína en una zona de paz?», reclamó este viernes el presidente Petro desde Tumaco, en un discurso contra los cultivos ilícitos.
El presidente de Ecuador, el conservador Daniel Noboa, inició el miércoles una guerra comercial con Colombia con un arancel del 30% tras acusar al gobierno de Petro de no hacer suficiente contra el narcotráfico en la frontera común.
Petro aplicó la misma tarifa al país vecino y defendió su lucha contra los grupos ilegales.
Tras un año de acusaciones similares por parte de Estados Unidos, el presidente colombiano viajará a Washington y se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el 3 de febrero para hablar sobre cómo combatir al narcotráfico conjuntamente.
